Hay que medir con la misma vara

Panama City

En las últimas semanas el país ha asistido a un fuerte debate sobre la presencia de la constructora Norberto Odebrecht en el país y el impacto que podría tener en sus operaciones locales el escándalo generado por el arresto de  su ex presidente, Marcelo Odebrecht, en Brasil por supuestos actos de corrupción en la consecución de contratos con la estatal Petróleos Brasileños (Petrobras).

Por supuesto, lo primero que tengo que decir al respecto es que ni mi persona ni nadie en Panamá puede y debe apoyar actos de corrupción ocurran donde ocurran, no solo porque esto atentan contra la ética que debe caracterizar la conducta de todos los seres humanos, sino también, porque al final este tipo de prácticas siempre afectan negativamente a los más pobres, quienes dejan de recibir las repuestas estatales a sus problemas mientras los recursos públicos van a parar manos de políticos y empresarios inescrupulosos.

Sin embargo, antes de señalar a una empresa o a una persona como culpable de un delito es necesario que esa culpabilidad sea probada en un proceso judicial en el que los acusados tengan derecho a ejercer su legítima defensa. Lo digo porque aun cuando los fiscales brasileños, o de cualquier país, levanten cargos contra un alto ejecutivo de una empresa eso no significa necesariamente que éste sea culpable de lo que se le acusa.

Naturalmente, aun cuando el proceso abierto en contra un grupo de empresas y políticos en Brasil no ha concluido, y por tanto no se ha definido si las empresas o los ejecutivos señalados en la investigación han cometido alguna irregularidad, falta administrativa o delito (que son conceptos diferentes), este hecho ha generado preocupación sobre la ejecución de una gran número de proyectos por parte de esa empresa constructora brasileña en Panamá.

Las opiniones van de un extremo a otro. Hay quienes opinan que lo ocurrido en Brasil debe ser investigado y sancionado por las autoridades de ese país, pero que estos hechos deben ser separados de la ejecutoria de Odebrecht en Panamá, mientras otros exigen impedir que esa empresa ejecute varios proyectos que le han sido adjudicados a través de la realización de actos públicos que se han ajustado a las normas vigentes en el país y en los que las empresas que no se han visto favorecidas no han presentado acciones legales en contra.

En este sentido, hay quienes estiman que el número de proyectos en manos de la constructora brasileña y el valor de esas obras es demasiado alto, otros hablan de sobre costos y hay quienes simplemente dan rienda suelta a algo que parece más odio pasional que una opinión ecuánime basada en un análisis sistemático de la realidad. Pero, a mi juicio, lo primero que debemos tener presente es que el Ejecutivo no puede violar la Ley de Contrataciones Públicas para sancionar a una empresa por un presunto delito perpetrado en otro país, y esto es precisamente lo que proponen quienes han insinuado la necesidad de desconocer las licitaciones de la Línea 2 del Metro de Panamá y del Proyecto de Renovación de la ciudad de Colón.

Lo que si es viable legalmente es lo actuado por la Junta Directiva del Metro de Panamá al solicitar a la Contraloría General de la República una auditoría, luego de la aceptación sustancial de las obras correspondientes al proyecto de la Línea 1 del Metro. A mi parecer esta auditoría será un termómetro eficaz para medir la ejecución no solo de ésta obra, sino de todas las obras realizadas por Odebrecht Panamá, aunque se debe tener presente que este audito es a la Secretaría del Metro y no  a  la empresa.

Y es que yo me pregunto si esa empresa merece un trato diferente al dado a los bancos y las empresas que de 2008 a esta fecha han tenido que pagar miles de millones de dólares al fisco estadounidense por violar una gran cantidad de normas que regulan las operaciones financieras o las compañías y bancos que están siendo investigados en Europa por facilitar el lavado de capitales procedentes de actos de corrupción o evasión fiscal. Lo digo porque muchas de esas empresas y bancos tienen subsidiarias en Panamá, las cuales siguen operando sin que a nadie se le haya ocurrido señalarlas como corruptas, a pesar de que sus casas matrices han aceptado haber cometido diversos tipos de  irregularidades y delitos, lo que las ha obligado a reconocer su responsabilidad y llegar a acuerdos monetarios con las autoridades judiciales de sus respectivos países.

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa

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