Las jubilaciones especiales

Las jubilaciones especiales

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Recordando la historia, las jubilaciones especiales se otorgaban a través de la Ley 15 de 31 de marzo de 1975 por medio de la cual se crea el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales Obligatorio para los Servidores Públicos (Fcpssp) y la Ley 16 de la misma fecha, la cual Reglamentaba dicho Fondo. El fondo complementario otorgaba dos tipos de prestaciones:

Jubilaciones especiales para determinados grupos de funcionarios públicos amparados por leyes especiales, (rgano Judicial, bomberos, educadores y administrativos del Ministerio de Educación, enfermeras, auxiliares, trabajadores de Correo y telégrafos, Ministerio Público, Policía Nacional, Banco Nacional).

Prestaciones complementarias de vejez, invalidez o incapacidad permanente absoluta a los empleados públicos que no estaban amparados por leyes especiales. 

Este fondo complementario era administrado por la Caja de Seguro Social (CSS) en calidad de fiduciario. La Ley 16 en su artículo 6 reconocía las leyes especiales en la forma como estaban vigentes al momento de su promulgación. La CSS como fiduciario asumía el pago de las jubilaciones y posteriormente el Estado reembolsaba dicho pago. La fuente de financiamiento a partir del año 1978 estaba constituida por una cuota del 2% de los salarios de todos los servidores públicos y por un aporte del Estado, de los municipios equivalentes y entidades autónomas y descentralizadas del 0,3% de los sueldos de los servidores públicos.

Inicialmente los servidores públicos protegidos por leyes especiales se jubilaban con el 100% del último salario y con una antigüedad de servicios que fluctuaba entre 20 y 30 años y en la mayoría de los casos no existía una edad mínima de jubilación; mientras que los servidores públicos que no estaban protegidos por leyes especiales se le otorgaba una prestación complementaria por vejez si el mismo cumplía con la edad normal de retiro establecida en el régimen general de pensiones, si era pensionado por la CSS y si había cotizado al fondo 25 años, de no cumplir con estos requisitos era indemnizado. El monto de la prestación complementaria era el resultado de la diferencia entre el salario devengado por el servidor público en los últimos cinco años y el total de pensión y asignación familiar que recibía de la CSS.   

La tasa de contribución era igual para todos los servidores públicos (2%), sin embargo, la misma no guardaba relación con los beneficios percibidos por los diversos grupos de empleados públicos amparados por leyes especiales y aquellos que no estaban protegidos por dichas Leyes, es decir que existía inequidad en los beneficios recibidos, mientras unos funcionarios públicos se jubilaban a una temprana edad y con el último salario devengado, el resto de los funcionarios públicos que no estaban protegidos por leyes especiales teníaN que alcanzar la edad normal de retiro y se le calculaba su pensión en función del salario promedio de los sietes y seguidamente se le aplicaba la fórmula de cálculo de las pensiones que establecía el régimen general de pensiones (IVM). En todo este último proceso jamás un funcionario público que no estaba amparado por leyes especiales llegaba a alcanzar el 100% de su último salario.

El Fcpssp generaba serios problemas financiero, toda vez que la tasa de contribución no se ajustaba a las condiciones financieras del programa (los ingresos totales devengados eran insuficientes para cubrir el pago de las prestaciones). El Estado procedió a cubrir los constantes déficit de caja que anualmente se presentaban.

A raíz de lo expuesto anteriormente el 17 de febrero de 1990 el presidente Guillermo Endara promulga el Decreto de Gabinete No.43, por medio del cual se hizo uniforme el monto máximo de las jubilaciones especiales con el monto máximo de jubilación que establecía el régimen de IVM, de tal manera que la cuantía máxima de jubilación pasó a ser $1.500 mensuales.

En el periodo 19751997 el Fcpssp había recibido de ingresos $305,5 millones y había generado gastos en pago de jubilaciones y prestaciones complementaria por un monto de $640,7 millones, y por lo tanto un déficit de caja por el orden de $344,2 millones, el cual fue cubierto por el Estado, sin embargo, se requerían al 30 de junio de 1998 aproximadamente $551,2 millones para hacerle frente al pago de la jubilaciones especiales y prestaciones complementaria. De mantenerse la situación del Fcpssp se estimaba que tanto el déficit de caja como el déficit actuarial se incrementarían vertiginosamente.

Ante esta cruda realidad, en febrero de 1997 se promulga la Ley No 8 por medio de la cual se establece el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones para Servidores Públicos, (Siacap). Este sistema sustituye el sistema público de jubilación del Fcpssp por un sistema de carácter individual, basado esencialmente en la Capitalización Plena Individual (CPI); sin embargo, se mantuvo vigente el régimen de jubilación de los miembros de la Fuerza Pública y de los miembros permanentes del Cuerpo de Bombero de Panamá (CBP). Y para el año 2000 se establece el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (Praa), para los educadores del Ministerio de Educación (Meduca) y del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe) bajo un carácter solidario.

Después de la experiencia transitada con las jubilaciones especiales resulta sumamente irónico tratar de revivir un muerto que fue desahuciado hace muchos años por lo oneroso que resultaba mantenerlas vigentes. Hay que recordar que si bien es cierto esas jubilaciones se pagan con cargo al Tesoro Nacional, pero hay que recordar que los recursos del Tesoro Nacional provienen de los impuestos que pagamos los contribuyentes. La Contraloría General de la República como ente Fiscalizador debe pronunciarse sobre el particular.

Israel Gordon Canto
Profesor de la Universidad de Panamá Miembro del Colegio de Economistas de Panamá

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