La Cámara Opina: El país espera resultados reales

La Cámara Opina: El país espera resultados reales

Haciendo un balance del reciente Informe a la Nación por parte del Presidente de la República resaltamos algunas acciones positivas como el Plan Panamá Solidario que, aunque se ha quedado corto en apoyo a la clase media, con su ayuda a sectores vulnerables ha permitido mantener la paz social, y diversas medidas de apoyo al micro y pequeño empresario con resultados por evidenciarse.

Sin embargo, dentro de su discurso se aminoró que Panamá inicia el año con la peor situación de salud de la región y cierra el 2020 con la caída económica más abrupta de Latinoamérica, por lo que urgen planes de acción inmediatos.

Mientras que, faltó autocritica frente a errores cometidos, se optó por puntualizar el cumplimiento de promesas con incongruencias y se obvió la necesidad de una hoja de ruta sanitaria, económica y social a corto plazo.

Se destacó como cumplida la promesa de reformas constitucionales, cuando la sociedad reclama cambios y no basta con solo presentar propuestas. Dichas reformas han quedado en el limbo porque se inició un proceso del cual el Ejecutivo no se adueñó como lo exigía el electorado, no se le ha dado seguimiento, ni continuidad y, por ende, carece de resultado alguno.

Aunado a leyes, como la de Asociación Público-Privada, la cual desde hace un año está a la espera de reglamentación, lo que impide su implementación; al igual que, programas cuyas ejecuciones caen en tela de duda, cuando se habla de austeridad con eficiencia, mientras que terminamos el año con una caída en ingresos tributarios de aproximadamente 30% y los gastos de funcionamiento del Estado, y principalmente su planilla, sigue creciendo sin signo alguno de contención del gasto.

Además, hizo falta el compromiso de la administración gubernamental con la transparencia, cero corrupción y la rendición de cuentas, particularmente en un momento de tanta dificultad. La ciudadanía demanda autoridades y entidades estatales orientadas a trabajar por el bien público y no el interés de particulares, regidas por la honradez y alejadas del delito.

Más allá de estas omisiones, el momento era propicio para explicar al país, con diáfana claridad, una hoja de ruta en materia de salud y en especial el plan de vacunación contra el COVID-19; así como, iniciativas para la creación y generación de empleos siendo estas, sin duda, las prioridades de nuestra nación en este momento. La cuarentena debe presentarse ante la sociedad, no como un elemento aislado – ya que está comprobado que como tal no funciona – sino como parte de un conjunto de iniciativas con tiempo definido y objetivos claros para cortar la cadena de contagio.

Ante lo expuesto, nos permitimos proponer algunas acciones en los próximos días.

Los expertos señalan que necesitamos un programa intenso de trazabilidad y aislamiento en áreas de foco de infección que realmente permita cortar el contagio.  En las dos semanas que inician, hagamos precisamente esto, ponemos a disposición nuestro apoyo desde el sector privado y la sociedad civil aportando voluntarios para este proceso.

Asimismo, la sociedad espera con urgencia que se dé a conocer el plan logístico detallado de importación, almacenaje y distribución de las vacunas contra el Covid-19.  El Consejo Empresarial Logístico (COEL), del cual formamos parte, ha puesto a disposición conocimiento, recursos y tiempo para apoyar en la tarea logística más importante de la historia de nuestro país.

Insistimos en el llamado a las autoridades para presentar detalles; una vez más, carecemos de una comunicación ordenada, sistematizada y precisa de cantidades, fechas y procesos, entre otros.

No basta con que los responsables digan que estamos listos, esta información debe ser pública y sujeta a escrutinio.

De igual forma reiteramos el llamado público para revisar el Decreto Ejecutivo No. 229 de 15 de diciembre de 2020; ya que la situación exige propiciar condiciones para la sostenibilidad de empresas; mientras que, los trabajadores puedan ser reintegrados gradualmente, según las condiciones económicas de cada empresa y aquellas acciones que estén contempladas en el Plan de Gestión del Ministerio de Salud; sin fueros ni privilegios para la recontratación.

La protección, creación y generación de empleos son objetivos urgentes de importancia prioritaria que comparten tanto empleadores como trabajadores. Por lo que, en línea con la propuesta de crear un Instituto de Planificación para el Desarrollo; adelantemos con un grupo de planificación y gestión, priorizar en función de la capacidad de generar empleo acorto plazo, los distintos proyectos, cuyo inicio se han anunciado desde hace seis meses y asegurar que a más tardar en 45 días inicien trabajos para dar alternativa a los más de 400,000 desempleados.

