Más que una alianza contra corrupción y la impunidad

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La semana pasada la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) emitió un comunicado en el que urgió a la sociedad panameña en general, a unirse en una gran alianza nacional para enfrentar, entre todos, los altos niveles de corrupción que se han evidenciado y que ponen en peligro la viabilidad de la democracia panameña.

Este llamado de Apede, lógicamente, responde al momento que vive el país, el cual se encuentra profundamente impactado por la gigantesca trama de presuntos actos de corrupción protagonizados por altos personeros del pasado gobierno y un grupo de empresarios inescrupulosos.

Y es que de acuerdo con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, y  presuntas declaraciones de empresarios involucrados en presuntas contrataciones y pagos irregulares con el Gobierno anterior, tanto el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, como varios altos miembros de su administración recibieron grandes sumas de dinero en concepto de pagos ilegales de algunas empresas que manejaban contratos estatales a las que se le otorgaron contratos directos.

Esto pone en evidencia que durante el Gobierno de Martinelli la corrupción alcanzó niveles insospechados en Panamá, pero, además deja en claro la necesidad de que estos actos irregulares o ilícitos sean objeto de sanciones ejemplares, ya que de no ser así se estará poniendo en peligro la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, lo que conlleva una dura prueba para nuestro sistema de administración de justicia.

En este escenario, sin duda alguna que sería positivo, que tal como lo propone la Apede, si todas las fuerzas de la sociedad panameña, sin ningún tipo de distinción económica, política, social o ideológica, se unan en una gran alianza para declararle la guerra frontal a la corrupción, de forma que se evite que estos crímenes contra el erario público queden impunes.

Apede recomienda también blindar al Ministerio Público y al Poder Judicial para impedir que quienes hayan lesionado gravemente el patrimonio del Estado durante la pasada administración gubernamental traten de detener la ejecución de la justicia y con ello mantener la impunidad, lo que implica que tanto el Gobierno Nacional como la Asamblea Nacional otorguen al Ministerio Público los recursos y las facultades necesarias para que continúe haciendo su trabajo de forma independiente y efectiva.

Sin embargo, los ciudadanos y las asociaciones representativas de la sociedad civil deben comprender que para lograr un Panamá verdaderamente democrático y libre del flagelo de la corrupción, no bastan los pronunciamientos públicos, sino que el país requiere también una serie de reformas que reduzcan cada vez más los altos niveles de discrecionalidad en las actuaciones de los servidores públicos, porque sin cambios estructurales de fondo nada podrá impedir que estas situaciones se vuelvan a repetir.

El país requiere reestructurar su ley de contrataciones públicas y otra gran cantidad de normas que durante la administración Martinelli fueron objeto de cambios cuyo único objetivo, según se evidencia hoy, fue facilitar el robo de los dineros público a través del pago de sobrecostos a empresas particulares a cambio de una mordida.

Igualmente, es urgente establecer normas que sancionen ejemplarmente otras prácticas inaceptables como el nepotismo y el conflicto de interés.

Por supuesto, un ciudadano consciente, vigilante y pro activo puede hacer mucho en la lucha contra la corrupción, pero sin el marco legal adecuado este esfuerzo depende de la buena voluntad del gobernante de turno para tener éxito, algo que solo cambiará si los esfuerzos de la sociedad civil se orientan a lograr que el país cuente con el marco legal necesario para prevenir la corrupción y sancionarla ejemplarmente.

Tengamos presente que lo que está en juego a mediano y largo plazo es la gobernabilidad del país, no solo porque los ciudadanos están cada vez más cansados de la corrupción, sino también porque están hastiados de la inoperancia de las instituciones del Estado y de una aplicación evidentemente selectiva de la justicia. 

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