La situación económica del país, el nuevo gobierno y la educación

La situación económica del país, el nuevo gobierno y la educación
El deterioro de las Finanzas Públicas es el resultado de una ineficaz política fiscal, en donde se tienen deficiencias en la recaudación de los ingresos y aumentos en renglones de gastos| Archivo

Al revisar las cifras que caracterizan la situación económica de Panamá, luego de terminado un gobierno y realizada la toma de posesión de otro, en julio de 2019, nos mueve a preocupación las mismas. El resultado de la comparación de las cifras del Gobierno Central del año 2018, frente a la estimación al cierre del año 2019 del Balance Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no son nada alentadoras. 

Mientras los ingresos corrientes bajan en 6.9% ($623 millones), los gastos corrientes se incrementan en 11.1% ($789 millones), disminuye considerablemente el ahorro corriente en 75.5% ($1,412 millones) y la inversión baja en $20 millones; consecuentemente el déficit del Gobierno Central alcanza la cifra de $3,225 millones, lo que representa un incremento de 74.89% ($1,381 millones) en el déficit, con respecto al 2018.

Por otra parte, en el Sector Público No Financiero (Spnf) se tienen un superávit de 7.9% ($43 millones), lo que sumado al déficit del Gobierno Central presenta un déficit total de 2.9% de incremento en el mismo ($1,339 millones) que representa el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB), 1.8 puntos porcentuales más con respecto al del año 2018.

El deterioro de las Finanzas Públicas es el resultado de una ineficaz política fiscal, en donde se tienen deficiencias en la recaudación de los ingresos y aumentos en renglones de gastos como Planilla por el orden de 55.9% ($1,099 millones) al pasar de $1,966 millones en el 2014 a $3,065 millones en el 2018.

En el caso de Subsidios a hogares, Caja de Seguro Social (CSS) y empresas, estos aumentaron en 1.5% al pasar de $1,610 millones a $1,634 millones para el mismo periodo.  Vale la pena preguntarse la eficiencia terminal de ese gasto en planilla, así como también los subsidios mencionados, los cuales no se han visto traducidos en mejores servicios en ninguno de los tres renglones subsidiados, que no merecen mayor comprobación.

Al hacer una revisión de la serie del Balance Fiscal del Spnf desde el año 2004 hasta el año 2019, las cifras son elocuentes al respecto de la eficiencia del manejo de las finanzas en este sector, registrándose un déficit récord de 4.9% con respecto al PIB registrado el año 2004, al finalizar el gobierno panameñista de Mireya Moscoso. 

En el 2007, a mediados del gobierno del Partido Revolucionario Democrático de Martín Torrijos, se logró un superávit récord del 3.5%, único durante los últimos 15 años analizados. No obstante, el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) cierra con un déficit de $253 millones. En el 2014, terminando el gobierno de Cambio Democrático (CD) se da un déficit de 3.1%, pero nunca alcanzable a los déficits del gobierno panameñista tanto en el 2004 como en el 2019, de 4.9% y 3.8%, respectivamente, como se observa en la Gráfica No.1.

Llama la atención la tendencia del incremento en el déficit, con independencia de los gobiernos que se han sucedido, lo cual es reflejo no solo de diferentes niveles de ineficiencia, sino también nos hacen inferir algún tipo de no funcionamiento del modelo económico implantado.

En el gobierno actual, asume la dirección del MEF, el mismo ministro del año 2007, cuando se alcanza el mayor superávit durante la serie revisada, se supone que su competencia hará resurgir las finanzas, aunque llama la atención las cifras de contención del gasto, que han de suponer una recuperación económica dentro de año y medio, pero el panameño común y el empresario ya desanimado, ¿tendrá capacidad para comprender esta estrategia económica y esperar esa cantidad de tiempo?

La precitada contención del gasto, formalizada a través de la Resolución de Gabinete N°65 (de 25 de julio de 2019), por la cual se adoptan medidas administrativas y fiscales y da inicio al programa: Austeridad con eficiencia, que implica hacer más con menos para la Vigencia Fiscal 2019; significa, en la práctica, la disminución del presupuesto real en áreas del sector social, ya afectadas durante los últimos cinco años de gobierno, como Salud: $127.9 millones, Vivienda: $43.8 millones y particularmente afectando al Ministerio de Educación (Meduca) y a las Universidades.

El Cuadro 1 desglosa los reglones del ajuste presupuestario, en el cual se aprecia que el 56.32% corresponde al Gobierno Central y el 29.16% a Instituciones Descentralizadas.

En lo que respecta al Sector Educación que representa el 9.52% del total de la contención del gasto, el recorte corresponde a $141,272,567 de los cuales el mayor es del 60% y corresponde al Meduca.

Por su parte, todas las universidades estatales tienen contención, las más fuertes concentradas en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) por el orden de $15,651,385 y en la Universidad de Panamá de $14,131,930, como se aprecia en el Cuadro 2. 

Estos ajustes constituyen una grave lesión al gran aporte que las universidades públicas dan a la sociedad panameña.

El papel de la educación y su derecho a recibir los recursos necesarios para desempeñar su misión está consagrado en la Constitución, las leyes nacionales y por diversos foros internacionales que coinciden en ver la educación superior como un Derecho Humano que debe ser garantizado por los Estados para el logro de una mayor equidad entre los pueblos y donde tenga cabida la movilidad social y la construcción de una ciudadanía nacional y global.

Para la Universidad de Panamá, los recursos provenientes de fondos públicos que se asignan han sido invertidos en el cumplimiento de su misión durante sus 84 años de existencia, entregando al país más de 250,000 profesionales en favor del desarrollo socioeconómico; la matrícula de la Universidad de Panamá absorbe aproximadamente más del 40% del registro a nivel nacional (Inec) y para el año 2019, la Universidad debe dar servicio educativo a 71,752 estudiantes en todo el país que no clasifican como clientes en la educación superior privada. 

Es imprescindible sostener y aumentar los presupuestos públicos a favor de la educación universitaria, a fin de garantizar que se siga formando el recurso humano que el país necesita. 

Desde nuestra perspectiva, a la educación superior se le ha cercenado la posibilidad de operar, al disminuir su presupuesto se le ha conculcado su derecho social. El Estado al no cumplir con su papel de garante de la Educación Superior, escinde el derecho de clases más bajas y excluye el concepto de Derecho Humano.

Somos del criterio que la enseñanza superior debe hacerse igualmente asequible a todos y, por tanto, no caben las contenciones del gasto, ya que, además, la educación es la estrella que alumbra al nuevo gobierno.

Yira Edith Pérez Naranjo
Profesora universitaria

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