Lista de paraíso fiscal y su incidencia económica

Lista de paraíso fiscal y su incidencia económica

costa-del-este-office

En las últimas semanas diversos medios de comunicación han publicado informes sobre la condición de Panamá como país no cooperador en materia de información tributaria y muy recientemente la incorporación de Panamá a la Lista Gris del Grupo Acción Financiera Internacional (Gafi), como resultado de una calificación deficiente del país en la lucha contra el lavado de capitales y la financiación del terrorismo; condiciones que hacen de este tema de especial interés, ya que aunque no destacado, implícitamente asocian a nuestro país como una jurisdicción con estándares similares al de una jurisdicción considerada Paraíso Fiscal.

Esta situación merece especial atención cuando empezamos a medir y a estimar los nefastos resultados que en materia comercial e imagen país esta calificación representa.

Por definición, un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a empresas y ciudadanos no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Por lo general, estas ventajas consisten en la exención total o reducción significativa del pago de los principales impuestos.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), cuatro factores clave son considerados para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal:

La jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo nominales. La Ocde reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si impondrá impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.

Falta de transparencia

Las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.

Permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

Adicionalmente, el concepto de paraíso fiscal abarca aspectos que exceden la consideración tributaria, alcanzando el terreno societario, bancario y penal, lo que explica el nivel de desconfianza que despiertan estas jurisdicciones en las administraciones fiscales de los países con sistemas tributarios poco exigentes.

En base a lo anterior expuesto, los aspectos que generalmente concurren con esta condición son:

Existen autores sobre la temática que indican que un paraíso fiscal presenta los siguientes rasgos agregados, ya antes mencionados:

a) Ausencia o excesiva moderación de los impuestos sobre los beneficios empresariales, donaciones y herencias.

b)Marcadas deficiencias o falencias en materia de supervisión, control bancario/financiero y sobre las transacciones que estos entes realizan.

c)Limitada información de las empresas y de estadísticas completas sobre las operaciones financieras que realizan las entidades financieras.

d) Volumen de operaciones financieras de no residentes, en moneda no local, desproporcionado con respecto al tamaño de la economía.

e) Carencia o muy limitada penalización o tolerancia en relación con la práctica del blanqueo de dinero, y otras deficiencias normativas.

Otro de los rasgos distintivos de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Por lo regular, los datos de accionistas y directores de empresas no figuran en registros públicos, sino más bien se encuentran bajo la custodia de un representante legal, llamado agente residente.

Un paraíso fiscal tiene la característica de que en un mismo territorio suelen convivir dos regímenes fiscales diferentes y legalmente separados. Por un lado, aquel al que están sujetos los residentes y empresas locales al igual que en cualquier otro país y, por el otro, el de los no residentes, que disfrutan de ventajas fiscales y en algunos casos, encuentran obstáculos para desarrollar actividades económicas o de inversión dentro de su propio país.

En un paraíso fiscal, dentro del mismo territorio, residen dos regímenes fiscales distintos y legalmente separados. En primera instancia, aquel a cual se sujetan los residentes y empresas locales de la jurisdicción en mención como en cualquier país, mientras que el otro, es el de los no residentes, que son favorecidos de ventajas fiscales, 

A efecto de poder identificar en forma separada estas dos economías, habitualmente se cuenta con legislación e instituciones específicas reservadas a los no residentes, tal es el caso de los bancos offshore o bien las sociedades IBC (International Business Companies, por sus siglas en inglés).

Lo anterior ha provocado que estos países, en ocasiones muy pequeños en extensión y población, hayan conseguido acumular aproximadamente un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para los nacionales de los países y territorios mencionados, así como para los gobernantes y dirigentes financieros, el ser considerado como paraísos fiscales, representa una – marca nefasta- ya que por lo regular se les acusa de contar con las infraestructura y medios financieros para albergar a evasores fiscales, narcotraficantes, lavadores de activos que encubren sus actividades e identidades tras sociedades offshore o fundaciones.

