Más allá de la caja registradora

Más allá de la caja registradora

La defensa de nuestra plataforma de servicios internacionales, que incluye a la ZLC, requiere de la unidad de todos los panameños

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Durante años Panamá ha sido víctima del uso abusivo, por parte de Colombia, de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al aplicar, una y otra vez, medidas discriminatorias contra las exportaciones procedentes de la Zona Libre de Colón (ZLC). Dicho abuso, se ha dado bajo el supuesto que las transacciones que realizan los comerciantes colombianos en esa zona franca son ilegales, ya sea porque ingresan a su país sin pagar el impuesto correspondiente (contrabando) o pagando un impuesto inferior al real debido a que son objeto de subfacturación.

El conflicto entre Panamá y Colombia por la aplicación de medidas discriminatorias contra la ZLC, se inició cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) del Ministerio de Hacienda limitó el ingreso de mercancías procedentes de esa zona franca al puerto de Barranquilla y el aeropuerto de El Dorado en Bogotá, medida que fue levantada antes de que Panamá interpusiera un panel ante la OMC.

Posteriormente, Colombia estableció un arancel especial a todas las mercancías procedentes de la ZLC, acción que fue objetada por Panamá ante la OMC. El organismo falló a favor del istmo y obligó a Bogotá a desmantelar la medida, aunque unos meses más tarde la sustituyó por la aplicación de un arancel específico a los calzados y textiles procedentes de la zona franca panameña por considerarlo como una triangulación, medida que también ha sido declarada como ilegal por la OMC.

En resumen, Colombia ha jugado al gato y al ratón con Panamá, aplicando una y otra vez medidas discriminatorias a sabiendas que contravienen los acuerdos de la OMC y convencido de que Panamá seguiría, como lo ha hecho, el largo proceso formal para exigir su desmantelamiento e ignorando al máximo posible los fallos emitidos en su contra.

Ante este escenario, y en particular ante la decisión de Colombia de extender hasta el mes de noviembre el decreto que establece las medidas discriminatorias contra la ZLC, a Panamá no le ha quedado otro camino que adoptar medidas de salvaguarda contra algunos productos colombianos, a fin de exigir respeto a las normas de la OMC y con el objetivo de obligar a las autoridades colombianas a rectificar sus actuaciones.

Dichas medidas incluyen el incremento de los aranceles de importación al carbón, el clinker y las flores procedentes de Colombia.

Lo triste es que tan pronto estas nuevas tasas arancelarias han comenzado a regir, algunos gremios empresariales han expresado su temor de una escalada tensión comercial entre Panamá y Colombia. La preocupación se centra en que por defender a un sector de la economía (ZLC), se termine perjudicando a otro (industria manufacturera) o a que se incremente el costo de algunos bienes como el cemento y la energía eléctrica, por lo que han solicitado al Ejecutivo que trate de encontrar una solución diplomática al tema.

No obstante, sería bueno que quienes así piensan dejen por un momento de priorizar el sonido de sus cajas registradoras y comprendan que el conflicto con Colombia es más complejo de lo que parece y que Panamá debe darse a respetar en el concierto de las naciones libres e independientes, aun cuando esto tenga un costo a corto plazo para la economía.

Este conflicto ha dejado en evidencia que Colombia se ha convertido en un instrumento regional de la Ocde, utilizado para atacar la plataforma de servicios internacionales de Panamá, a cambio de su ingreso a este organismo multilateral.

Y la mejor prueba de ello fue su intención de vincular los aranceles discriminatorios contra los textiles y calzados procedentes de la ZLC con supuestas actividades de blanqueo de capitales, un argumento que se presenta paralelamente a la suspensión de las negociaciones del Tratado de Doble Tributación (TDT) entre ambos países, a pesar de los avances logrados en materia de intercambio de información tributaria.

Los panameños hemos exigido durante años a los gobiernos de turno que actúen con dignidad y sin temor contra aquellas naciones que nos discriminan, pero eso es imposible si algunos sectores de la economía o gremios empresariales se preocupan más del impacto que las acciones de Panamá puedan tener sobre sus actividades puntuales, que de defender los intereses del Estado panameño y sus ciudadanos.

La defensa de nuestra plataforma de servicios internacionales, que incluye a la ZLC, requiere de la unidad de todos los panameños, porque lo que está en juego es el modelo económico que hemos construido en los últimos 50 años y que hoy nos permite presentarnos al mundo como la economía de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, porque si esa plataforma desaparece es seguro que el resto de los sectores de la economía, más tarde o más temprano también lo harán.

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