En tres años se debe pagar deuda de servicios amparados por moratoria

En tres años se debe pagar deuda de servicios amparados por moratoria
Los sectores afectados por la pandemia pueden acogerse a la medida que permite suspender el pago de servicios como la energía eléctrica| Archivo

El pago de los servicios públicos amparados en la Ley 152 se reanudará una vez venza el plazo de cuatro meses, y la deuda acumulada por quienes decidieron acogerse al beneficio, será prorrateado para ser cancelada en un término de tres años.

Esta disposición está contenida en el artículo 3 de la Ley 152 del 4 de mayo de 2020, aprobada por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, “que adopta medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos y otras medidas, en atención al estado de emergencia nacional”.

Cabe recordar que la ley suspende por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2020, a nivel nacional, el pago de la energía eléctrica, la telefonía fija y móvil y el internet.

Se indica en la Ley 52 que las medidas de suspensión no generarán ningún tipo de interés ni afectarán el historial crediticio.

El artículo 5 establece las condiciones que permitirán recibir el beneficio. Son las siguientes:

-Que el ingreso familiar percibido sea menor a $2,000 mensuales.

-Que el ingreso familiar haya sido reducido.

-Que a la persona se le haya suspendido su contrato laboral.

-Que la persona haya sido destituida o no esté laborando por la declaración de urgencia nacional.

Jubilados y pensionados.

Al respecto, el artículo 6 detalla que la medida busca amparar a quienes tengan “terminación o suspensión de su relación laboral, inclusive aquellos casos en los que se ha modificado el contrato de trabajo, con reducción de la jornada laboral”.

De igual modo, podrán solicitar el alivio en sus pagos de servicios públicos, los trabajadores por cuenta propia, las micro y pequeñas empresas, afectadas por la pandemia.

También pueden se amparados por la moratoria, dueños de restaurantes, bares, casinos “así como de medios de transporte de servicio público y privado, que hayan sido afectados en sus ingresos”.

El artículo 7 recuerda que el Estado asumirá el pago de un bono solidario de cada trabajador afectado por la suspensión de su contrato, a causa del cierre temporal de un comercio por razones asociadas a la pandemia.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

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