Los gobiernos y la responsabilidad fiscal

Los gobiernos y la responsabilidad fiscal
La situación actual de las finanzas públicas abre la puerta a solicitar, una vez más, un cambio de la Ley| Archivo

Cuando analizamos el desarrollo de las economías latinoamericanas encontramos a Panamá con un respetable 3.7% de crecimiento en 2018 y proyecciones para el presente año que de entre 4.5% y 5%, frente al resto de países vecinos, donde crecer al 1.5%, 2.0% o 3.0% es todo un suceso.

Sin embargo, vale la pena preguntarnos ¿Por qué a pesar de ser una de las economías con mayor crecimiento de la región, actualmente estamos lastrados por una marcada desaceleración económica, al menos en los últimos cinco años? ¿Qué hace que a pesar de contar con un presupuesto estatal anual que supera los $24,000, no alcance para cubrir las necesidades elementales de la población?

Según datos de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año 2017 el Gobierno Central cumplió con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (Lrsf) que estipulaba un tope de 1% para el déficit fiscal, mientras que para el año 2018 el Gobierno central impulsó cambios a esa norma para que se permitiera llevar este déficit al 2%.

n el contexto actual de cambio de administración, el panorama se muestra igual de incierto ya que con la cantidad de promesas acordadas para el nuevo quinquenio, parece imposible conseguir mantener el nivel de déficit dentro de lo que la Ley permite.

La situación actual de las finanzas públicas abre la puerta a solicitar, una vez más, un cambio de la Ley, ya que se esperan salidas de los recursos estatales para cubrir las deudas pendientes del Estado con sus proveedores, inversiones en el sector agropecuario y el abastecimiento de agua en el país.

Las expectativas del pueblo y de sus sectores productivos giran en torno a que el nuevo gobierno cumpla sus promesas de inversión y, al mismo tiempo, con las normas de responsabilidad fiscal contempladas dentro de lo estipulado en la Ley 34.

En el artículo 10 de Ley 34 se detalla con claridad que las administraciones entrantes deberán contar con un Plan de Inversión para los próximos cinco años, que debe incluir las estimaciones en cuanto a ingresos y gastos del quinquenio 2019–2024. 

Lamentablemente, la práctica gubernamental consiste en agrandar las proyecciones de ingresos, para así desde estas proyecciones “abultadas” elaborar estrategias de inversión, lo que termina en presupuestos del Estado, pese a que al final el país no cuenta con los recursos para cumplir esas expectativas. Es lo que ha sucedido en el primer trimestre de este año cuando el Gobierno Central estimaba $2,112 millones de ingresos corrientes y la realidad es que solamente se han recaudado $1,585.9 millones.  

Alonso Antonio Taylor
Estudiante de Maestría
Universidad Interamericana de Panamá (UIP)

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