La jurisdicción coactiva: Arma de destrucción masiva

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La jurisdicción coactiva, es una prerrogativa de la que gozan las entidades del gobierno para cobrar, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor. En este esperpento jurídico el ente estatal es juez y parte; y como toda mala yerba, se ha extendido en el gobierno y no solo para cobrar cuentas, sino también para dirimir contratos. Este privilegio exorbitante como lo llama la jurisprudencia colombiana debe derogarse, antes que destruya la poca institucionalidad que nos queda.

Todo el que ha sufrido un proceso de jurisdicción coactiva no alucina si le recuerda un tribunal Inquisitorio de la Edad Media. Un sistema desprovisto de garantías procesales, donde quien acusa y condena son uno y donde la brutal sentencia, se dicta en esa misma instancia y entonces solo cabe apelación a la Sala Tercera de la Corte Suprema. Allí el recurso llega si el afectado tiene los medios  materiales para moverlo y luego sentarse a esperar que lo fallen. Los demás mortales sucumben y arreglan ante la omnipotencia del poder coactivo.

La jurisdicción empezó, quizá con cierta justificación, para cobrar impuestos. La idea fue crear un proceso para el cobro ejecutivo de obligaciones fiscales sin entrar  en un proceso alterno por la vía judicial que podría evitar la efectividad del cobro. De allí que el personaje central de esta pesadilla jurídica se llame juez ejecutor.

Pero, la práctica no se circunscribió al sistema tributario. Primero vinieron los bancos del Estado a hacerse de esta feroz herramienta para cobrar sus préstamos. Las historias de terror y de poca pulcritud en los bancos del estado son interminables. Ha habido  muchos casos de cobro coactivo que si el banco hubiese tenido que acudir al sistema judicial ni siquiera le hubiesen admitido la demanda por falta de evidencias.

La jurisdicción coactiva se ha tornado viral.  Desde el 2009,  la ley de Contrataciones Públicas le confiere dicho privilegio de  forma ilimitada a todo el aparato estatal, con los cuales los particulares celebren contratos. O sea, ahora las instituciones no solo tienen  el mazo  para cobrar, sino que yo Estado Omnipotente, decido la suerte de los contratos que suscribimos y te aplico la  coacción para hacerte cumplir o pagar. ¡Y eso tristemente se aplica desde el gran constructor hasta la pequeña y mediana empresa (Pyme) que contrata pequeños servicios con un municipio o un corregimiento!

Ya hay graves casos concretos donde las instituciones, como la Caja del Seguro Social  que incumplen los contratos, pero imponen su interpretación  y proceden contra los contratistas sin mayor trámite. Las aseguradoras y los bancos han empezado  a tomarle distancia a los contratos con el gobierno temerosos de este sistema parcializado y unilateral. Con ello al final no habrá contratistas serios ni bancos que los financien, con lo que perdemos gobierno y ciudadanos.

Los jueces ejecutores no son independientes. Son de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, sujetos a los deseos de sus jefes y a las mieles del poder y la corrupción. En algunas partes del gobierno, el  juez ejecutor cobra un porcentaje de lo recaudado, viciando aún más  el proceso. Ahora estos mismos seres están llamados a la interpretación de contratos de los que no conocen ni han sido parte y solo ejecutan el designio de los departamentos legales de las instituciones que, por supuesto, no estarán nunca del lado del particular.  

La jurisdicción coactiva provoca descuido y negligencia en el propio Estado, pero más triste, adormece cualquier interés del gobierno de mejorar la Justicia; ¿por qué habrá de hacerlo si tiene un sistema propio y absoluto con el cual dirimir las cosas a su favor?  Si el gobierno como cualquier ciudadano, estuviera obligado a comparecer ante la justicia ordinaria,  estaría en su mejor interés velar por la excelencia y efectividad del rgano Judicial. 

La jurisdicción  coactiva hay que abolirla, porque crea un privilegio al Estado en contra  de los particulares.

Roberto Brenes Pérez
Director de la Fundación Libertad y miembro del Consejo Editorial de Capital Financiero

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