La UE y sus “listas negras”

La UE y sus “listas negras”
Todo parece indicar que aún estamos a tiempo para tratar de  frenar las nefastas intenciones de la CE y lograr ser excluidos de una lista en la que simplemente jamás debemos estar.| Archivo

El anuncio de la Comisión Europea (CE) sobre la posible inclusión de Panamá en una lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero, una nueva “lista negra” o discriminatoria, ha generado una legítima indignación y un rotundo rechazo de todos los estamentos de la sociedad panameña, porque es una injusticia de marca mayor.

Hay que recordar que, hace algunos años, la Unión Europea (UE), a instancia de países como Francia y Alemania, incluyó a Panamá en una “lista discriminatoria” por, supuestamente, ser un “paraíso fiscal”, creando una percepción distorsionada de la realidad de un país en el que, si bien rige un sistema tributario territorial, la gran mayoría de sus ciudadanos y sus empresas pagan sus impuestos puntualmente.

Por supuesto, detrás de estas acciones existía la intención de garantizar el intercambio de información fiscal, algo que bien se podía lograr sin alegar que el país no cooperaba en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Mucha agua ha corrido debajo del puente desde aquel momento, ya que el país ha desarrollado en el último lustro un esfuerzo genuino por cumplir con los más estrictos estándares internacionales en materia de regulación y supervisión de su plataforma de servicios financieros, con el fin de garantizar su transparencia y evitar que pueda ser utilizada para el blanqueo de capitales generados mediante actividades ilícitas, incluyendo la evasión fiscal.

Durante este período se aprobó la ley que estableció un mecanismo de registro para las acciones al portador en las Sociedades Anónimas, garantizando el conocimiento, por parte de sus custodios, de quiénes son sus beneficiarios últimos en todo momento. Se firmó un gran número de Tratados de Doble Tributación (TDT) y múltiples acuerdos de intercambio de información fiscal; se establecieron nuevas normas para la prevención del lavado de dinero y se extendió su aplicación a actividades comerciales y de servicios profesionales que estaban exentos de cumplir estas regulaciones y se creó un ente dedicado a supervisar el debido cumplimiento de las nuevas normativas.

Y más recientemente la Asamblea Nacional de Diputados aprobó un nuevo Código Tributario y la Ley que penaliza la evasión fiscal, marcando un cambio fundamental en la doctrina tributaria instaurada en el país desde la fundación de la República, en 1903.

Ha sido un proceso en el que el país ha seguido la hoja de ruta establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), entidades de las que forman parte las naciones que conforman la UE.

La verdad sea dicha: No siempre hemos cumplido con las expectativas de estos organismos en lo referente a la adopción de estándares internacionales, y muchas veces hemos pensado que aprobar nuevas normas es suficiente para cumplir con las obligaciones que hemos contraído y nos olvidamos de aplicarlas, lo que afecta nuestra credibilidad ante la comunidad internacional.

Basta mencionar como un ejemplo, los varios meses que se tomó la Asamblea Nacional para aprobar la Ley que penaliza la evasión fiscal, a sabiendas que su ratificación y entrada en vigencia es vital para mantenernos fuera de las listas discriminatorias y que era un compromiso adquirido con Gafi

Pese a ello, no deja de ser indignante que la CE desconozca lo actuado por Panamá para cumplir los estándares internacionales en materia de regulación de su plataforma de servicios financieros y en la lucha contra el lavado de dinero, pretendiendo incluirnos en una “lista negra”, lo que sin duda alguna afectaría negativamente la imagen y la economía del país. Por ejemplo, afectaría la relación de la banca local con la banca corresponsal de Estados Unidos e incluso podría afectar nuestra calificación de riesgo soberano, lo que elevaría el costo del dinero, encareciendo y deteriorando la calidad vida de todos los panameños. Sin mencionar que sería un obstáculo para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) de los países europeos.

Además, es ruin que, en lugar de comunicar cualquier duda o malestar sobre Panamá a las autoridades del país, la CE haya anunciado su pretensión a través de un medio de comunicación, porque evidencia que, en lugar de buscar resolver un problema, si es que lo hubiese, su intención es hacerle daño a Panamá y los panameños. Además, tengamos presente que países como Francia y Alemania forman parte de la Ocde y el Gafi, por lo que no se explica cómo pueden desconocer los avances de Panamá en la aplicación de estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Por otra parte, no sabemos si el cuerpo diplomático panameño destacado en la UE tenía conocimiento de las intenciones de la CE, ni cuáles han sido los esfuerzos realizados para informar a todos las partes interesadas (autoridades, bancos, reguladores, gremios empresariales, grandes empresas, políticos y medios de comunicación, entre otros) sobre los avances que ha registrado Panamá para adecuarse a las exigencias tanto de la Ocde como de Gafi en los referente a la  lucha contra el lavado de dinero e incluso en el combate de la evasión fiscal, sin embargo, es evidente que en este renglón se puede y se debe hacer más.

En cualquier caso, todo parece indicar que aún estamos a tiempo para tratar de  frenar las nefastas intenciones de la CE y lograr ser excluidos de una lista en la que simplemente jamás debemos estar.

Sin embargo, es importante que paralelamente a los esfuerzos para divulgar el trabajo realizado por el país, con los cambios y sacrificios que esto ha implicado para nuestra plataforma de servicios internacionales, el Ejecutivo prepare cuanto antes la lista de medidas de retorsión a aplicar contra los países de la UE en caso que insistan en su intención de incluirnos en una “lista negra”, porque si bien lo cortés no quita lo valiente, en situaciones como estas hay que estar dispuestos a dar la batalla y no dejarse avasallar.

No obstante, admitiendo que uno de los problemas que enfrentamos es la falta de credibilidad a nivel internacional, también es menester que nuestras autoridades se preocupen de aplicar las leyes y acuerdos internacionales que se han aprobado, porque esta es la única forma en que la comunidad internacional recobrará la confianza en nosotros y reconocerá, tarde o temprano, nuestra decisión de hacer las cosas bien.     

 

Editorial
Edición 923
Del 4 al 10 de febrero de  2019

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