Aunado a esto, podemos encontrar manifestaciones de molestia de países que, tras haber sido señalados como paraíso fiscal, califican de no transparente la listas elaboradas por la Ocde. La  molestia radica en su mayoría, en el hecho de que los cataloguen como naciones o territorios faltos de cooperación para respetar los estándares internacionales. 

La percepción negativa de los paraísos fiscales se deriva de los siguientes aspectos:

a) Posibilidad de que los contribuyentes con grandes negocios o riquezas escapen de sus obligaciones fiscales, generando como consecuencia la reducción de los ingresos corrientes que utilizan los Estados para cumplir con sus deberes constitucionales.

b) El recurrir a los paraísos fiscales tiene un efecto en la competitividad de las compañías transnacionales, ya que al aprovechar las ventajas fiscales obtenidas éstas se vuelven más competitivas en comparación a sus pares similares internas.

Con ello se deriva una distorsión de la competencia en el mercado interno, toda vez que las reducciones de precio no es logrado como consecuencia de mayor productividad, sino por efecto de la evasión y elusión de obligaciones tributarias.

c) Conducen a una fuerte y destructiva competencia fiscal. Para atraer inversión extranjera, los países no considerados paraísos fiscales tienen que recurrir a tasas de imposición que les permitan ser competitivos frente a aquellos. Lo anterior, reduce de forma importante su acceso a recursos que, de no existir dicha competencia dañina, estarían a su disposición.

Además, las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales son asociadas con Estados que brindan facilidad para ocultar el producto derivado de actividades ilícitas, y el blanqueo de capitales. 

Según la Ocde la globalización de los mercados  y el libre flujo de capitales han cambiado las formas en que los sistemas fiscales se relacionan. Los países han tenido que realizar reformas cruciales en sus sistemas fiscales con el objeto de alcanzar mayor eficiencia y seguridad jurídica que conlleve a la atracción de mayores flujos de capital ya que el nivel de competitividad desigual que presentan los paraísos fiscales requieren de medidas integradoras para reducir la disputa por la inversión extranjera y por los flujos de capital entre Estados.

Podríamos decir que la globalización ha generado efectos positivos y negativos sobre los sistemas fiscales de los países. Como efecto positivo, ha procurado una competencia entre los países por brindar mejores, más eficientes y más seguras normativas fiscales. Sin embargo, los efectos negativo se presentan debido a la facilidad que las personas y las empresas pueden eludir o evadir el pago de tributos, utilizando territorios que basan su competitividad sólo o principalmente en la posibilidad de acoger capitales sin cargas tributarias (o con cargas muy reducidas) y en tener restricciones a la revelación de información relacionada de dichos capitales.

El debate que genera  la existencia de paraísos fiscales  y  lo que constituye  el verdadero problema  es que los mismos pueden llegar a erosionar las bases fiscales  de los demás países y por la ausencia de intercambio de información pueden ser utilizados para actividades ilícitas o bien reducir o eludir la carga tributaria en otros Estados. 

No hay duda, que el impacto económico y social que tiene la utilización de los paraísos fiscales sobre los países de tributación ordinaria es considerable, ya que se enfrentan estas jurisdicciones a la paulatina reducción de los recursos necesarios para conseguir el bienestar de su población, lo cual hace meritorio la constante reflexión sobre cómo combatirla.

Realidad panameña.

La misión del FMI, para febrero del 2014 en su visita a Panamá destacó entre una serie de aspectos, lo relevante del desempeño económico experimentado que se ubicó de forma promediada en 8,5%, siendo el más alto de América Latina, destacando los fundamentos sólidos y estables registrado por la banca panameña, su alto nivel de capitalización, liquidez y rentabilidad.

Entre los temas que resalta dicho informe en temas de mejora de la transparencia del sector empresarial y financiero fue la promulgación de la ley relacionada a la custodia de las acciones al portador.

