Ilegal y arbitrario

Ilegal y arbitrario

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Editor

Todavía no entiendo por qué razón el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, en lugar de dar un  paso atrás y evaluar serenamente la decisión del juez Felipe Fuentes, quien en un fallo legal estableció que el uso del dispositivo denominado Pele Police es ilegal ya que no existe una norma que lo regule.

Ya he manifestado en ocasión anterior que este instrumento a todas luces violenta los derechos constitucionales de los ciudadanos, específicamente el derecho al libre tránsito y el de presunción de inocencia, porque para aplicarlo las unidades de la Policía establecen retenes vehiculares y puntos de control de transeúntes que restringen el libre tránsito y porque al someter a todos los ciudadanos a este tipo de control se está presumiendo que tienen alguna deuda con la justicia, cuando lo que se debe presumir en todo momento es su inocencia hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal de justicia.

Además, todos los arrestos practicados bajo la aplicación del Pele Police son completamente ilegales y pueden ser demandados como tal ante las autoridades judiciales ya que la Constitución establece claramente que nadie puede ser detenido sin que se le presente una orden escrita de una autoridad competente, y por tanto cualquier orden de conducción o detención que aparezca en el Pele Police sólo puede hacerse efectiva si se imprime y se le entrega al ciudadano que es objeto de esa medida.

Por si fuera poco, según la Policía Nacional tras someter a más de un millón de personas al Pele Police sólo se ha detenido a 12.000 delincuentes, lo que significa que sólo el 0,012% de los sometidos a este instrumento tenían alguna deuda con la justicia, lo que incluye no sólo situaciones penales, sino también faltas administrativas y casos civiles.

Como consecuiencia de esta situación alguna personas han sido detenidas sin ninguna justificación, otras han perdido sus trabajos y otras han sido agredidas física o verbalmente por quienes se supone deben Servir y Proteger, y cuyos salarios salen de los impuestos que pagamos todos los panameños.

Creo que tanto Mulino como Pérez deben atender no sólo las advertencias sobre la ilegalidad del uso del Pele Police que han hecho varios ilustres abogados del país, sino principalmente el malestar que siente la población al ser sometida a un régimen policíaco en el que todos los ciudadanos somos tratados como delincuentes. Algo que los panameños casi habíamos olvidado, y que nos coloca  muchos ante la preocupación de que la Policía Nacional vuelva a tener la capacidad de someter a toda la sociedad a sus designios, es decir, a una nueva dictadura.

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