Libertad de expresión y respeto

Libertad de expresión y respeto

Ministerio Público de Panamá

Nunca he podido olvidar la máxima de ese apóstol de la independencia de México y América Latina, Benito Juárez, quien sabiamente argumentó en su momento que: El respeto al derecho ajeno es la paz. Sin embargo, creo que el ser humano es, en general, demasiado egoísta para comprender a cabalidad este paradigma de conducta que exige de nosotros observar una práctica de respeto permanente a los derechos de nuestros congéneres.

En una coyuntura como la que vive Panamá en este momento, con decenas de expedientes abiertos contra ex funcionarios públicos acusados de supuestos actos de corrupción o de graves violaciones a los Derechos Humanos, como la interceptación ilegal de las comunicaciones es importante que el país no caiga en una suerte de histeria colectiva y que la natural exigencia de justicia se transforme en una suerte de venganza colectiva en la que se termine por pisotear el derecho de los imputados a la legítima defensa.

Nadie puede dudar que Panamá está viviendo en la actualidad un momento histórico. Por primera vez en nuestra vida republicana quienes han ocupado cargos públicos y han sido responsables de supuestas irregularidades en el manejo de los fondos estatales, que cumpliendo con el deber de todo funcionario público debían administrar con criterio de buen padre de familia. Es un paso inmenso en materia institucional y seguramente irrevocable, que sin duda pondrá coto a la mala práctica de acceder a los altos cargos públicos  para beneficiarse o beneficiar a parientes o amigos con los recursos del Estado. Igual de importante es que aquellos funcionarios que debían velar por la Seguridad Pública, pero que supuestamente utilizaron los medios de que dispone el Estado para dedicarse a interceptar ilegalmente las comunicaciones de una amplio número de ciudadanos considerados adversarios de la Administración del ex presidente Ricardo Martinelli, estén siendo investigados por esos hechos a fin de deslindar responsabilidades.

El problema, y no es la primer vez que lo digo, es que los medios de comunicación y en particular quienes ejercemos el periodismo tenemos la obligación de informar estos hechos de forma imparcial y de evitar que nuestra labor se transforme en una suerte de linchamiento mediático, en el que toda persona mencionada o sindicada en estos procesos sea condenada por la opinión pública, violentado así el principio de presunción de inocencia y su derechos a la debida defensa.

Quizás muchos de los colegas que hoy en día están dando seguimiento a los procesos judiciales abiertos son demasiado jóvenes para comprender la importancia de informar sobre estos hechos de forma imparcial.  Observe usted que no hablo de objetividad, porque nadie que esté inmerso en una realidad social puede evitar tener un criterio sobre los fenómenos que vive, hablo de imparcialidad, de preocuparse de contar en sus notas periodísticas con la opinión de todas las partes involucradas y de evitar emitir en esos trabajos juicios de valor que puedan ser objeto de posteriores acciones penales contra su persona e incluso contra el propio medio de comunicación.

Ejercer un periodismo responsable, es fundamental para garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Y esto implica muchas veces sobreponernos a nuestros propios valores y creencias para no contaminar con nuestras opiniones o prejuicios la información que a la que tienen derecho a acceder todos los ciudadanos, teniendo presente además que muchos de ellos seguramente tienen valores y creencias muy distintas a las nuestras, por lo que seguramente su opinión sobre un hecho puede variar mucho de la nuestra. En todo caso, la labor del periodista, a mi muy humilde entender,  es brindar a los ciudadanos la mayor cantidad de información posible, así como los criterios del mayor número de especialistas capacitados para interpretar y valorar esos hechos de manera tal que los ciudadanos lleguen finalmente a sus propias conclusiones.

Además, es importante tener presente que generar una expectativa que esté por encima de las posibilidades reales de los procesos judiciales que se adelantan (esperando grandes penas de prisión, por ejemplo) puede llevar a la ciudadanía a una nueva frustración colectiva, ya que conforme a nuestra estructura penal las sanciones para quienes roban millones de dólares de las arcas estatales son significativamente menos drásticas que para el ciudadano de a pie que hurta un celular o roba en un restaurante. Por ello, repito que lo importante de lo que se está dando en este país con algunos ex funcionarios públicos es que por primer vez se han abiertos los procesos judiciales correspondientes, el resultado final será harina de otro costal por lo que lo trascendental realmente es el precedente ya que seguramente quienes hoy ocupan un cargo público estarán conscientes, por primer vez en nuestra historia republicana, que quienes malversen los dineros estatales o traten de enriquecerse ilegalmente en el ejercicio de sus funciones seguramente terminarán igual, respondiendo ante la justicia por lo actuado.

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa

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