Estado vs. corrupción: Una batalla de todos

Estado vs. corrupción: Una batalla de todos

Corruption

La lucha contra la corrupción de los gobernantes y los funcionarios públicos ha devenido en deber ineludible para cualquier administración gubernamental que, en forma real, pretenda llevar a buen término su mandato de gobernar y administrar la hacienda pública, en beneficio de sus ciudadanos, con transparencia y efectividad. No sólo por lo que significa dicha conducta criminal, sino por todo lo que conlleva como mensaje negativo y desalentador, para las fuerzas sociales y productivas del país, el no hacer esta tarea.

Y por supuesto, que queremos ponderar como positivas para el país las acciones que adelanta el Ministerio Público contra una serie de ex funcionarios de alto perfil de la administración Martinelli, no solo porque se está persiguiendo a quienes presuntamente se apropiaron ilícitamente de fondos públicos y a los empresarios que supuestamente participaron en ese proceso, sino también porque manda un mensaje claro a quienes hoy están en la administración del Estado.

La corrupción desde las esferas administrativas y desde los centros de poder político, económico y social de un país es, quizás, la fuerza más devastadora que pueda actuar contra el presente y el futuro de las sociedades modernas. Su poder para erosionar y, a la vez, para crearle estímulos a la devastación y al despilfarro de las riquezas sociales y productivas de cualquier sociedad organizada no tiene parangón.     

El ciudadano común no comprende esto, porque piensa que se trata de hechos aislados y no le encuentran relación con su vida cotidiana, pero al entender que cuando el Estado paga un producto o una obra con sobre precio, impulsa los precios de esos bienes al alza para todos los que deben adquirirlo, generando inflación, entonces caen en la cuenta de que les afecta, y mucho. Cuando entienden que una obra con sobre costos, o coima incluida, implica menos recursos para ejecutar otros proyectos, también comprenden que la corrupción si nos afecta a todos.

Otro elemento importante que los ciudadanos deben tener presente, es que cuando se dilapidan los recursos del Estado en actos de corrupción, siempre se tiende a pensar que el país tiene recursos insuficientes y que es necesario incrementar los impuestos para mejorar la situación y poder responder a las demandas sociales de la población, encareciendo la vida de las sociedades y el costo de todas las operaciones que se realizan en el mercado.

En ambos casos son los pobres los que más pierden, primero porque la corrupción desvía fondos públicos que deben destinarse a resolver los problemas de transporte, educación, salud e infraestructura (agua potable y energía) para que sus hijos tengan las mismas oportunidades que el resto de la población al bolsillo de funcionarios y empresarios corruptos, a lo que se agrega el encarecimiento del costo de vida y el aumento de las tasas impositivas aplicadas al consumo.

Un magistrado que utiliza para su propio beneficio todo o parte del poder que le ha sido conferido por la sociedad para que  imparta justicia y decida sobre las controversias civiles, laborales, administrativas, comerciales o penales entre los ciudadanos es peor que el delincuente que atraca a ciudadanos inermes en calles desoladas o que siembra la inseguridad y el desasosiego en las comunidades del país.    

La acción del magistrado y  de quienes se asocian con él, para obtener ventajas y beneficios a la sombra de su poder espurio, es mucho más nociva que la de la delincuencia ordinaria porque crea la  inseguridad en todo el tejido social, desalienta a la inversión nacional e internacional y a los que honradamente trabajan en el circuito económico legal, respetando las reglas del juego, y estimula a los que comparten sus antivalores a reproducir a escala nacional su acción depredadora y destructiva.

Lo mismo ocurre cuando un presidente, un ministro de Estado, un embajador o cónsul, un director de entidad autónoma, un alcalde, el gobernador, el diputado o el representante de corregimiento actúan como hombres de negocios, por su cuenta propia o en asocio y contubernio con particulares, para enriquecerse con los fondos públicos.

El delito que se comete a la sombra del poder, con todos los herrajes y las ventajas que proporciona el ser un funcionario con mando y jurisdicción; ese delito que llaman de cuello blanco y para el cual se han creado ventajas y blindajes que hacen difícil, sino imposible su investigación y castigo, está a la baja a nivel mundial.

La tendencia mundial es la de combatirlo y perseguirlo internacionalmente, haciendo imposible que él o los delincuentes puedan ocultar los bienes mal habidos o encontrar en otro país santuario para evadir al brazo de la Ley. Las acciones que se llevan a cabo deben culminar con el castigo ejemplar y desestimulante para todos los que resulten culpables de esos crímenes.

No hay futuro posible para ningún país que se  acostumbre a convivir con el delito de sus gobernantes y la corrupción, abierta o solapada, de los sectores más  poderosos y privilegiados de su economía. Ese país, de existir, trabaja para su propia destrucción y muerte.

Además, hay que promover la ética en los negocios, porque nuestros empresarios deben comprender que la corrupción atenta contra la libre empresa, al violentar las leyes de libre oferta y demanda, generando una competencia desleal, porque quienes compiten por una licitación amañada, lo hacen contando con  información que sus competidores desconocen y las ganan a pesar de que en muchas ocasiones los precios ofertados superan significativamente los imperantes en el mercado para esos mismos bienes o servicios. 

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