Empresas podrían ser sancionadas por incumplimiento de la Ley antiblanqueo de capitales

Empresas podrían ser sancionadas por incumplimiento de la Ley antiblanqueo de capitales
Los diferentes organismos de supervisión y regulación han emitido las guías y directrices para la aplicación de las normas legales| Archivo

En abril de 2015 se aprobó la Ley 23, la cual dicta las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones en la República de Panamá. 

La Ley 23 de 2015 es el marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión y los sujetos obligados, establezcan:

Las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los controles apropiados para su mitigación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país.

Las medidas para facilitar la cooperación internacional, ¿a qué sectores aplica esta Ley?

Sujetos obligados financieros: Sectores de la economía supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.  Dentro de estos se encuentran bancos, compañías fiduciarias, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero o leasing, empresas de factoring, entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico, emisores o procesadores de tarjetas de debido, crédito y pre pagadas, casas de valores, administradores de fondos de inversión, administradoras de fondos de pensiones y cesantía, sociedades de inversión, asesores de inversión, compañías de seguros y reaseguros, corredores de seguros, cooperativas de ahorro y crédito, entre otros.

Sujetos obligados no financieros: Sectores de la economía supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dentro de estos se encuentran las empresas de Zona Libre de Colón (ZLC),  las Zonas Francas, las empresas que operan en el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, las empresas promotoras, los agentes inmobiliarios, las constructoras, las empresas dedicadas a la compra y venta de autos, nuevos y usados, entre otros.

Actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión: Sectores de la economía como abogados, contadores públicos autorizados y notarios, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente actividades como compraventa de inmuebles, administración de dinero, valores bursátiles u otros activos, administración de cuentas bancarias, creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, entre otros.

Obligaciones
Las principales obligaciones de la Ley 23 de 2015, las cuales deberán cumplir los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, son las siguientes:

Designar a una persona que sirva como enlace con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el respectivo organismo de supervisión para fines de la aplicación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidas en la Ley.

Diseñar políticas y procedimientos, que permitan el conocimiento razonable del cliente, la identificación del beneficiario final y la comprensión de la naturaleza comercial o transaccional del cliente.

Diseñar y establecer controles para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en riesgo.

Establecer políticas de conocimiento de los empleados.

Diseñar un programa de capacitaciones para los empleados que les permita estar actualizados sobre las diferentes tipologías, casos y regulaciones de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Realizar reportes de Transacciones en Efectivo y Reportes de Operaciones Sospechosas a la UAF dentro del período que los reglamentos establezcan.

Proceder con el Congelamiento Preventivo una vez recibidas las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resguardar y actualizar la información de la debida diligencia aplicada a los clientes.

Los diferentes organismos de supervisión y regulación han emitido las guías y directrices para la correcta y efectiva aplicación de las normas legales y los mecanismos de prevención y control del riesgo del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para cada sector.

A la fecha, hay más de 150 empresas en proceso de ser sancionadas por el incumplimiento de esta ley. No cumplir con las medidas que establece la ley acarrea para la empresa multas que pueden llegar hasta $1,000,000.00.

Lorena Rodríguez
Gerente de Panama
Compliance Services Inc.
info@panamacompliance.com
CPAML

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