La CSS debe revisar su régimen de inversión y aumentar número de cotizantes

La CSS debe revisar su régimen de inversión y aumentar número de cotizantes
Un nuevo diálogo social es necesario para reformar la ley de la CSSl Archivo

Es lo más preciado de la población porque le garantizará el sustento cuando ya no pueda trabajar: Su pensión.

Sin embargo, ¿qué ocurre si al llegar a la edad establecida por ley los fondos no son suficientes para garantizar a cada individuo su jubilación?

En Panamá, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja de Seguro Social (CSS), está integrado por un régimen compuesto, en el que coexisten dos sistemas: El Subsistema de Beneficio Definido o Solidario y un Subsistema Mixto ( Ley 51 del año 2005).

El Subsistema de Beneficio Definido ampara a quienes ya estaban pensionados al 1 de enero de 2006 y a los trabajadores que a esa fecha superaban los 35 años de edad.

Al año 2017 había 268,000 pensionados (Ver recuadro: Población protegida por la CSS).

Este sistema tiene fecha de defunción por una razón básica: Es un sistema cerrado, es decir, no hay nuevos cotizantes que puedan sostenerlo, explicó Sergio Alemán, director nacional de Planificación de la CSS.

 Es un sistema que se estima  desaparecerá en 80 años, pero se quedará sin fondos antes, de manera tentativa en 2024 o 2025. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que ocurrirá en el 2027.

El economista Arístides Hernández señala que este programa “tiene un déficit actuarial  cercano a los de $14,000 millones y en el año 2025 se quedará sin fondos”.

El llamado Subsistema Mixto funciona con dos componentes según la Ley 51: De Beneficio Definido (se participa con las cuotas pagadas sobre los ingresos de hasta $500.00 mensuales) y un componente de Ahorro Personal (se participa con las cuotas pagadas sobre los ingresos que excedan de $500 mensuales).

Si una persona gana, por ejemplo, $850, de esa cantidad $500 van al Componente Beneficio Definido y los $350 restantes al Ahorro Personal.

En este sistema todavía no hay ningún jubilado. Los primeros pensionados comenzarán a registrarse en 2027 y 2028.

En ambos sistemas la tasa de cotización es la misma. El empleador aporta 4.25% del salario y el trabajador 9.25%, para un total de $13.50.

La diferencia radica en cómo se calcula la pensión.

La pensión del Subsistema de Beneficio Definido  deriva de aplicar el 60% al salario promedio de los 10 mejores años del trabajador más 1.25% por cada 12 meses adicionales laborados. Alemán indica que en el Mixto el cálculo es más complejo.

Sobre un sueldo de $850, por ejemplo, $500 se multiplica sobre la tasa de cotización (13.50%) y esa cantidad va al Componente Definido (Solidario) que funciona como un “pote común”.

En este caso se mantiene la fórmula de los 10 mejores años por 60%  y del 1.25% adicional.

La cantidad restante que en el caso de un salario de $850 sería $350, se multiplica por la misma tasa (13.50%).

Este monto, más intereses, dividido por la llamada renta actuarial (resultado de estimar la expectativa de vida), da origen a la pensión de la persona más la cantidad del Solidario.

Es decir, “es un cheque con dos aportes”, puntualizó Alemán.  El funcionario reconoció que ambos modelos tienen sus debilidades.

En el Solidario, es el envejecimiento de la población y en el Mixto, las interrupciones laborales.

De igual modo es partidario de buscar “soluciones creativas” para el sistema antiguo y para el Mixto.

La realidad es que la CSS se quedará sin dinero para quienes están en el Subsistema de Beneficio Definido. 

“Hay que buscar una nueva fuente de ingresos para poder apalancar a estas personas”, advirtió.

Las propuestas de diferentes sectores han ido en varias direcciones: Destinar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), emplear fondos provenientes del Canal o generar los llamados Bonos de transición, replicando el modelo de Chile que también copió Colombia y México.

Alemán considera que todas esas soluciones deben salir de un diálogo social como ocurrió en el 2005 con la reforma a la Ley Orgánica de la CSS.

Detalló que la CSS puede comprar algunos instrumentos de ahorro o bonos de empresas del Estado, siempre y cuando cumplan con cierta normativa.

“Podemos adquirir acciones, pero no ha sido muy explorado por lo volátil y riesgoso”, comentó.

“Somos la institución más grande en cuanto a recursos monetarios (25%) del Estado, por lo que si la CSS estornuda el Estado tiembla, por ello debemos ser responsables”, argumentó.

Hay otros elementos a considerar como la tasa de cotización.

En el 2005, con tres años en negativo y una tasa de 9.75%, se planteó subirla a 27%.

Se elevó a 13.50% y si bien la situación mejoró, la demografía cambia así como el número de trabajadores, subrayó Alemán, quien reconoció que es necesario una nueva revisión, pero dejando en manos de la sociedad la respuesta final.

Régimen de inversiones

Una de las deudas pendientes de la CSS es la revisión de su régimen de inversiones.