Reiteramos, en este sentido, la necesidad de un esquema con acciones, entidades y autoridades responsables, tiempos, porcentajes de entrega y reportes mensuales de avance. En resumen, una planificación con indicadores claves, que permitan dar un pantallazo de los procesos y tomar decisiones estratégicas con respecto a los mismos y que el público pueda dar seguimiento. El Presidente de la República habló del Ministro de Economía y Finanzas liderando un plan de reactivación, de su ministerio esperamos un documento con estos pormenores.

Por otra parte, en lo que va del año el sistema bancario refleja una caída de 50% en nuevos desembolsos de crédito; esto representa más de B/.10,000 millones de desplome frente a aproximadamente B/.500 millones en distintos programas de préstamos con tasas de intereses blandos para las Pymes que están lejos de compensar el impacto que hay en apoyo crediticio al sector privado.

Frente a la caída importante en la actividad económica y la incertidumbre, reiteramos que se requiere un programa de garantía estatal de riesgo compartido para activar el otorgamiento de créditos por parte de la banca local como factor determinante para impulsar la reactivación económica.

También en este mes, esperamos que el Órgano Ejecutivo presente y la Asamblea Nacional apruebe el Proyecto de Ley que establece un régimen temporal de procesos de reorganización conciliada con los acreedores, con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad de las empresas y la protección del empleo.

Reconociendo la grave afectación que produjo el cierre de actividades económicas por más de seis  meses ordenado por el gobierno y en momentos en que, se decretan nuevamente medidas de cierre, restricción de movilidad y cuarentena que pone en riesgo la continuidad de empresas y limitaran la reactivación de empleos, sería congruente que el gobierno implementara medidas de solidaridad para con aquellos que estén suspendidos y han perdido sus puestos de trabajo, reduciendo la jornada en el sector público que no se encuentre en el frente contra el COVID-19; en lugar de, estar anunciando  ascensos y aumentos automáticos mientras se predica un plan de austeridad.  Con este ahorro, se les aumentaría el apoyo a las personas con contratos suspendidos.

Se debe reactivar el Gabinete Social con acciones coordinadas sobre la base de la segmentación de la población en riesgo y/o afectadas, identificando sus necesidades específicas y focalizando las respuestas. Esta labor titánica puede apalancarse en Organizaciones No Gubernamentales; al tiempo, que una vez más, el sector privado se pone a disposición para apoyar en la implementación de las respuestas.

El mandatario también reiteró el llamado a la mesa de trabajo para el rescate de la Caja de Seguro Social a partir del 18 de enero.  El sector privado ya se encuentra listo para participar en este diálogo; sin embargo, tal y como lo hemos manifestado, este debe ser sobre la base de un diagnóstico objetivo y técnico que lleve a acciones concretas; las cuales deben estar alejadas de discursos y proyectos populistas donde antes de empezar la discusión se pretenda crear falsas expectativas sobre medidas paramétricas.

Con la instalación de la legislatura esperamos que la actuación del Órgano Legislativo esté a la altura de un momento crítico para el país, y de cuyos miembros aguardamos propuestas alejadas de contenidos populistas, que cuenten con la participación y respaldo de la mayor parte de los actores que den el menor espacio a las improvisaciones y equivocaciones. Además, estas discusiones deben darse en el marco de la ecuanimidad, el respeto y la solidaridad.

Asimismo, del Órgano Judicial se esperan tareas con prontitud bajo los principios de legalidad, empezando por la diversidad de recursos ligados a acciones y decisiones tomadas en los últimos meses que esperan la definición de la Corte. Justicia a destiempo no es justicia. Resulta imperante, en momentos como los que vivimos, mantener, sin resquicios, la seguridad jurídica.

Una vez más, insistimos, debemos contar con respuestas y pasar de las palabras a los resultados reales que generen confianza, con un equipo de gobierno enfocado en medidas organizadas y coordinadas que atiendan los aspectos de forma transversal y permitan sacar adelante a nuestro país.  Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hacemos una crítica constructiva de forma respetuosa, reiterando nuestro apoyo a todas las acciones que conduzcan un mejor Panamá.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Jean Pierre Leignadier
Presidente
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

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