Evitando los pasos de la Fifa (II)

Evitando los pasos de la Fifa (II)

7 BALON PLACED

Entre los individuos procesados en el caso de la Fifa, hay cuatro ejecutivos de marketing del deporte localizados en Norteamérica y Suramérica, y un Director periodístico, acusado de servir como intermediario entre los funcionarios de la Fifa y los ejecutivos de marketing. Los medios y las comunicaciones en los eventos globales tales como el Mundial y las Olimpiadas, es un negocio que implica una gran oportunidad y también un riesgo tanto para organizaciones como la Fifa y el COI, y las compañías que proporcionan esos servicios. Por ejemplo, en mayo de 2014, una compañía de medios global firmó un acuerdo por $7.750 millones con el COI para asegurar los derechos de difusión de las Olimpiadas en EE.UU. hasta el año 2032. Este acuerdo extendió su ya existente pacto de $4.400 millones para asegurar los derechos de transmisión en EE.UU. hasta el 2020, el cual había sido hecho en el 2011.

Construcción

Desafortunadamente, mientras que Brasil amplía su infraestructura para apoyar eventos como las Olimpiadas, le mostró al mundo qué tan vulnerable es el sector de la construcción en temas de corrupción. A pesar del trabajo realizado para preparar a Rio de Janeiro para la Copa del Mundo, aún se necesitaba más infraestructura. Según el sitio Web Rio 2016, el 13%, o casi 1.000 millones de reales del presupuesto del costo total, se dedican en su mayoría a los proyectos de la infraestructura. El presupuesto total inicialmente en el 2009 era de 4.900 millones de reales, pero fue ajustado en 2013 a 5.500 millones de reales debido a la inflación; y de nuevo en el 2015, a 7.400 millones de reales (más de $2.100 millones) debido a la inflación posterior. La inclusión de cuatro nuevos deportes después del lanzamiento, las nuevas tecnologías, la seguridad de los Juegos, el crecimiento por encima de la inflación de los sueldos promedio, los costos del uso de la Villa Olímpica y el tipo de cambio de moneda, contribuyeron a este ajuste.

Además, este presupuesto puede aumentar de nuevo las preocupaciones recientes acerca de la calidad del agua en muchas de las sedes acuáticas del evento, sin embargo, aún no es claro cómo será manejado este tema. El presupuesto de la Villa Olímpica en el 2009 incluyó la promesa de limpiar el 80% de la bahía de Guanabara, el sitio para los eventos de navegación y de windsurf. Actualmente, los esfuerzos continúan en menos del 50% de su meta y los funcionarios indican que no estarán listos para el momento en que se encienda la antorcha olímpica. Muchas de las sedes olímpicas también se están construyendo a través de Sociedades Público Privadas (PPPs) (Por su sigla en inglés, N. del T), que disminuyen el costo total para la ciudad. Una vez que los juegos hayan terminado, las empresas privadas podrán utilizar estos sitios para su beneficio. Sin embargo, como en cualquier parte del mundo, los proyectos PPP en Brasil se enfrentan continuamente con problemas y con dolores de cabeza cada vez mayores, incluyendo consideraciones financieras, falta de garantías en el marco jurídico y mecanismos, además de regulaciones e interacciones públicas apropiadas, y responsabilidad social. La construcción relacionada directamente con los juegos, incluyendo las áreas específicas para la competencia, para el espectador y la Villa Olímpica, no es la única construcción que se está haciendo en Río con objeto del evento. El desarrollo y la actualización de la infraestructura del transporte en toda la ciudad y la aseguración de suficientes instalaciones de alojamiento y hospedaje para absorber la afluencia de competidores y de espectadores en la ciudad, se presentan como preocupaciones considerables en este contexto; innumerables actores públicos y privados, tienen un interés. Un Nuevo Nivel de Escrutinio El Contexto Legal Brasil ha sido recientemente el centro de numerosos escándalos de corrupción que han sido investigados por las instituciones legales brasileras, por el Ministerio de Justicia de EE.UU. (DOJ) y por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). Como consecuencia del escándalo de Petrobras Lava Jato y del escándalo de la Fifa, las autoridades reguladoras de todo el mundo se centran cada vez más en la investigación y presentación de cargos contra presuntos delincuentes corporativos e individuos.

Los actores

Brasil ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad nacional importante. Encabezado por el Ministerio Público de Brasil (servicio público del procesamiento) y una autoridad fiscal independiente, se han llevado a cabo varios procesos relevantes que llaman la atención sobre la lucha de este país contra el crimen a gran escala y la corrupción. Además de la antes mencionada investigación sobre Petrobras, la policía federal del Brasil abrió una investigación a más de 70 compañías, 15 bufetes de abogados, y a 24 individuos por su potencial implicación en la supuesta evasión fiscal como parte de la Operação Zelotes. En el 2012, condenaron a más de 25 personas, incluyendo ciudadanos, políticos y oficiales del gobierno actual y anterior debido a un escándalo de soborno y lavado de dinero llamado Mensalão (la cuota grande). El foco en anticorrupción en Brasil, se ha convertido de esta manera en una prioridad nacional seria. Brasil demostró su compromiso para abordar la corrupción corporativa cuando el 18 de marzo de 2015, la presidenta brasileña Dilma Roussef firmó un acuerdo regulador, la Clean Company Act (no. 12.846 de la ley el CCA), que entre otras cosas, prohíbe el prometer, ofrecer, o proporcionar, directa o indirectamente, una ventaja incorrecta a algún funcionario de gobierno o a terceros que estén relacionados con funcionarios oficiales. Además, hace comprometer estrictamente a las entidades corporativas contra estos actos, sin importar el conocimiento de la compañía o la intención referente al soborno. Por otra parte, no hay excepciones hechas para la facilitación o grasa de pagos hechos de buena fe. El CCA se aplica a todas las personas jurídicas con operaciones en Brasil, incluyendo entidades sucesoras y la jurisdicción puede extenderse al extranjero. El CCA permite clemencia significativa si una compañía coopera con los investigadores, divulga violaciones, e introduce resoluciones en el gobierno con respecto a la conducta de una compañía. Si se cumplen estas condiciones, las multas se pueden reducir hasta dos tercios de la multa total y una compañía puede ser eximida de varias sanciones.

