Empresarios y CAF proponen crear ley de APP

Empresarios  y CAF proponen crear ley de APP

Panamá  ocupa el puesto 14 entre 19 países evaluados

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La creación de una ley que regule  las Asociaciones Público-Privadas (APP) solicitaron  el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y empresarios panameños, como alternativa a los mecanismos que tradicionalmente utiliza el Estado para la ejecución de obras o la prestación de servicios públicos.

En el ranking del observatorio   de APP, Panamá ocupa el puesto 14 entre 19 países,  lo  que lo ubica como un país con un enorme espacio para trabajar.

Las APP son contratos entre el sector público y el sector privado a través del cual se construyen, financian, operan y mantienen infraestructuras o  se prestan servicios. Pueden utilizarse en una amplia gama de proyectos de inversión social y económica, pero se han utilizado principalmente en la construcción  de carreteras, proyectos de energía, telecomunicaciones, hospitales, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de aguas y puertos.

En el esquema de APP, el sector privado financia el proyecto teniendo como fuente de pago un contrato multianual de prestación de servicios con el Gobierno. El sector  privado asume algunos riesgos como la construcción del proyecto, el presupuesto y el tiempo de ejecución.

En los esquemas tradicionales, el Estado es responsable de la operación del proyecto. En el esquema de APP, el sector privado opera el proyecto manteniendo los estándares de calidad y precios acordados.

El principio en el que se basa este tipo de proyectos es que el sector privado contribuye con una mejor capacidad gerencial y de innovación tecnológica, lo que resulta en una mayor eficiencia y  en servicios de mejor calidad y a menor costo.

Falta legislación

Lucia Meza, directora de proyectos Región Norte del CAF, dijo que hay que trabajar en un marco legal, si Panamá quiere  atraer a los mejores inversionistas, ya que esto es clave para la inversión extranjera.

Henry Kardonski, director de London & Regional de Panamá,  destacó  que CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen una larga experiencia en este tema y podrían asesorar a Panamá en la confección de una ley que regule la APP en el país.

Temor a privatización

No obstante, el tema es álgido, en el gobierno de Ricardo Martinelli se presentó a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley para crear el régimen de APP, que incluía en su ámbito de aplicación la parte social, vinculada con los sistemas de salud y educación, lo que llevó a los gremios médicos a decretar una huelga, que surtió efecto y finalmente la iniciativa legislativa  fue retirada.

Los  médicos advertían que el Gobierno podría privatizar varios servicios públicos, mientras que las autoridades aseguraban que la normativa buscaba que el sector privado ofreciera servicios en áreas que están a cargo del Estado, para generar ahorro público y ganar en eficiencia.

La desconfianza persiste en la población que vivió el proceso de privatización de empresas estatales,  no obstante la directora de proyectos de la Región Norte de CAF explicó que la participación privada en la construcción de infraestructuras no significa privatizar, porque no se incluye la propiedad sobre el activo, que al final regresa al Estado después de varios años (20 años por lo general).

Para Fernando Aramburú Porras, miembro de  la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede),  Panamá debe dejar su temor a las APP y fijarse en Chile, donde el 50% de las inversiones son públicas- privadas, por eso está de número uno en todos índices de América Latina.

Panamá Pacifico

Panamá Pacífico, un complejo de uso mixto situado en la antigua base militar  de Howard, es reconocido como la más importante APP de Panamá y la séptima más destacada de América Latina.

Panamá Pacífico es  administrada y desarrollada por London & Regional Panamá en conjunto con la estatal Agencia Panamá- Pacifico.

London & Regional Panamá está encargada de desarrollar este complejo    en un plazo de 40 años. El proyecto empezó a desarrollarse en 2007 a un costo de $450 millones en su primera fase.

Orlando Rivera
Orriver22@hotmail.com

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