La jurisdicción coactiva, una herramienta justa y necesaria

La jurisdicción coactiva, una herramienta justa y necesaria

Scales of Justice with gavel

Me refiero a la publicación realizada por Roberto Brenes Pérez, en el periódico Capital Financiero en días pasados. Al respecto, difiero de sus opiniones y más cuando la llama un arma de destrucción masiva o esperpento jurídico.

Es cierto que la Jurisdicción Coactiva es una prerrogativa legal que tienen algunas instituciones estatales por las funciones que realizan; es decir, sancionan con multas o imponen tributos.

En ese sentido, el legislador desde tiempos muy remotos, instituyó mediante Ley la figura de la Jurisdicción Coactiva para el cobro de cuentas estatales. En este proceso, es cierto que el Estado actúa como juez y parte a través de la figura del Juez Ejecutor, quien es la persona a la que se le ha delegado las funciones de cobrar las cuentas, multas e impuesto no pagados; sin embargo, no menos cierto es el hecho de que no se trata de un privilegio exorbitante para dirimir contratos, pues esta no es la función por la que un servidor público a quien se le ha delegado la función de Juez Ejecutor ejercite tal atribución de dejar sin efectos contratos celebrados con el Estado, sino la de cobrar.

La Jurisdicción Coactiva, como su nombre lo indica, es un proceso que se les sigue a las personas naturales y jurídicas a las cuales se les ha impuesto una sanción por infracción de la Ley o por el no pago de sus impuestos en tiempo oportuno.

Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, por lo menos en la institución en la que ejerzo la función de Juez Ejecutor, se le garantiza al contribuyente o agente económico todas las prerrogativas legales, no solo en el proceso de cobro coactivo, sino también en el proceso administrativo, el cual se surte con todo el cumplimiento previsto en La Ley 38 de 2000, y que regula el Proceso Administrativo en general.

Es decir, se les notifica, se les llama a audiencias, se les permiten aportar pruebas y lo más importante, se les brinda el recurrir la decisión final a otra instancia, incluso concurrir a la Corte Suprema de Justicia.

Pero sigamos con lo que nos atañe, el proceso por cobro coactivo y mal llamado por el escritor del artículo, como un arma de destrucción masiva. Al respecto, cabe advertir que las reglas del juego de la Jurisdicción Coactiva, están establecidas en el Código Judicial, normas que debe cumplir todo servidor público que ejerza la función de Juez Ejecutor, desde la notificación del Auto de mandamiento de pago, la cual es de manera personalísima y que le permite de inmediato al que no está de acuerdo con el cobro interponer las excepciones que a bien tenga, lo que traería como consecuencia la perdida de la competencia del juez y lo obliga a remitir las constancias del proceso a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Como se observa, no se trata de un proceso arbitrario y carente de garantías, por el contrario, es un proceso regulado legalmente y que brinda a los ciudadanos que se sienten afectados las herramientas para que se corrija cualquier derecho enervado.

Con relación al proceso coactivo bancario, no haré mayores comentarios, sencillamente por no ser las funciones que realizo, al igual que lo que expresa el escritor referente al supuesto poder omnipotente del aparato estatal para que de manera coactiva deje sin efecto los contratos que con él se celebren.

No puedo concluir mi intervención, sin antes dejar sentado mi total desacuerdo con el escritor, cuando expresa que los jueces ejecutores son de libre nombramiento y remoción y, por tanto, sujetos a los deseos de sus jefes y a las mieles del poder y la corrupción. Me parece irrespetuoso e irresponsable lo expresado, pues existimos funcionarios a los cuales se nos ha delegado las funciones de cobrar coactivamente, sin que exista presión y deseos de jefes que nos lleven a violar las leyes, por el contrario, con lo que a mí respecta, soy un Juez Ejecutor que ejerce sus funciones con total apego a la Ley y garantizando el derecho de contradicción y de defensa que tiene todo ser humano, sin la intervención directa de mi superior jerárquico, quien jamás me ha insinuando  que cometa acto alguno que contraste con nuestro ordenamiento jurídico.

Ariel Adalberto Timpson
Juez Ejecutor
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)

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