EE.UU.

El Departamento de Justicia DOJ es bien conocido por su prolongada historia de lucha contra el soborno y la corrupción. En 1970, EE.UU. pasó la ley contra el chantaje y la corrupción en Organizaciones, llamada comúnmente Rico, la cual detiene a individuos responsables de su participación en delitos en organizaciones criminales. Bajo Rico, un individuo es responsable de los actos cometidos por otros miembros de una organización de la cual es miembro, incluso si no participó personalmente en esos actos. En 1977, EE.UU. también decretó la Ley de EE.UU. contra prácticas corruptas en el extranjero (Fcpa) en respuesta a la amplia corrupción corporativa. Impuesta por el DOJ y el SEC, la ley se ha convertido en un modelo que une esfuerzos de anticorrupción por todo el mundo y tiene una doble aproximación. En primer lugar, prohíbe directamente los actos de soborno que implican a los funcionarios extranjeros que intentan obtener ventajas en negocios. En segundo lugar, obliga a las compañías a hacer y a mantener de manera rigurosa los libros y los archivos para reforzar su capacidad de mantener controles de rendición de cuentas. La ley es una herramienta dominante en el arsenal del DOJ para atacar directamente el soborno y los casos públicos de corrupción que pudieran ser encubiertos a través de falsificación de registros. De manera importante, las disposiciones del Fcpa pueden aplicarse a la conducta tanto en el interior como en el exterior en EE.UU. En respuesta a la aplicación agresiva de la Fcpa, muchas empresas multinacionales se han centrado en el entrenamiento y en la prevención de soborno y corrupción a través de los esfuerzos de cumplimiento preventivo. El DOJ tiene una trayectoria estimulando a las sociedades para cooperar con este tipo de investigaciones. Más recientemente, el DOJ actualizó estas políticas para enfrentar a la opinión pública y a las críticas con respecto a la falta de contundencia a la hora de procesar individualmente a altos ejecutivos en el marco de la crisis financiera más reciente de EE.UU. El 9 de septiembre de 2015, el DOJ, a través de la Vice fiscal General Sally Yates, extendió un nuevo paquete de políticas referentes a investigaciones y a procesos referentes al delito corporativo. El memorándum, llamado comúnmente el memorándum de Yates, incluyó una directiva para que el DOJ no otorgue a una compañía ventajas por cooperación, a menos que identifique a todos los empleados responsables del delito en cuestión. Reino Unido El Reino Unido no es ajeno a la lucha contra la corrupción, pues ha construido una reputación por tener una de las leyes anticorrupción más duras del mundo, la ley británica Antisoborno, que fue decretada en 2011. Impuesta por la Oficina de fraude de gran escala de Gran Bretaña (SFO), la ley es una significativa actualización a la ley de la prevención de la corrupción (1906), que fue utilizada el año pasado para condenar a la firma de impresores Smith& Ouzman, junto con dos de sus antiguos empleados por hacer pagos a funcionarios para asegurar contratos de negocios en Kenia y Mauritania. Así, aunque el escándalo de la Fifa en sí mismo no implique ciertos esquemas reguladores anticorrupción (tales como el Fcpa o la ley británica Anti-soborno), las sociedades ligadas a los Juegos Olímpicos en Brasil deben entender que las leyes anticorrupción nacionales e internacionales aseguran que se están tomando medidas encaminadas a prevenir el soborno y la corrupción. Suiza a pesar de no ser una lista muy amplia, los países anteriormente mencionados son potencialmente reguladores dominantes en los casos de corrupción global. Suiza, sin embargo, ha puesto su atención en la corrupción en deportes, poniendo en marcha recientemente una investigación penal en las actividades del recientemente suspendido Presidente de la Fifa. El 25 de septiembre de 2015, Blatter fue interrogado por funcionarios de la oficina del Procurador General de la República Suiza. Los funcionarios también habrían buscado en su oficina. La naturaleza de la investigación según los funcionarios suizos, se centra en alegaciones que el Señor Blatter violó sus obligaciones fiduciarias a través de una mala gestión y malversación criminal de fondos. Las autoridades suizas están llevando esta investigación en cooperación con el Departamento de Justicia de EE.UU. Para anotar, el contrato de medios cuestionado ascendió a $600.000 lo que es relativamente poco, demostrando que las entidades con diferentes niveles de interés financiero, pueden enfrentar ciertos riesgos en el entorno de un acontecimiento deportivo.

Cynthia Catlett,Managing Director, Práctica de Riesgos Globales e Investigaciones, FTI Consulting, Inc.
Eric H. Sussman, Socio, Departamento de Litigios, Paul Hastings LLP

Más informaciones

Comente la noticia