Ipacoop prepara manual antilavado

El documento podría estar elaborado en los próximos tres meses

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Luego que el Ejecutivo sancionará  la ley que establece medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo y de las armas del destrucción masiva, el Instituto Autónomo Cooperativo (Ipacoop), trabaja en la elaboración de un manual para que las cooperativas  de ahorro y crédito, cooperativas de servicios múltiples o integrales no incurran en estos delitos.

La nueva ley califica al Ipacoop como un organismo de supervisión de los sujetos obligados financieros como  las  cooperativas  de ahorro y créditos, cooperativas de servicios múltiples o integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito y cualquier  otra organización cooperativa que realice la actividad de intermediación financiera.

Como organismo de supervisión, el Ipacoop debe elaborar el manual para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción  masiva con un enfoque basado en riesgo.

La asesora legal del Ipacoop, María  Eugenia  Barrios, espera que la nueva reglamentación  entre a regir en los próximos tres meses o más tardar a finales del presente año.

Barrios informó que en la actualidad  no se contempla modificar la Ley  24 (Del 21 de julio de 1980), que creó el Ipacoop, porque  es suficiente con la nueva legislación  contra el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo para cumplir con las 40 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hizo a Panamá.

La  falta de supervisión de riesgo en las cooperativas, fue uno de los puntos que llevó  al país a entrar en la lista gris del Gafi.

Con la nueva ley los sujetos obligados financieros (cooperativas  de ahorro y créditos, cooperativas de servicios múltiples o integrales)  deben solicitar  a las personas jurídicas la identificación de dignatarios, directores, apoderados, firmantes y representantes legales de dichas personas jurídicas y verificar el beneficiario final.

Cuando el cliente no facilite el cumplimiento de las medidas pertinentes de debida diligencia, los sujetos obligados financieros  no deberán crear la cuenta o comenzar la relación comercial, sino  realizar  un reporte de operación sospechosa.

En caso de una transacción u operación, donde se sospeche puedan estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, los sujetos obligados financieros deberán comunicarlo directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según lo establece la  nueva ley.

Los reportes deberán ser remitidos a la UAF dentro de los quince (15) días calendarios a partir de la detección  del hecho.  No obstante, podrán solicitar una prórroga de 15 días, para el envío de la documentación de soporte.

De acuerdo con la nueva ley, el Ipacoop como un organismo de supervisión  podrá solicitar la cancelación, retiro, restricción, remoción o suspensión de la licencia, certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades u operaciones llevadas a cabo por sujetos obligados financieros.

Según las estadísticas del  Ipacoop existen 605 cooperativas activas, de las cuales 223 son de servicios múltiples y 142 son de  ahorro y crédito.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, incluye multas    de entre  $5.000 a $1.000.000, según la gravedad de la falta.

La nuevas ley contempla la creación de  una Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante Cnbc), una Unidad de Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Organismos de supervisión como el  Ipacoop.

Por su parte, miembros de la Comisión Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene la misión de lograr la exclusión de Panamá  de la lista gris del Gafi viajaron a Australia para reunirse con representantes de este organismo y lograr que una comitiva de esta entidad visite el país el próximo mes de octubre.

Las autoridades panameñas esperan que para inicios del 2016 Panamá sea excluida de esta lista.

Si se cumplen los pronósticos, el país podrá dejar atrás esta calificación en menos de dos años, un periodo corto tomando en cuenta el tiempo que le ha tomado a la mayoría de los países que han pasado por esta situación,  señaló  la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla. 

Orlando Rivera
orriver22@hotmail.com
Capital Financiero

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