Más $251 millones en lesión patrimonial y 2.200 personas involucradas

Más $251 millones en lesión patrimonial  y 2.200 personas involucradas

El Tribunal de Cuentas han dictado 317 sentencias condenatorias por un  monto de $22,6 millones

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En más de $251 millones se estima la lesión patrimonial contra el Estado panameño y en la que aparecen involucradas 2.200 personas, revela un audito del Tribunal de Cuentas, donde figura el Ministerio de Educación (Meduca) como la institución con  el mayor número denuncias.

Las señalamientos contra el  Meduca se refieren principalmente al uso del Fondo para la Equidad y Calidad en la Educación (Fece), mientras que en la Asamblea Nacional se presentó un anteproyecto de ley que establece medidas de protección para las personas que denuncien delitos contra la administración y la fe pública.

De acuerdo con la auditoría  del Tribunal de Cuentas, que abarca desde el    15 de enero del 2009 al 30 abril del 2016, la lesión patrimonial supera los  $251 millones,  con un total de  243 expedientes, donde figuran 2.200 personas  entre funcionarios públicos y empresas privadas  que contratan con el Estado.

El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, informó que se han dictado 317 sentencias condenatorias por un  monto de $22,6 millones y 794 personas naturales y  jurídicas han sido declaradas culpables.

Cigarruista precisó que se han cautelado 421 fincas con un valor catastral de $8,2 millones,  720 cuentas bancarias por $4,1 millones, 1.091 vehículos han sido secuestrados y  se han ejecutado 20 fianzas de cumplimiento por  $ 532.730.

El magistrado del Tribunal de Cuentas precisó que el Meduca es la institución que más denuncias recibió, especialmente relacionada con el Fece.

El Meduca a través del Fece es donde más se dilapida el dinero. Es el dinero que más se extravía, precisó.

La Resolución de Cargos o de Descargos dictada por el Tribunal de Cuentas puede ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la acción contencioso-administrativa que corresponda.

De no recurrirse a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o fallar en contra del acusado, el Tribunal de Cuentas envía copia de la Resolución de Cargos con la información sobre los bienes cautelados a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los efectos de hacerla efectiva, mediante procesos de jurisdicción coactiva, para que el Estado panameño recupere el patrimonio del  que fue privado por la lesión causada.

La responsabilidad patrimonial es independiente de toda responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria derivada de los actos que le dieron origen.

Mediante la Ley 67 de 14 de noviembre del 2008 se instauró el Tribunal de Cuentas con jurisdicción permanente en todo el territorio nacional y su esfera de competencia comprende el juzgamiento por las irregularidades, que impliquen apropiación, pérdida o menoscabo de los fondos y los bienes públicos, en vista de acciones u omisiones de todos aquellos  servidores públicos o particulares que, en su caso, los reciban, los recauden, los manejen, los inviertan, los paguen, los administren, los cuiden, los custodien, los controlen, los aprueben, los autoricen, los paguen o los fiscalicen.

Su competencia abarca las conductas irregulares de los empleados  y los agentes de manejo (particulares).

La acción de cuentas prescribe, al igual que las infracciones fiscales, en un plazo de 10 años, que comienza a correr desde que ocurrieron los actos lesivos al patrimonio estatal.

Este plazo se interrumpirá en el momento en que la Contraloría General de la República realice la primera diligencia escrita por razón de un examen, una auditoría o una investigación concluida o aun sin concluir

A criterio del magistrado Cigarruista, la Contraloría General de la República es muy lenta, lo que entorpece la labor del Fiscal de Cuentas, que no puede actuar si no hay un audito de la Contraloría.

Se demoran demasiado, la Contraloría no tiene la capacidad suficiente para que en dos o tres meses tener el  audito que  permita agarrar a los implicados antes que cambien todo, se lamentó Cigarruista.

Según el funcionario,  a dos años de cambio de gobierno, recién llegó, hace unos días, el audito del proyecto de Riego de Tonosí. Bien tontos son si no cambiaron las fincas y cuentas a nombre de otros, precisó.

En la Asamblea Nacional, el diputado panameñista José Antonio Domínguez presentó un anteproyecto de ley que establece medidas de protección para las personas que denuncien delitos contra la administración y la fe pública.

Domínguez argumenta que los servidores públicos conocen cómo se hacen las cosas en sus respectivas instituciones, sin embargo, si llegan a descubrir alguna anomalía prefieren  callar, sobre todo estando bajo la dirección un superior jerárquico.

Imaginémonos, cuántos millones podríamos salvar del Tesoro Nacional, si las denuncias por corrupción  procedieran en tiempo oportuno, destacó.

Este anteproyecto de ley establece que la persona que denuncie, querelle, testifique o participe en cualquier forma o  instancia de un proceso judicial por la presunta comisión de delitos contra la administración o la fe pública, tendrá derecho a que su identidad no sea revelada durante el proceso ni después de finalizado el mismo.

La iniciativa legislativa es aplicable al servidor público que labore en cualquier dependencia del Gobierno Central, instituciones autónomas o semi autónomas, municipios, juntas comunales y locales y empresas públicas y mixtas.

Esta ley también aplicará a las personas naturales o jurídicas que sean o hayan sido contratantes en negocios con el Estado.

Orlando Rivera
Orriver Hotmail.com
Capital Financiero

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