La corrupción sacude a Guatemala

Guatemala

A  pesar que Guatemala se caracteriza por contar con más de treinta volcanes activos, sin duda alguna es sorprendente que la erupción que en este momento sacude a ese país centroamericano sea el estallido social generado por la inconformidad de su gente ante los casos de corrupción que se han registrado durante la administración del presidente Otto Pérez.

Y es que a lo largo de las últimas semanas los guatemaltecos han protagonizado una serie de movilizaciones en las que diferentes sectores de la sociedad  han marchado para clamar por un cambio en el Gobierno, incluida la salida del presidente Pérez.

Los mueve la indignación que han generado las revelaciones sobre el alcance de la corrupción en las Aduanas, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto de Seguridad Social. Hallazgos que han sido posibles gracias al trabajo de la Fiscalía y, sobre todo,  de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, liderada por el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia  de Colombia, Iván Velásquez, recordado por su papel en las investigaciones que desde este alto tribunal permitieron reconstruir los vínculos entre el paramilitarismo y numerosos políticos colombianos vinculados al ex presidente Álvaro Uribe.

Tal como ocurrió en Panamá durante la administración Martinelli, en Guatemala se ha descubierto  una serie de poderosas redes, que tocan las esferas más altas del Estado. Se presume que una de ellas estaba dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien ante este hecho y la fuerza de la evidencia, no tuvo más alternativa que renunciar.

Las investigaciones ponen en tela de juicio no a una institución, sino a todo un Estado, que a estas alturas corre ya el riesgo de merecer el calificativo de fallido. De ahí que en las calles se escuchen, principalmente, un clamor de justicia, un pedido desesperado para que su aparato estatal sea objeto de un reforzamiento estructural que permita renovar el pacto social y, de esta forma, repotenciar una democracia que hoy vive días grises.

Sin embargo, contrario a lo ocurrido en Panamá, la indignación ciudadana ha llevado a los guatemaltecos a las calles de las principales ciudades del país, no solo para exigir justicia, sino también los cambios institucionales que pongan coto definitivo a la práctica deleznable de acceder a los cargos públicos para enriquecerse a costillas del erario público. Así, el grito de No más que ha caracterizado las protestas contra la corrupción en Guatemala abre paso a la necesidad de establecer una nueva institucionalidad, algo que va mucho más allá de la continuidad o no de un presidente. Es la viabilidad hacia el futuro de toda una nación.

No obstante, hay que recordar que Guatemala fue uno de los países centroamericanos que en las décadas del 60, 70 y 80 del siglo pasado se vio desangrado por una cruenta guerra civil que concluyó a inicio de la década del 90 como resultado de los acuerdos de Contadora y Esquipulas impulsados por Panamá y otros países latinoamericanos, por lo que es importante que las protestas y las acciones contra la corrupción se mantengan en el cauce de la democracia, cerrando así cualquier posibilidad de una vuelta a la violencia social y a los pescadores que esperan sacar ganancia en medio de un río revuelto.

No obstante, es importante tener presente que este es un proceso que estamos experimentando en toda América Latina, toda vez que  los ciudadanos quieren que sus impuestos sean bien utilizados, por lo que estamos pasando a lo que los sociólogos denominan sociedades demandantes, en donde los contribuyentes exigen cada vez mejores servicios públicos y están cada vez menos dispuestos a tolerar el despilfarro y el latrocinio.

De hecho, este tipo de protestas, que hoy sacuden a Guatemala, ya se han registrado en Chile, Brasil, México, Argentina, Colombia y Costa Rica, solo por mencionar algunos países. Lo positivo es que esto demuestra que nuestros pueblos, o la sociedad civil como algunos prefieren llamarlo, están madurando y exigen honestidad y transparencia, no solo de sus dirigentes políticos, sino también de todas aquellas empresas que hacen negocios con el Estado.

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