Gafi sugiere a Panamá detallar sanciones

Las autoridades deben hacer pública las penas

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Pese a  que Panamá ha completado el plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y pasó a una   segunda etapa para lograr su exclusión  de la lista gris, aún hay un proceso  pendiente que las autoridades locales  deben establecer a la mayor brevedad.

Se trata de una gama de sanciones penales, civiles y administrativas, que por solicitud del  Gafi, deben establecerse y hacerse públicas, advirtió  Roberto De Michele, especialista principal de la División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Destacó que  el establecimiento formal de estas  sanciones es un tema de suma importancia, y sobre todo, que  sea  de conocimiento público para que los sujetos obligados conozcan de primera mano los montos de las sanciones.

Países como  Chile, Perú y Colombia ya han cumplido con esta exigencia y mediantes cuadros detallan el nombre del delito, el monto de la sanción  y el nombre de la norma que fue incumplida, detalló De Michele, quien indicó que esto permite que con un solo click el regulado pueda conocer lo que establece  la normativa en determinado caso.

De acuerdo con el experto del BID, Panamá debe implementar esta medida a la mayor brevedad posible, ya que esto permitirá reforzar  la efectividad de las leyes y reglamentaciones establecidas, que serán próximamente evaluadas por el Gafi.

La misión del Gafi certificará que el país cumple con los nuevos estándares internacionales y que está en capacidad de cooperar en materia de blanqueo de capitales.

Para nadie es un secreto que muchos países  de América Latina no están acostumbrados a producir este tipo estadísticas, sin embargo, cabe resaltar que en Panamá las elaboran de  manera constante las diferentes  superintendencias, indicó De Michele.

El próximo mes de enero miembros del Gafi visitarán Panamá para evaluar los avances realizados en materias de prevención del lavado de dinero y prevención del financiamiento de armas de destrucción masiva, y las autoridades esperan que en febrero se dictamine la exclusión del país de la lista gris.

De Michele recomienda que el país se siga adecuando de manera progresiva a los nuevos estándares que vayan implementándose para evitar caer en estas listas discriminatorias.

Estos señalamientos fueron emitidos por   De Michele durante su participación en el III Foro Financiero, denominado Prevención   de blanqueo y la nueva Ley 23 Las nuevas regulaciones y desafíos para los sectores financieros y no financieros, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Por su parte, Julio Aguirre, presidente de la empresa consultora Csmb, señaló que las entidades reguladoras se encuentran en estos momentos en el proceso de determinar las respectivas sanciones que se aplicarían a los sujetos regulados, de acuerdo con el delito cometido, tal como ha estado solicitando el Gafi.

En tanto que, la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo sentirse satisfecha por el reconocimiento del Gafi a los avances alcanzados por Panamá en materia de  prevención del blanqueo de capitales y agregó que se trató de un esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado, que finalizó con  la aprobación del marco jurídico y el inicio de la aplicación del mismo.

Para  David Saied, presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales de Apede, luego de la aprobación de  Ley 23 de abril de 2015 y su reglamentación, el Gobierno debe ser más inclusivo, ya que, a su juicio, los nuevos regulados necesitan mayor información sobre la reglamentación de la referida Ley.

Saied  destacó  que en esta nueva etapa es imperativo que los regulados apliquen adecuadamente la política de conozca a su cliente.

Por su parte, Alejandro Melo, sub director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recordó que en los casos de uso de efectivo, la entidad regulada debe solicitarle información detallada al cliente sobre la procedencia del dinero cuando el monto supere los   $10.000, lo que le permite a las empresas tener la seguridad  que no están siendo utilizadas para  lavar dinero, proveniente de actividades ilícitas.

Karelia Asprilla
karelia.asprilla@capital.com.pa
Capital Financiero

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