Inclusión de Panamá en lista gris pone en riesgo crecimiento económico

Inclusión de Panamá en lista gris pone en riesgo crecimiento económico
Gafi pide registrar todas las empresas de remesas ante la SBP| Sassha Fuenmayor

En el  2014, Panamá perdió  más de 70 cuentas de  corresponsalías bancarias cuando fue incluida en la  “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (Gafi). En esta ocasión no ha perdido ninguna, pese a que el país fue incluido nuevamente en esa nefasta lista, pero el riesgo que se afecte la economía panameña es latente y el Gobierno debe estar atento a cumplir con las recomendaciones para  combatir el blanqueo de capitales.

Gabriel Quintero, gerente senior de consultoría de Berkeley Research Group, LLC, considera que la inclusión en la lista del Gafi afectará la economía panameña y a los empresarios porque se espera un incremento en el costo de fondeo, al mantener una exposición de riesgo país mayor (Ver gráfica: Cronología).

También anticipa posibles pérdidas a nivel de competitividad (internacional), al mantener una relación directa entre el riesgo país y el incremento de los servicios financieros. De igual forma, afectación al crecimiento de la economía del país.

Desde el año 2015, Panamá ha promulgado más de seis leyes, así como más de 20 regulaciones bancarias y no bancarias para fortalecer el marco normativo y regulatorio de prevención, pero no ha sido suficiente (Ver recuadro: Medidas de mitigación aprobadas). 

 

El Gafi detectó desfases en la aprobación del proyecto de Ley 591 (que penaliza la evasión fiscal) y falta de cumplimiento de las normativas de blanqueo de capitales en los sectores no financieros (abogados, contadores, bienes  raíces, entre otros).

El Gafi pide registrar todas las empresas de remesas de dinero ante la  Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), como sujeto obligado financiero. Además solicita mayor presencia en los sectores o industrias que requieren una mayor supervisión por el nivel de riesgos que representan, según su calidad de clientes, productos y servicios, con el fin de asegurar de manera razonable el cumplimiento normativo, especialmente el sector fiduciario, abogados, inmobiliarias y zonas francas.

En algunos casos, evaluar la posibilidad de reducir los plazos o frecuencia de entrega o envío de reportes de riesgos se reduzca a  menos de 15 días, como se hace actualmente.

Gafi también considera necesario  elevar los montos de las sanciones, que actualmente van de $5,000 a $1 millón, según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia.

Gabriel Quintero, gerente senior de consultoría de Berkeley Research Group, LLC

A criterio de Quintero una sola entidad debería regular y sancionar los delitos de blanqueo de capitales y no como ocurre en la actualidad que existen varios organismo de supervisión: La Superintendencia de Bancos (SBP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (Ssrp),   el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo ( Ipacoop) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de  Sujetos no Financieros, adscrita  del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Orlando Rivera
Orivera@capital.com.pa
Capital Financiero

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