La reactivación económica y el proyecto Cobre Panamá

La reactivación económica y el proyecto Cobre Panamá
Se trata de la inversión privada más grande en la historia de Panamá, $6,300 millones| Archivo

Es cierto que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997 luego de 10 años de haberse presentado la demanda correspondiente, dejando en una situación precaria desde el punto de vista legal el Contrato Ley para el desarrollo de uno de los proyectos mineros más grandes del mundo: Cobre Panamá, una mina de cobre a cielo abierto, desarrollada por la empresa Minera Panamá (subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals), valorado en $6,300 millones. 

También es cierto que el Órgano Ejecutivo, liderado por el presidente Juan Carlos Varela, no actuó con la responsabilidad necesaria y desatendió las consecuencias que este fallo podría tener para el proyecto Cobre Panamá, al no enviarlo con tiempo suficiente a la Asamblea Nacional (AN) para su debida discusión y aprobación, bajo el argumento que la decisión de la CSJ no afectaba el Contrato Ley de concesión otorgado a Minera Panamá, cuya prórroga se mantiene vigente.

Pero nada de esto justifica la decisión de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN de rechazar el proyecto de Ley 766 mediante el cual se reafirma el Contrato Ley de concesión para el proyecto Cobre Panamá.

De hecho, los argumentos para rechazar este Contrato Ley carecen de valor y denotan el profundo desconocimiento de la realidad económica del país de los señores diputados.

Ante esta realidad vale la pena ponderar el impacto que podría tener para la economía del país el desconocimiento de este Contrato Ley por parte de la Comisión de Economía de la AN por considerarlo como “leonino” al otorgarle al Estado panameño solo el 2% de las regalías generadas gracias a la producción de cobre y oro.

En este contexto es necesario examinar algunos hechos que evidencian el impacto que ha tenido y tendrá la Mina Cobre Panamá en la economía del país a fin de ilustrar a los señores diputados sobre el peligro que se cierne sobre el país debido a su irresponsable decisión.

El objetivo de Minera Panamá, S.A. es producir 320,000 toneladas de cobre al año y unas 100,000 onzas de oro al año, cuyo valor a precio de mercado sería de aproximadamente $2,000 millones y $1.2 millones, respectivamente.

Se trata de la inversión privada más grande en la historia de Panamá, $6,300 millones, y consta de cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Procesamiento de mineral y la Mina Cobre Panamá. 

Tiene un avance en su etapa de construcción de 91%, y ya llevó a cabo su primera molienda el 18 de febrero de 2019. 

Durante la fase de construcción se estableció una fianza ambiental de $78 millones para garantizar un cierre adecuado de la mina si por cualquier razón esta dejara de funcionar en cualquier momento.

La minera trabaja con más de 1,400 empresas panameñas, invirtiendo unos $1,474 millones en compras a proveedores locales.

La empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social (CSS) de Panamá, $58 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada y $34 millones a la conservación ambiental del país.

Cabe destacar que el fallo de la CSJ se emite luego de transcurrida la ejecución del Proyecto Cobre Panamá que, además de los $6,300 millones invertidos, ha generado unos 13,000 empleos en su etapa de construcción y en la actualidad mantiene una plantilla laboral que ronda los 9,000 trabajadores, bien remunerados.

Todo esto indica que la decisión de los diputados de la Comisión de Economía de la AN no solo tendrá un impacto negativo en la imagen del país y su capacidad para atraer inversión extranjera, debido a la falta de seguridad jurídica, sino que también puede afectar negativamente las posibilidades de la administración del presidente electo, Laurentino Cortizo, de reactivar la economía del país. 

Y es que todas las proyecciones para este año 2019 y el 2020, las cuales fluctúan entre 4.5% y 6%, y de 5% a 6.5%, respectivamente, están basadas en la contribución de la mina Cobre Panamá al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que se estima a partir de 2020 será de 3%, 

Este elemento incluso ha sido tomado en cuenta por las empresas calificadoras de riesgo Standard & Poor´s y Moody’s Corporation para elevar la calificación de riesgo de Panamá, ya que la entrada en operación de la mina es un indicador de la creciente diversificación de nuestra economía.

Y por último, y ello no menos importante, hay que recordar que desde el inicio de la construcción del complejo de la Mina Cobre Panamá la economía de un gran número de comunidades de la provincia de Coclé y el resto del interior del país han experimentado un crecimiento significativo, que podría tornarse en un desastre tan pronto como la empresa minera sufra cualquier percance. 

En conclusión, ya es hora que los miembros de la AN rectifiquen su decisión de rechazar el proyecto de Ley 766 mediante el cual solicita reafirmar el Contrato Ley de concesión para el proyecto Cobre Panamá, si es que realmente quieren demostrar que su interés rebasa la estrechez del interés político y se enmarcan en las verdaderas necesidades e intereses del país. 

Además, deben tener presente que sus decisiones pueden tener un impacto directo en la economía real, por lo que antes de actuar deben hacer el esfuerzo de informarse debidamente, si es que realmente quieren reactivar el crecimiento económico del país, favorecer la atracción de inversión extranjera y generar empleos bien remunerados para todos los panameños. 

Editorial
Edición 939
Del 3 al 9 de junio
Capital Financiero

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