En materia financiera destaca los esfuerzos por modernizar la supervisión y transparencia del sector financiero, lo cual lo valoro como positivo aunque deja claro la necesidad de seguir mejorando la transparencia de los sectores empresarial y financiero, conforme a las normas del Gafi y el Foro Global, tarea que reviste particular importancia en el caso de Panamá dada su función como centro financiero. 

Las autoridades panameñas deben continuar desarrollando las redes de protección financiera y deben esforzarse por ampliar la capacidad para vigilar los riesgos sistémicos, la adopción de medidas prudenciales y la supervisión de entidades financieras no bancarias.

En el mediano plazo, se plantea la necesidad de nuevas políticas estructurales y reformas institucionales necesarias para garantizar una adecuada transición de un crecimiento fuerte y sostenible en el mediano plazo una vez hayan terminado los proyectos en desarrollo de inversión pública de gran trascendencia. Es necesario continuar fortaleciendo la sostenibilidad externo y competitividad para afrontar las presiones inflacionarias y evitar una apreciación mayor del tipo de cambio real.

Los retos como país que deberá superar Panamá van desde una clara determinación de acción sobre lo que hará para poder cumplir con las 40 recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales y las nueve especiales del Gafi para el combate del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, así como la puesta en ejecución de la ley que inmoviliza las acciones al portador, pese a la resistencia de grupos de abogados panameños especialistas en sociedades anónimas. 

Hay que recordar que formar parte de la lista gris es colocarnos como país en la mira del mundo desarrollado socios de la Ocde, el FMI, el Gafi y el Grupo de los 20 (G-20), lo cual trae consigo una serie de dificultades en la obtención de financiación internacional menos costoso, para el sector público como privado y en última instancia, más no descabellado, perjuicio reputacional que puede tener consecuencias importantes en el mantenimiento de la calificación de Panamá como país Grado de Inversión que por años nos costó alcanzar.

Efectos puntuales para la 

economía panameña.

Al momento de evaluar los efectos sobre el ser considerado un país perteneciente a Lista Gris del Gafi, consideremos ciertas cifras, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  

En primera instancia, un aumento progresivo en los últimos años de la participación del sector servicios, generando que su composición dentro del Producto Interno Bruto alcance un 73%. Seguido a ello, más del 60% de la Inversión Directa Extranjera de 2012 estuvo asociada al sector servicios; todo ello creando una independencia importante del sector servicios.

En términos generales, las restricciones que pueden enfrentar jurisdicciones consideradas no cooperadoras, podemos enunciar: 

Restricciones a las empresas y los bancos en materia de costos de financiamiento y la transferencia de dinero, lo cual podría traducirse en una contracción del crédito para los mismos y la economía en su conjunto, al darse una contracción parcial o casi total de las líneas de crédito de las casas matrices de los bancos.

El costo reputacional como país no cooperador sería demasiado alto, afectando directamente la imagen externa de Panamá y la inversión extranjera directa.

Discriminación que afecta la competitividad del sector financiero panameño.

Como ejemplo puntual, medidas discriminatorias por parte del IFC, brazo financiero del Banco Mundial, contra el uso de sociedades anónimas en estructuras corporativas. Además, se puede agregar limitaciones en todos los apoyos financieros provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Dificultad en la captación de nuevas entidades financieras de primer mundo que puedan mostrar interés de establecerse en nuestra plaza, así como, posible retirada de entidades financieras que no desean poner en riesgo su reputación global.

Las autoridades de Panamá deben lograr un consenso con todos los sectores relacionados con el ámbito financiero que persiga la unificación de las tareas a seguir para lograr la salida, lo más pronto, de Panamá de la lista gris. El país no debe poner en riesgo su éxito económico y social que hoy por hoy ha beneficiado a miles de panameños, gracias a un aumento importante de la inversión extranjera directa y el país, que hoy por hoy, representa oportunidades para el público inversionista.

Nota: el contenido de este artículo es responsabilidad de su autor y no representa la opinión de la SMV.     

Luis Samudio Barría
Oficial de Inspección y Análisis de la Superintendencia del Mercado de Valores
Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá

Más informaciones

Comente la noticia

Ver todas las noticias