Implicaciones del acuerdo por el clima en París

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La 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, que se celebra en París desde el pasado 30 de noviembre y que se extenderá hasta el 11 de diciembre próximo, ha tenido como objetivo alcanzar un acuerdo que limite el aumento de temperatura del planeta a dos grados centígrados hacia el año 2100. Se trata de una meta exigente pues según los estudios científicos disponibles, de no hacer nada o seguir haciendo lo que hasta ahora hemos hecho, en el 2100 la temperatira de la tierra terminará entre 3 y 4 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, lo que tendrá graves consecuencias para la humanidad.

De acuerdo con un análisis publicado por la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcenas,  para enfrentar esta situación, la COP21 introduce un modelo distinto al Protocolo de Kioto (2005-2012) que se basaba en una interpretación de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Hoy el nuevo modelo enfatiza la responsabilidad común y amortigua la diferenciación. Es decir, apunta a que la mayoría de los países contribuyan en materia de mitigación y adaptación, que formalicen su compromiso voluntario nacional en el marco de la Convención y que se logren mecanismos de revisión periódicos. Además, se espera acordar transferencias en los ámbitos tecnológico y financiero, con un flujo anual de hasta $100.000 millones.

El vehículo del cambio es la presentación por parte de los países de Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (Indc, por sus siglas en inglés). Al primero de octubre, 147 países habían presentado sus Indc. El secretariado de la Convención considera que con esos aportes las emisiones mundiales promedio per cápita bajarán de 7,3 toneladas en 1990 a 6,7 toneladas en el 2030, lo que implica una disminución de 9% y no evita el aumento adicional de 2,7 grados centígrados para fines de siglo.

En el caso de América Latina y el Caribe, 23 países, que en conjunto son responsables del 88% del total de las emisiones de la región (según datos del 2012), habían presentado sus Indc en esa fecha. México fue uno de los primeros a nivel mundial en suscribir su propuesta de reducir incondicionalmente un 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto de un escenario inercial al 2030. Le siguió República Dominicana, que se comprometió a reducir un 25% al 2030 con respecto al 2010. Brasil destacó con su propuesta de disminuir un 37% sus emisiones en el 2025 respecto al 2005.

El esfuerzo de estas contribuciones va dirigido, principalmente, a los sectores forestal y energético e incluye también acciones orientadas a buenas prácticas agrícolas, transporte limpio, gestión de residuos y mejora de procesos industriales. Los Indc latinoamericanos tienen un componente fuerte de adaptación, pues la región es altamente vulnerable a la desglaciación, aumento de nivel del mar, inundaciones o sequías extremas según la zona.

No obstante, es importante tener presente que el planeta necesita de los seres humanos un cambio estructural y progresivo hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo, que ponga fin la desigualdad existente entre países desarrollados, países emergentes y países en vías de desarrollo que se expresa tanto en el consumo de la energía, como en las emisiones y en la exposición al riesgo. Esto hace que medidas de protección a los más vulnerables económicamente tengan efectos favorables sobre la adaptación y que medidas de inclusión social y de protección a la salud, como la mejora del transporte público, el manejo de residuos y la salud de los ecosistemas, tengan impactos positivos sobre la mitigación y por lo tanto un valor social agregado.

Lo que implica la necesidad de freno de los grandes contaminadores a nivel global como la reducción interna de los principales emisores por consumo son condiciones críticas para proteger el espacio remanente para acomodar las emisiones que estarían por venir de un aparato productivo más diversificado.

En este contexto, es importante valorar positivamente la propuesta de Panamá para el establecimiento de un centro internacional para el manejo de bosques tropicales y lucha contra la deforestación, denominado Centro Internacional para la Implementación de REDD PLUS, que facilitaría la colaboración entre actores públicos y privados, promoviendo una cultura de manejo forestal sostenible y el comercio internacional de reducción de emisiones de carbono.

La iniciativa, sustentada por el presidente Juan Carlos Varela en la COP21, fue respaldada por representantes de Chile, Nicaragua, República Dominicana, Papúa Nueva Guinea, Costa de Marfil, Fiji y Congo.

En definitiva, la COP21, plantea un momento de cambio en el manejo de los recursos naturales y abre una transición que debe ser exitosa en el ámbito del multilateralismo para la acción colectiva, sin embargo, hay que tener presente que las opciones futuras frente a un fracaso de esta vía son muy poco atractivas y hasta ominosas para los países de nuestra región como bien señala la señora Bárcenas.   

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