Más de $350 millones en 2020 para obras de movilidad y vialidad bajo modelo APP

Más de $350 millones en 2020 para obras de movilidad y vialidad bajo modelo APP
En relación con el Metrocable, el MOP espera mejorar la calidad de vida de los residentes, con un impacto en más de 300,000 personas| Archivo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) estima que en 2020 se licite bajo el régimen de Asociación Público-Privada (APP) las dos líneas del Metrocable de San Miguelito por $160 millones y la costanera de Panamá Oeste por un monto de $200 millones.

De igual modo el MOP maneja un contrato de mantenimiento por estándares de las principales vías del país. En una primera fase espera atender 450 kilómetros de la Panamericana.

El monto de inversión varía entre $400 millones y $1,000 millones, pero depende de cuántos tramos se incluya dentro del contrato que selecciona infraestructura existente y establece unos lineamientos de mantenimiento, explicó Rafael Sabonge, titular del MOP, a Capital Financiero.

En relación con el Metrocable, el MOP espera mejorar la calidad de vida de los residentes, con un impacto en más de 300,000 personas, además de impulsar la recuperación del espacio público.

Reconoció que para garantizar el acceso de los ciudadanos a esta modalidad de transporte, el Estado subsidiará la tarifa como ocurre con los demás sistemas públicos urbanos.

Con respecto al financiamiento de las obras bajo el paraguas de la Ley APP, destacó que los fondos iniciales para la ejecución de las obras deben venir de la empresa privada, son financiadas por los usuarios y el Estado complementa con pagos a largo plazo.

Dijo que hay empresarios locales interesados en participar en este tipo de contratos y tienen la capacidad para hacerlo.

José Ramón Icaza, tesorero de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), explicó que parte del éxito del financiamiento de las APP está asociado a contar con un ente independiente, en particular una multilateral, porque además tienen la experiencia de su trabajo en la región.

En la actualidad el Banco Mundial (BM) está apoyando la reglamentación de la Ley APP, pero también, anunció, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), “han mostrado interés en realizar el acompañamiento en estas primeras APP”.

Icaza insistió que reglas justas y claras permitirá dan credibilidad y confianza al inversionista.

Leroy Sheffer, abogado experto en políticas públicas y vicepresidente de la junta directiva del Banco Nacional de Panamá (BNP), resaltó durante el foro sobre las experiencias de las asociaciones público privadas en Latinoamérica, organizado por la Cciap y la Cámara Panameño Chilena de Comercio (Cpcc), que es un reto definir proyectos de interés con sentido público.

De igual modo, que sean factibles, evalúen el impacto ambiental y los contratos tengan definidos parámetros de legitimidad.

Por otra parte, observó, en el modelo que Panamá ha adoptado con la Ley APP, los límites de contratación deben generar sistemas de concertación, en particular con los gobiernos locales “y eso nos lleva a hacer un esfuerzo de  priorización desde la visión de más alto nivel de la planificación pública, porque a lo mejor el apetito de un gobierno local sea distinto al central”.

Otro factor a considerar, apunta Sheffer, son los límites a la contratación que establece la Ley APP.

Al respecto, los proyectos de la entidad pública contratante “no pueden estar por encima del 30% del valor de la inversión que se proyecte ejecutar en los próximos cinco años o el 30% del valor de lo invertido en el periodo inmediatamente anterior, de acuerdo con el Plan Quinquenal de Inversiones en los ejercicios respectivos”.

En el caso de los gobiernos locales, “no puede exceder el 10% de los ingresos corrientes generados en el periodo anterior o no exceder, en los cinco años subsiguientes, el 20% de los recursos disponibles para inversión de acuerdo con las disposiciones de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública”.

Juan Pablo Zárate, director de Banca e Inversión de Banistmo (grupo Bancolombia), observó que “Panamá tiene un sector bancario exitoso pero conservador en cómo se analizan y gestionan los riesgos asociados al financiamiento y, uno de los retos con las APP, en financiar a largo plazo e integrarnos para trabajar con los actores del proceso para sentirnos tranquilos al momento de ejecutar los desembolsos”.

Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas de Chile,  explicó que en Chile, en obras públicas tradicionales, el sistema ha permitido adjudicar una inversión cercana a los $24,000 millones en sus 26 años de APP que incluye, entre otras obras, más de 3,246 kilómetros de autopistas interubanas, 11 terminales aeroportuarios, tres hospitales y estructuras novedosas como embalses y teleféricos.

Destacó que las APP activan la economía y el empleo, adelantan obras que no son posibles de financiar con recursos fiscales y liberan recursos de inversión y mantenimiento para otras obras de infraestructura o inversión social, además de generar eficiencia y mantenimiento de las obras.

Para lograrlo, indicó, es necesario responder preguntas claves: Qué país queremos, qué sociedad queremos; cuál infraestructura necesitamos en aras de la productividad y objetivos sociales y económicos del país y cómo la financiamos y mantenemos.

Enrique Vargas Lleras, directivo de la Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia), aclaró que no todos los proyectos son susceptibles de ejecutarse con las APP.

Puso el ejemplo de Bogotá, cuya primera línea de Metro se adjudicó en 2019 a una firma china y cuyo costo hace imposible tener el retorno suficiente para el pago de la inversión y manejar el proyecto por APP.

Juan Carlos Latorre, exviceministro de Obras Públicas y miembro de concesiones de Chile, detalló que el sector privado se interesará en una APP si el modelo de negocios le permite tener rentabilidad.

En el caso de su país las obras asumidas por el sector privado bajo el modelo APP, permitieron al Estado concentrar sus recursos en iniciativas de impacto social con lo cual la inversión pública aumentó diez veces entre 1994 y 2015.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

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