Impulsando la Inversión Turística: Ventajas y Retos

Impulsando la Inversión Turística: Ventajas y Retos

El sector turismo es una industria que viene con varios años de contracción, por lo que con el objetivo de incentivar la inversión turística y crear mayor dinamismo en para esta actividad, el 3 de enero de 2020 entró en vigencia la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019 (Ley 122 de 2019) que modifica el artículo 9 de la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012.

La Ley 122 de 2019 no solo impulsa la inversión turística, sino que también busca promover el registro de valores e instrumentos financieros en la Bolsa de Valores de Panamá.

Brevemente, la Ley 122 de 2019 otorga un crédito fiscal a los inversionistas que sean primeros adquirientes de acciones, bonos y otros instrumentos financieros que sean emitidos por empresas turísticas debidamente registradas ante el Registro Nacional del Turismo y que sean registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listados ante la Bolsa de Valores de Panamá.

En adición a lo anterior, para poder beneficiarse del crédito fiscal debe tratarse de:

(i) Una emisión para financiar proyectos turísticos nuevos o expansión de proyectos turísticos actuales que se encuentren fuera del distrito de Panamá,

(ii) Que los valores tengan una vigencia mínima de 5 años sin poder ser redimidos anticipadamente, y

(iii) Que los inversionistas de dichos valores sean personas que no estén relacionadas con el emisor, ya sea como director, dignatario, accionista, beneficiario final o pariente cercano. Los inversionistas que cumplan con estos requisitos sean personas naturales o jurídicas, panameños o extranjeros, recibirán un crédito fiscal equivalente al 100% del monto invertido.

No obstante, cabe mencionar que la Ley 122 de 2019 limita la manera y el tiempo en que los créditos fiscales pueden ser utilizados por los inversionistas o sus cesionarios.

Las restricciones principales que establece la Ley son:

(i) Los créditos fiscales pueden ser utilizados a partir del segundo año,

(ii) El monto anual máximo a utilizar de los créditos fiscales es hasta el 50% del impuesto sobre la renta causado en dicho periodo fiscal, siempre que dicho monto no exceda el 15% del monto inicial del crédito fiscal y

(iii) Ee deberán utilizar en un periodo máximo de 10 años desde el momento en que se le otorgan los créditos fiscales.

Algunas de las ventajas principales de esta ley son que el inversionista reciba un crédito fiscal equivalente al 100% de su inversión y que le permite a los inversionistas tanto hacer uso de sus créditos como cederlos a terceros, creando así mayor dinamismo.

Por otro lado, uno de los retos principales de la Ley 122 de 2019 ha sido la falta de claridad en cuanto a su implementación para el reconocimiento de los créditos fiscales.

Si bien la ley tiene un año y medio de haber entrado en vigor, por falta de reglamentación y actualización del sistema de la Dirección General de Ingresos (DGI), quedaba un vacío legal de como los inversionistas podían hacer uso de sus créditos fiscales y se imposibilitaba la aplicación de los mismos.

Adicionalmente, representa un reto la falta de precisión sobre el impacto fiscal de la venta de dichos créditos fiscales.

Los inversionistas, tanto locales como extranjeros, buscan certeza al momento de realizar sus inversiones y es de suma importancia que ellos puedan contar con una posición inconcusa en cuanto a la implicación fiscal del uso y cesión de estos créditos y que vaya alineado con los beneficios que la Ley 122 de 2019 busca otorgar.

Afortunadamente, y con miras a generar a incentivar la industria turística, mayormente por la afectación del sector producto de la pandemia por la Covid-19, se promulga el Decreto Ejecutivo 364 de 23 de julio de 2020, que reglamentó la Ley 122 de 2019 y estableció el procedimiento para el reconocimiento y posterior utilización o aplicación de los créditos fiscales productos de la inversión en el sector.

De conformidad con el Decreto Ejecutivo 364 de 23 de julio de 2020, el intermediario entre el propietario de los créditos y la DGI es el Agente de Pago que designe el emisor de los valores.

El Agente de Pago tendrá la obligación de recopilar la información de cada inversionista y las certificaciones requeridas y presentarlas ante la DGI para que luego ésta emita una resolución a favor de cada inversionista.

Adicionalmente, el 21 de mayo de 2021 la DGI emitió la Resolución 201-4335, la cual establece en más detalle el proceso de registro para propósitos de hacer uso de los créditos fiscales y poder cederlos.

Estas reglamentaciones, junto con posibles resoluciones adicionales que pueda emitir la DGI, le permiten a las empresas turísticas ser más precisos al momento de listar sus valores, a los inversionistas tener mayor certeza sobre su inversión y generar mayor confianza en el mercado.

Cabe señalar que la aplicación de este incentivo tiene una fecha límite al 31 de diciembre de 2025, es por ello que se extendió la vigencia de Registro Nacional de Turismo para aquellas empresas turísticas cuyos registros vencieron entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2019, de manera que puedan acogerse a este beneficio fiscal.

 

Estif Aparicio
Socio
Arias, Fábrega & Fábrega
[email protected]

 

 

 

 

 

Daniela Delvalle
Asociada
Arias, Fábrega & Fábrega
[email protected]

 

 

 

 

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