La institucionalidad y los problemas socio políticos

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En la sociedad panameña la persistencia de problemas sociales como la recolección de basura y la falta de agua potable, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, así como el deterioro físico de las instalaciones educativas, el deterioro de la seguridad pública y de la salud pública son realidades que ponen a prueba la capacidad del gobierno de poder gobernar el país.

En el caso de nuestro país, estos problemas parecen agudizarse y las autoridades reaccionan con mucha lentitud frente a los mismos. La compra de la compañía MiBus por parte del gobierno y su próxima concesión a una empresa estadounidense genera muchas expectativas en la población de la capital, en torno al servicio que prestará la nueva empresa.

La ineficiencia de las autoridades por su falta de respuesta da lugar a los más diversos comentarios y análisis que califican la situación actual como producto de la inexperiencia de ciertos funcionarios y otros califican la situación actual como una verdadera crisis institucional.

Algunos consideran que este fenómeno tiene como salida una nueva Constitución. Esta salida es muy complicada, porque la misma, generalmente es convocada por sectores insurgentes que alcanzan el poder como producto de una crisis irreversible del sistema imperante.

En medio de esta situación la salida propuesta por algunos sectores de llamar a una constituyente paralela no parece ser viable.

Además, la situación actual, en donde las investigaciones en torno a los casos de corrupción se alargan, revela el choque entre importantes sectores de poder.

La historia de Panamá demuestra que no es la primera vez que este choque se produce, de hecho, se ha experimentado ya en dos ocasiones, lo que generó los golpes de Estado de enero de 1931 y del 11 de octubre de 1968.

Los hechos están demostrando que las investigaciones del Ministerio Público no podrán involucrar a Ricardo Martinelli en ningún hecho delictivo. Por ser este uno de los hombres más ricos del país, tiene contratados al mejor cuerpo de abogados para asegurar que esto será así.

Si la situación actual no ha derivado en un golpe de Estado se debe a que la Policía Nacional ha sido desprovista de carácter político y ya no es un factor determinante en la solución de los conflictos que surgen en la clase política.

La incertidumbre política provocada por las investigaciones de las presentes sumarias en averiguación en el caso de Ricardo Martinelli en donde no se le demostrará nada a este último, podría derivar a una incertidumbre política muy complicada.

Esta combinación en donde el choque entre grupos dominantes y los persistentes problemas sociales pueden provocar una crisis de grandes dimensiones que puede estallar en cualquier momento.

En nuestra opinión debió haberse creado una Fiscalía Especial para enfrentar estos casos de alto perfil. Esta salida era lo que el sentido común exigía, pero no se hizo así, lo que  ha creado una situación muy difícil de enfrentar. 

Miguel Ramos
Economista

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