Fiscalidad Internacional: Los tiempos están cambiando

Fiscalidad Internacional: Los tiempos están cambiando

Sin caer en la exageración ni en el hype hiperbólico podemos afirmar que estamos asistiendo a los mayores cambios en la fiscalidad global de los últimos cincuenta años.

Las novedades de las que estamos siendo testigos vienen de años atrás y están suponiendo mutaciones trascendentales en los sistemas fiscales de todos los países, incluidos los del área LATAM.

Los sistemas fiscales se han estandarizado, adoptando mayoritariamente modelos en los que tiene una fuerte presencia un impuesto sobre la renta, de las personas físicas y de las empresas (basado o no en Normas Internacionales de Información Financiera) y un impuesto indirecto modelo IVA. Pero también se están asumiendo nuevos impuestos.

Desde el británico Informe Miirlees de 2006 han adquirido especial importancia los tributos ambientales.

Y se ha reabierto el debate de la imposición sobre la riqueza o el patrimonio.

Y una importante línea de reforma de los sistemas tributarios actuales viene de la mano de la lucha contra la elusión fiscal internacional, con el punto de inflexión que supuso la aprobación en 2013 del Plan BEPS, y con el precedente de la formulación del concepto de planificación fiscal agresiva en 2006.

Muchas medidas de reforma de las leyes tributarias llevadas a cabo por los distintos países tienen su causa eficiente en las Acciones de este Plan auspiciado por la OCDE y el G-20.

Cambios en la regulación interna para limitar la deducibilidad de gastos financieros, impedir la doble no imposición a través de híbridos, reformular el establecimiento permanente, hacer prevalecer la sustancia sobre la forma, disponer el reporte de estrategias de planeamiento agresivo o reordenar los precios de transferencia permitiendo el desconocimiento de las atribuciones de intangibles carentes de sustancia, son buena muestra de ello.

BEPS pretendía poner coto a estrategias elusivas de las multinacionales, pero no aspiraba a cambiar el paradigma internacional en el reparto de los taxation rights de los beneficios de las multinacionales, que seguía siendo el que imperaba desde los años sesenta del pasado siglo.

Un paradigma basado en reconocer un derecho de gravamen originario al Estado de residencia, en la regla de la empresa separada, en el principio de independencia basado comparables y en el establecimiento permanente con presencia física.

Pero es la necesidad de encontrar una nueva fórmula de gravamen para la economía digital el gran desafío que está poniendo en tela de juicio estos esquemas tradicionales de reparto del poder tributario.

Las nuevas formas de negocio surgidas a luz del fenómeno disruptivo de la digitalización de la economía han convertido en inoperativos buena parte de los esquemas tradicionales que se utilizaban para sujetar a tributación los beneficios transfronterizos de las empresas.

Todo ello, unido a las extraordinarias necesidades de financiación para las haciendas públicas consecuencia de la crisis sanitaria y económica del Covid-19, ha creado el escenario propicio para un cambio en profundidad de los fundamentos del international tax regime. Los trabajos que se venían desarrollando y que se materializaron en los Pilares I y II serán la base para adoptar una solución, previsiblemente en el G-20 del próximo mes de julio.

Recordemos que el Pilar I se enfrentaba a la cuestión de la necesidad de establecer un nuevo nexo de sujeción sin presencia física suficiente y a la atribución de una porción de beneficios de los grupos multinacionales a las jurisdicciones del mercado donde se encuentran los usuarios.

Pero el Pilar I propone una metodología muy compleja, basada en una segregación de los beneficios rutinarios de los residuales para asignar estos últimos de manera preferente a las jurisdicciones del mercado.

La complejidad de estas reglas hace que los estados en vías de desarrollo, singularmente los del área LATAM, se hayan mostrados reticentes a asimilar esta solución, optando por fórmulas más simples como la extensión del IVA a los servicios digitales para hacer tributar a las empresas en el lugar del consumo o la fórmula del nuevo artículo 12 del Modelo de Convenio de Naciones Unidas, que asigna el poder de gravamen sobre los rendimientos de los servicios digitales automatizados al país de la fuente.

Más trascendente en cuanto a un cambio en el paradigma de la distribución de los derechos de tributación es el Pilar II, cuya filosofía se resume en la aspiración de asegurar que los grupos transnacionales estén sujetos a un porcentaje mínimo de imposición a nivel mundial. Lo que se lograría a través de una regla GILTI (Global Intangible Low Tax Income) o de inclusión de rentas.

Y, que va a suponer, en la práctica, un ataque directo a la política fiscal de muchos países emergentes que han decidido optar por la reducción de impuestos para atraer inversión.

Sin menoscabo de conocer la letra pequeña de la propuesta, hay muchas cuestiones de esta regla de mínimum tax que no están claras. Empezando por la propia tasa mínima de gravamen.

Aunque la ICRICT propuso un umbral de un 25%, parece que el porcentaje que se tomará como punto de partida de las discusiones será el 15 %. Pero también será necesario aclarar cómo se van a a solventar problemas de doble imposición.

O los conflictos entre Estados, que requerirá una instancia arbitral obligatoria.

En la fiscalidad internacional, como decía la legendaria letra de Bob Dylan, the times they are a changin. Nada en la fiscalidad volverá a ser como antes. Y los fiscalistas de esta época tenemos la suerte de asistir a cambios históricos, pero también la responsabilidad de colaborar en la refundación del derecho tributario.

Cesar Garcia Novo
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Santiago de Compostela (España)

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