David Cuervo, director principal de Bienestar Patrimonial de Mercer para Centroamérica y la región Andina, explicó que “se está concentrando en activos de bajo riesgo; aunque su rentabilidad es poca y, por tanto, el acumulado no será suficiente”.

Los grandes fondos públicos y privados de pensiones del mundo invierten el 50% en activos en el extranjero, no en el mercado local, por lo que las pensiones serán sostenibles siempre y cuando se pueda invertir en este tipo de activos, señaló.

Desde hace 10 años, Mercer elabora el Índice Global de Pensiones Melbourne Mercer, que revela qué países están más y menos preparados para enfrentar los desafíos en materia de pensiones.

Dinamarca y Holanda son los países con mejores calificaciones en el mundo y en la región, Chile, aunque mantiene una deuda grande en materia de calidad y adecuación del beneficio.

En general, este estudio determina que los mejores sistemas pensionables son los de inversión flexible.

Cuervo señala que alienados con los parámetros del Banco Mundial (BM), los sistemas pensionales exitosos deben tener cinco pilares:

Solidario. Asociado al componente básico, mínimo de subsistencia que debería tener una persona.

Sistema público. Vinculado a contribuciones donde todas las personas puedan recibir al menos una porción pequeña, pero que complemente lo básico.

Basado en el ahorro, fondeado a través de las contribuciones que pueda realizar una persona.

Pensiones privadas.

Soporte financiero en términos de educación financiera, por ejemplo, tener casa o servicios de salud que puedan contribuir a que la pensión rinda más.

El especialista indicó que Panamá intentó implementar un sistema multi pilar con la Ley 55, pero no ha sido exitoso.

Cuervo considera que uno de los grandes retos de Panamá es lograr que las personas independientes (desde el trabajador rural hasta quien trabaja con nuevas tecnologías), pueda pagar impuestos y afiliarse a la CSS.

Señaló que es necesario ser más flexibles con las regulaciones para recibir cotizaciones, incluso por día, atendiendo a las realidades del mercado.

“En los países donde existe flexibilidad de cotizar por días u horas, hay operadores de pagos electrónicos y una planilla de aportes con este sistema”, expresó el especialista de Mercer.

Por otro lado, en el caso del trabajador con contrato, recordó que en Panamá las empresas tienen la posibilidad de ofrecer a sus empleados planes complementarios a las pensiones, que se deduce del Impuesto Sobre la Renta.

Sobre el Subsistema de Beneficio Definido, sin nuevos cotizantes y que ya está en crisis, Cuervo resaltó que “hay una promesa y una expectativa legítima por lo cual al asegurado se le debe reconocer su derecho”.

El experto, entre otras propuestas para mejorar el sistema de pensiones de Panamá, recomienda revaluar el nivel de contribución, determinar qué está pasando con las cuentas de ahorro adicional e informar sobre la rentabilidad.

Base de cotizantes

René Quevedo, especialista en temas laborales, destacó que en la actualidad la cuarta parte de los panameños (cotizantes), financia los beneficios que recibe el 75% de la población (beneficiarios y pensionados), “por lo que ampliar la base cotizante permitiría contribuir a aliviar parcialmente esta carga”.

Una de estas vías significaría incorporar a la CSS a quienes trabajan por cuenta propia, sin una relación de dependencia formal.

De acuerdo con las cifras que maneja Quevedo, en 2016 había 75,247 cotizantes no asalariados, es decir, 13% de los informales contabilizados ese año.

En perspectiva, detalló que “los empleados del sector privado representaron el 99% del aumento del empleo entre el 2004 y el 2009, pero sólo el 9% del crecimiento en los últimos cuatro años”.

En ese lapso los trabajadores por cuenta propia pasaron de ser -5% del crecimiento de la empleomanía (2004-2009), a 71% (2014-2018).

Quevedo alertó que el empleo asalariado irá paulatinamente desapareciendo y el trabajo independiente seguirá tomando fuerza, pero “mientras se siga viendo a los independientes como buhoneros y extranjeros seguiremos siendo parte del pasado”.

Aclaró, por otro lado, que afiliarse a la CSS “es un proceso extremadamente burocrático”.

La afiliación por primera vez es complicada. La persona se debe regir por el Reglamento del Seguro Voluntario, someterse a evaluaciones médicas, pagar su cuota y la que correspondería al patrono.

Quevedo se inclina por generar incentivos que ayuden  a los  “informales a cotizar”.

Sostuvo, sin querer ser apocalíptico, que de no aumentar la base cotizante, el sistema va a colapsar.

Vincular ese necesario aumento estrictamente al empleo asalariado privado, que se ha venido contrayendo sistemáticamente en proporción a la expansión del empleo, puntualizó Quevedo, no tiene sentido, por lo que es imperativo buscar mecanismos para que los trabajadores informales coticen”.

Violeta Villar Liste
violeta.villar@capital.com.pa
Capital Financiero

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