Las respuestas a la crisis deben ser evaluadas según su eficiencia

Las respuestas a la crisis deben ser evaluadas según su eficiencia

En esta crisis nos toca afrontar nuevas dificultades coyunturales derivadas de la guerra en Ucrania, en adición a las necesidades que ha sufrido nuestra población desde antes del 2019 sin haber alcanzado en el 2021 el nivel del PIB antes de la Pandemia, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Esto quiere decir que en 2022 debemos afrontar más necesidades que antes de la pandemia con menos capacidad económica, lo que nos exige ser más eficientes.

El aumento de la deuda pública del 49% del PIB en 2019 al 69% según datos más recientes de la página web de la Dirección de Financiamiento Público, el aumento de las tasas de interés y las observaciones de las calificadoras de riesgo reflejan que la opción de sufragar gastos con préstamo no es sostenibles.

Por lo que las respuestas a la extraordinaria crisis que vivimos requieren ser inversiones eficientes y sostenibles, lo que implica evaluar de manera técnica las medidas a implementar y la reasignación de recursos para sufragarlos sostenidamente. 

Panamá cuenta con una larga experiencia de subsidio a la energía (electricidad, tanque de gas, y ahora combustible) que muestran que la medida con una buena intención busca resolver un problema inmediato, pero tiende a extenderse y crecer, por lo que hemos sufrido varios de los efectos negativos que advierte el análisis del Fondo Monetario en su reporte Energy Subsidy Reform – Lessons and Implications (Reforma a Subsidios de Energía – Lecciones e Implicaciones): Empeoramiento del déficit fiscal, captación de gasto público prioritario, desincentivo a la transición a un mercado energético más limpio. 

Dentro de esos efectos adversos, es notorio para un país tan desigual que estas medidas sin la debida delimitación del beneficio acentúan la inequidad. La factura que recibimos en la estación de combustible no refleja un descuento, sino que pagamos directo una porción en la estación y el resto lo pagaremos todos a través del Estado.

Esa porción es pagada indistintamente por quien vive en una comunidad a la que ni siquiera llega una calle, así como por quien regularmente viaja entre viviendas en su lugar de trabajo y en un sitio de recreo, pero el consumo de unos y otros no es igual como tampoco su capacidad de soportar el alza del combustible. Por lo que subsidiar indistintamente el litro de combustible consumido no permite enfocar el recurso estatal en quien más lo necesita.

La eliminación del impuesto al combustible tiene asociado un efecto similar en la medida en que priva al Estado de recursos necesarios para atender prioridades urgentes que permitirían una mayor equidad como educación y salud entre otras que motivan las protestas. 

Como indica la publicación conjunta de la ONU y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) titulada Diseño y Evaluación de Incentivos Tributarios en Países en Desarrollo (2018) “los programas de incentivos tributarios que vale la pena adoptar o preservar son solamente aquellos que pueden pasar las evaluaciones costo-beneficio tanto de su impacto económico, como de su impacto de los ingresos”. No sólo el subsidio al combustible, sino de manera amplia los incentivos, exoneraciones, créditos, subsidios y similares representan un costo como una erogación o la pérdida de ingreso del Estado, por lo que es necesario evaluar cada uno de éstos para liberar recursos que no representen un retorno mayor a la inversión y canalizarlos a los que sí generan un mayor beneficio o a las nuevas medidas que deberán ser implementadas.

Dicha evaluación también permitirá lograr una mayor coherencia del sistema tributario afectado por la frecuente práctica de introducir en nuestro sistema medidas para atender un tema puntual, pero que genera efectos no intencionados.

Klaus Bieberach Sch.
Abogado tributario.

Más informaciones

Comente la noticia

Ver todas las noticias