Incluir a morosos fiscales en la APC sería ilegal

La  DGI debe mantener confidencialidad de la información de los  contribuyentes

apc albrook

La decisión de la Dirección General de Impuestos (DGI) de explorar la posibilidad de incluir en la Asociación Panameña de Crédito (APC) información sobre contribuyentes que estén morosos en el pago de impuestos ha comenzado a generar rechazo entre los profesionales de la contabilidad, quienes se han sumado a las dudas sobre la legalidad de esta iniciativa expresada por abogados especializados en temas fiscales.

Rubén Bustamante, socio de la firma BDO Panamá, salió al paso de las afirmaciones del director de la DGI, Publio Cortés, quien confirmó a Capital Financiero el interés de esa entidad por publicar el desempeño de los contribuyentes en la APC, especialmente de los morosos, como parte de las opciones para agilizar el cobro de impuestos: La DGI tiene en su agenda todas las opciones de difusión de las morosidades de impuestos que permitan agilizar los cobros.

Bustamante consideró que la DGI tiene todas las facultades para ejercer la fiscalización, cobros e investigaciones necesarias a fin de recaudar los impuestos de cada contribuyente, sin embargo, se mostró escéptico en cuanto la posibilidad que esa facultad legal le permita a la DGI involucrarse con la APC, lo que,  a su juicio, podría causarle perjuicios al contribuyente, y causar que tenga menos opciones de pagar los impuestos morosos.

El especialista en temas fiscales explicó que ninguna de las normas que regulan el cobro de impuestos establece esta posibilidad, y aunque admitió que el Decreto de Gabinete 109 de 1970, que regula la DGI le faculta para publicar los saldos morosos, dijo que no significa  que esa entidad pueda referir a los clientes morosos a un buró de información  como la APC, cuya labor es publicar el historial de crédito de las personas naturales.

Bustamante destacó que, de hecho, las normas vigentes obligan a la DGI a mantener absoluta confidencialidad con la información que manejan de los contribuyentes. Aclaró que una cosa es publicar la lista de morosos fiscales y otra es reportarlos a la APC, lo que, a su parecer, no está permitido.

Bustamante considera que en lugar de publicar la lista de morosos en la APC se deben estudiar otros mecanismos para hacer más efectivo el cobro de los impuestos, como la retención en la fuente o el establecimiento de depósitos de garantías bancarias o de pólizas de seguros para garantizarle el pago de los impuesto al Tesoro Nacional.

Los cuestionamientos de Bustamante se suman a las dudas expresadas por José Javier Rivera, abogado especializado en temas fiscales y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), quien señaló a Capital Financiero que si bien es cierto que el artículo 21 del Decreto de Gabinete 109 de 1970 faculta a publicar la lista de quienes estén morosos con el fisco y a adoptar las estrategias que sean convenientes para gestionar el cobro de esa morosidad, habría que realizar una profunda revisión de la norma para determinar si la APC podría servir como instrumento para este fin.

Rivera recordó que la APC es un buró de información comercial, en el que las empresas privadas hacen público el historial de crédito de sus clientes, siempre con el consentimiento de estos clientes, lo que constituye una situación muy diferente al pago de impuestos. 

No obstante, para Cortés el artículo 21 del Decreto de Gabinete 109 de 1970 exige que la DGI publique las morosidades, incluyendo nombre y RUC de los contribuyentes y que, a su juicio, mientras más se difunde la lista de morosos, por diversas vías, mayor opción hay de que el contribuyente deudor pague o realice arreglo de pago, razón por la cual se está evaluando la firma de un acuerdo con la APC.

Según Giovanna Cardelicchio, gerente general de la APC, este acuerdo entre la DGI y la APC permitiría incorporar al historial de créditos de las personas naturales y los representantes legales de las sociedades anónimas (personas jurídicas) información sobre su desempeño fiscal, a fin de reportar el desempeño negativo, información que podría afectar el historial de crédito de esos contribuyentes y limitar su acceso a facilidades crédito.

Indicó que se están realizando análisis legales por considerar que la APC es un buró en el que se registra información positiva y negativa, a fin de determinar cuáles serían los parámetros del acuerdo con la DGI, pero adelantó que una de las ideas que ha tomado fuerza es la posibilidad  que aquellos contribuyentes que opten por un acuerdo de pago  firmen una autorización para que en caso de incumplimiento este hecho sea reportado al buró. 

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

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