Inconstitucionalidad del Fondo de Seguridad Ocupacional en la industria de la construcción

Para los desarrolladores se convirtió en un nuevo gasto

中の洲

En los años 2006 y 2007 el gobierno de turno evaluó distintas medidas para reducir los riesgos de accidente en la industria de la construcción. En aquél entonces habían aumentado considerablemente los accidentes en este sector, situación que desencadenó múltiples protestas por parte de los trabajadores.

Como una solución los gobernantes de ese período mediante Decreto Ejecutivo No. 15 de 2007 crearon el Fondo de Seguridad Ocupacional y la figura del Oficial de Seguridad. El Oficial de Seguridad debe ser nombrado en toda obra civil y su función es velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad Ocupacional y las Medidas de Seguridad, Salud e Higiene en las obras de construcción. Los fondos para el nombramiento de este funcionario son sufragados directamente por los contratistas o promotores, pero nombrados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El Fondo de Seguridad Ocupacional se convirtió en un nuevo gasto para los desarrolladores, lo que generó incomodidad en este sector empresarial y dicho incremento muchas veces fue transmitido al consumidor final.  Adicionalmente, en el año 2009, algunos artículos del Decreto creador del fondo fueron demandados por inconstitucionales, específicamente el artículo 5, que trata sobre la designación de oficio del Inspector de Seguridad por parte del Mitradel, y los artículos 12 y 13, que tratan sobre las tasas a pagar por parte de las empresas particulares al Mitradel, en aquellas obras de más de $1.000.000.

Mediante Fallo del 12 de noviembre de 2014, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió su opinión sobre la constitucionalidad o no del Fondo de Seguridad, indicando  que el aporte por parte del contratista a dicho Fondo es un tributo, específicamente una tasa, basado en los siguientes criterios: (1) el hecho imponible es la prestación de un servicio propio del régimen del Derecho Público, es decir lo presta la Administración Pública (el Mitradel) a favor del contribuyente y (2) existe una relación directa entre el contribuyente y la actividad estatal de inspección.

A consideración de la Corte, el aporte que hace el contratista a este fondo es considerado como un tributo y la creación de nuevos tributos y tasas está reservada a la Asamblea Nacional de Diputados. De acuerdo con lo preceptuado en el principio de legalidad tributaria nullum tributum sine lege, regulado en los artículos 52 y 159 numeral 10 de la Constitución Política, el Pleno argumenta que el Ejecutivo solo puede reglamentar los aportes al Fondo de Seguridad si previamente la Asamblea Nacional crea el marco legal apropiado.

Bajo estos conceptos, el Pleno de la Corte concluyó que los artículos 12 y 13 del Decreto Ejecutivo No 15 de 2007, que se refieren a las tasas cobradas a las obras valoradas en más de $1.000.000, son inconstitucionales. Sin embargo, el resto del Decreto Ejecutivo No 15 de 2007 no ha sido declarado inconstitucional, es decir que a nuestro criterio el Inspector de Seguridad debe seguir vigente en toda construcción.

Con este Fallo la Corte mantiene el criterio esbozado por décadas sobre el principio de legalidad tributaria, a pesar de que es muchas veces violentado principalmente por los municipios que, amparados en las normas de autonomía Municipal, son las entidades más reincidentes en la creación de tributos de forma ilegal. Recientemente está el Fallo del 11 de febrero de 2014, que declara inconstitucional el cobro del Impuesto de Edificación por parte del Municipio de Macaracas a la rehabilitación de la carretera de los distritos de Guararé, Las Tablas y Macaracas, en la provincia de Los Santos.

Queda a los contratistas esperar el nuevo tratamiento que le dará el Mitradel al nombramiento del Inspector de Seguridad. Nuestra opinión es que probablemente para aquellas obras de menos de un $1.000.000, se debe seguir el mismo tratamiento existente en la actualidad, ya que esto no ha sido objeto de discusión. Para las obras de más de un $1.000.000, incluyendo las obras dadas en concesión, los fondos para el nombramiento de dicho inspector deben correr por parte del Estado. Finalmente los contratistas deben reflejar este ahorro en favor de nosotros los consumidores finales. 

Álvaro Almengor
Hatstone Abogados

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