Lo que debe saber del contrato entre Banapiña, S.A. y el Estado

Lo que debe saber del contrato entre Banapiña, S.A. y el Estado
La actividad bananera en Barú generará unos 3 mil empleos directos.| Pixabay

El contrato entre la empresa Banapiña, S.A. y el Estado, con el que se retomará la actividad bananera en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional este 26 de abril y quedó listo para ser promulgado en Gaceta Oficial para convertirse en ley de Panamá.

Con el voto unánime, las bancadas dieron luz verde al proyecto que estipula la reactivación de la producción bananera en Chiriquí Grande en Bocas del Toro y en Barú y Alanje en Chiriquí.

Se espera crear más de 3 mil empleos directos y otro 12 mil indirectos en las áreas comerciales.

De acuerdo a lo establecido en el contrato, Banapiña de Panamá, S.A., subsidiaria de la transnacional Del Monte, debe realizar una inversión mínima de 100 millones de dólares en siete años.

El acuerdo está establecido en un período de 20 años, prorrogables en igual periodo, exceptuando las exenciones fiscales, que deben ser revisadas por el Estado cuando concluya la primera etapa del contrato.

De igual manera, dentro del contrato se estipula el arrendamiento de terrenos con acondicionamiento para la siembra de bananos y/o plátanos, instalación de sistemas de riego, construcción de infraestructuras para empaque y exportación del producto.

Para entrar en ejecución, este contrato Ley debe ser sancionado por el presidente Juan Carlos Varela y, posteriormente, publicado en Gaceta Oficial.

Cláusulas

Entre las principales cláusulas del contrato se establece que:

La empresa deberá entregar en un año un plan de desarrollo, que incluya aspectos sobre el cronograma, inversión, arrendamiento de terrenos, entre otros.

Se dispone que la compañía podrá hacer exportaciones y el Estado le ayudará a obtener una concesión portuaria en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Banapiña, S.A. podrá rehabilitar y acondicionar todo el sistema de riego. El Estado tramitará las solicitudes que presente la empresa para la obtención de permisos y concesiones de aprovechamiento de agua con una tarifa establecida a un dólar por hectárea, por año, los primeros 20 años.

Se darán en concesión seis fincas propiedad de la Nación, así como cuatro plantas empacadoras, siete bodegas de agroquímicos, cuatro estaciones de bombeo, tres edificaciones en blanco y tres edificaciones en Puerto Armuelles, que son parte de las infraestructuras del Estado.

Además, el Estado subarrendará a la empresa mil 770 fincas de propietarios individuales que alquilará en Barú.

El canon de subarrendamiento total es de 7 mil 500 dólares por cada finca para hacer un total de 13 millones 275 mil dólares, será pagado por la empresa al Estado.

Otras disposiciones

El Estado, a través del Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa), o de la institución que en el futuro lo sustituya, realizará la coordinación necesaria con las empresas hidroeléctricas del área, presentes y futuras.

Esto se haría con el objetivo de que durante la estación seca las empresas hidroeléctricas permitan el paso de agua en la cantidad suficiente para que la empresa pueda tomar de los ríos Chiriquí Viejo, Palo Blanco y el Canal Colorado, en el sector de Barú, y de los ríos Chiriquí Viejo y Gariché, en el sector de Divalá, el caudal necesario para la irrigación de sus plantaciones.

La empresa será autorizada, previo cumplimiento de los procesos legales correspondientes a rediseñar y/o reorganizar, las áreas en las cuales realizará sus actividades, en los sectores de Barú y Alanje, a fin de reubicar, trasladar, modificar y/o eliminar las servidumbres, canales de drenajes e irrigación, caminos, líneas férreas, líneas de agua potable, de aguas servidas, tendido eléctrico, sistemas de comunicación, etc.,

En el aspecto laboral, se dispone que la empresa determinará mediante contrato de trabajo respectivo el día de descanso semanal obligatorio del trabajador, que podrá ser cualquier día de la semana.

Mientras que le corresponderá al Estado conceder el permiso migratorio que corresponda y el permiso de trabajo al personal extranjero especializado o en entrenamiento, establecido por la empresa para llevar a cabo sus actividades.

La empresa pagará los tributos municipales que le correspondan, por razón de las actividades que realice en el Municipio de Barú, pero en ningún caso la suma total a cancelar por este concepto podrá ser superior a 312 mil dólares anuales, en 12 mensualidades iguales, a más tardar el último día hábil de cada mes.

Exceptuando lo dispuesto en el contenido de este contrato, la empresa estará exonerada de los tributos, impuestos y demás gravámenes, incluyendo el pago por tarifas de protección o de otra denominación presentes o futuras.

Si la empresa fuese gravada con mayor cuantía en concepto de tributos municipales o si fuese gravada con nuevos tributos, de cualquier municipio de la República de Panamá, las obligaciones adicionales y lo que exceda de 312 mil dólares anuales, serán asumido por el Estado.

Banapiña, S.A. deberá entregar al Estado una carta de garantía bancaria que tiene como objeto garantizar la inversión contemplada en el plan de inversión de la empresa.

El Estado se compromete a pagar la deuda del anterior operador bananero con los acreedores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar) cuando se promulgue en la Gaceta Oficial el presente Contrato.

Nota relacionada: Reactivación de baneras en Barú, en manos de la Asamblea 

Más informaciones

Comente la noticia

Ver todas las noticias

Patrocinado por BANCO GENERAL