La retorsión se hace necesaria

Al no ser diplomático, solo puedo hacer un análisis simplista para tratar de entender por qué nuestros gobiernos se han negado a aplicar medidas de retorsión a aquellos estados que públicamente han manifestado un desdén por nuestro país y por los panameños.

Ya es hora que tomemos esto como una afrenta personal. Ser panameños no es llorar a moco tendido cantando Patria de Rubén Blades, sino exigirle al Gobierno que defienda la dignidad y los intereses de nuestro país.

Y si este no lo hace, hay que tomar conciencia y negarse a comprar productos de los países que más nos denigran, como Francia, que nos mantiene en una lista discriminatoria unilateral y es la porrista mayor para que la Unión Europea (UE) discrimine contra Panamá.

¿Realmente son indispensables los yogures, quesos y perfumes franceses? Consuma lo nacional por amor a Dios y más en estos tiempos de pandemia de coronavirus (COVID-19). Tómese una cerveza o ron nacional y deje los vinos franceses.

Las medidas de retorsión, aunque no surtan los efectos comerciales o diplomáticos deseados de manera inmediata, mandan una clara señal de que el país que se siente afectado tiene dignidad y está dispuesto a defender sus intereses y los de su población. Panamá no puede quedarse intimidado ante los constantes y despiadados ataques de la UE y de sus hordas burocráticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

El destacado profesor panameño de Derecho Internacional Alonso E. Illueca, en un artículo titulado De Retorsión y Contramedidas (La Prensa, 27 de febrero de 2019) dio en el clavo: “Es por ello que, al momento de tomar una decisión entre las contramedidas y la retorsión, el Estado debe realizar un análisis costo-beneficio, así como evaluar si la respuesta constituiría un acto internacionalmente ilícito o una medida poco amistosa. Lo anterior conlleva sopesar qué tanto las contramedidas como la retorsión pueden agravar la controversia, y que estas privilegian a los Estados u organizaciones política y económicamente poderosas, pues, debido al desbalance de poderes, los efectos de estas medidas pueden ser mínimos. De ninguna manera esto implica dejar de defender el interés nacional. Al contrario, el análisis evidencia la necesidad de una estrategia integral que no solo involucre contramedidas y retorsión, sino que potencie alianzas con jurisdicciones que ofrezcan ventajas competitivas similares y la utilización de las herramientas indicadas que nos ofrece el derecho internacional.”

Nuestro país tiene la legislación adecuada para llevar a cabo las medidas de retorsión necesarias para que nos tomen en serio en el escenario mundial. Me niego a aceptar que nos traten como un país de quinta categoría. Dejemos los complejos de inferioridad.  La Ley 48 del 26 de octubre de 2016, en su artículo 8, establece un listado de medidas tributarias, arancelarias, migratoria, laborales, entre otras que pueden ser aplicadas por el Órgano Ejecutivo.

¿Qué no serán efectivas? Quién sabe, pero, a estas alturas, peor es no hacer nada. Las que nos aplicó Colombia funcionaron perfectamente. A cambio de forzarnos al intercambio de información financiera, el “hermano” país nos tildó públicamente como cómplices en la evasión de impuestos de sus ciudadanos, de lavadores de dinero y estableció aranceles a los textiles de la Zona Libre de Colón (ZLC).

Panamá reclamó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), ganó los fallos, Colombia no hizo caso y lograron su cometido. Alguien que me explique cómo se agravará la controversia con Francia, por ejemplo, si les aplican aranceles a sus productos en señal de protesta.

El Gobierno de Panamá, al no atreverse a aplicar la retorsión u otras contramedidas, permite que los europeos sigan lucrando de los negocios en Panamá, privados y del estado, sin el menor temor a represalias.

Si el gobierno insiste en usar la diplomacia (como si fuéramos reconocidos internacionalmente por ser hábiles en esta ciencia) entonces que lleve el argumento de que Panamá está haciendo la tarea y que solo un organismo internacional como la Organización de Naciones Unidas (ONU) -donde todos los países tengan voz y voto- debe determinar si se cumple o no con los estándares mínimos de transparencia e intercambio de información financiera a los cuales nos hemos comprometido.

Misonius Rufus
Abogado y analista internacional

 

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