Gobierno apuesta a ferias y cadena de frío

Gobierno apuesta a ferias y cadena de frío

Consumidores y productores se mantienen insatisfechos

Las especulaciones y las distorsiones existentes en la cadena de comercialización son un tema de vieja data, a tal punto que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Emilio Kieswetter,  considera que el problema de los intermediarios es algo que tarde o temprano tendrá que regularse.
Como un nuevo esfuerzo para mejorar esta situación, sin que se registre una intervención directa del Estado en el mercado de los alimentos, se han instalando comisiones de cadena agroalimentaria por cada rubro de la canasta básica, que estarán integradas por representantes de los productores, comercializadores, exportadores, industriales, consumidores, transportistas, la Secretaría de la Cadena de Frío y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).
Estas comisiones tendrán que ver  y evaluar todo lo relacionado  con la producción, la comercialización y el consumo de esos alimentos, incluyendo el establecimiento de fechas de siembras, cosecha, quién compra y quién vende.
Ya fueron instaladas las comisiones de arroz y leche y está por establecerse  la de carne y la de cebolla y papas.
El gobierno también apuesta a la ampliación de las Jumbo Ferias para reducir el costo de la canasta básica hasta en $50 y que con la instalación de la cadena de frío se reduzca de 40% a 10% la merma de la producción y en consecuencia se reduzcan los costos, una materia en la que Panamá tiene 30 años de atraso.
El presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, ve con reserva las cadenas agroalimentarias, porque al final estas entidades terminan fijando precios, lo que es contrario al libre mercado.
Y recordó que anteriormente operaban consejos consultivos, promovidos también  por el Mida, que fueron denunciados por los gremios de consumidores precisamente porque al final quedaban estableciendo precios.
Sólo que en esta oportunidad este tipo de acuerdo no podrá ser demandado, porque el párrafo tercero del artículo tres de la Ley 45 de 2007, que dicta las normas sobre la protección al consumidor y defensa de la competencia, se  establece que se exceptúa de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley cualquier acto, reunión, acuerdo, arreglo, convenio, fórmulas o cualquier otro mecanismo o modalidad que promueva el Estado con agentes económicos, cuando dicho mecanismo o modalidad se realice con miras a salvaguardar el interés público.
Para Acosta la única forma de reducir el precio de los alimentos es estableciendo una política de soberanía alimentaría, que eleve la  competitividad y  se establezca una producción planificada.
En opinión de Uncurepa, existe mucha ineficiencia e improvisación en el sistema de producción local, lo que se traduce en altos costos para los consumidores.
Y la realidad parece darle la razón en eso y es que para este mes de mayo los productores de cebolla ofertarán 90.000 quintales, cuando el consumo es de 47.000. Y si a esto se suma que cada mes se importan 7.000 quintales, es obvio que se registrará una fuerte sobre oferta, donde los perdedores serán los productores.
El  presidente de la Asociación de Productores de Tomate Industrial, Pedro Castillo, es directo al señalar a los intermediarios como los principales responsables del alto precio de los alimentos.
Y pone como ejemplo el caso del saco de ají de 25 libras: A los productores le pagan $2 por cada saco, pero en los supermercados la libra es vendida a más  de $0,60. Lo que supone que de la venta de cada saco ganan $15, siete veces más de lo que reciben los productores.
Castillo aseguró que esta situación se repite en todos los productores agropecuarios, porque los intermediarios sin ningún riesgo y sin una gota de sudor se quedan con toda la ganancia.
El dirigente también cuestionó el hecho de que en  el mercado de abastos de la capital se les prohíbe a los productores vender directamente a los consumidores, si se quedan más de una hora le imponen una multa, por lo que obligatoriamente le tienen que vender a los intermediarios.
Castillo no entiende esta política, porque se supone que los mercados deben ser un centro de encuentro entre productores y consumidores, pero  en esta instalación  ocurre lo contrario.
Los tomateros industriales tienen un solo comprador, la empresa Nestlé, y cada año tienen que negociar un nuevo precio. Si no llegan a un acuerdo que le permite algún margen de ganancias, tendrían que dejar de producir ese año.
Para el presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), Iván Ríos, existe una variedad de elementos que inciden en el  precio de la comida, pasando por el alto precio del combustible que encarece los fertilizantes y la deficiencia en la logística y en el manejo de los productores perecederos,  hasta la falta de una política de Estado en materia agrícola.
Ríos puso de manifiesto el hecho de que el deterioro que sufren los productos durante su transportación se traslada al consumidor, porque nadie invierte para perder.
Además, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) demora en el desembolso de los préstamos, lo que obliga a los productores a comprometer la producción con casas comerciales.
A juicio de Acovipa, tampoco se pueden comparar los precios de las jumbo ferias o de las tiendas de chinos con los supermercados, porque las condiciones y las comodidades son diferentes.
El líder empresarial considera que la creación de las cadenas agroalimentarias son un paso en la dirección correcta, porque en ellas participan todos los actores, incluyendo los pequeños productores, y allí se pueden tomar las grandes  decisiones, tal como ocurre en Europa y Estados Unidos.
Pero considera que el primer paso debe ser conocer cuánto es la producción en cada rubro y cuánto es la demanda real para poder planificar y lograr que los precios bajen, algo que no es imposible si se trabaja de forma coordinada.

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