os anteproyectos de ley presentado a la Asamblea Nacional por el diputado del Partido Panameñista (PA) Florencio Abrego, que buscan proteger el agua y el medioambiente, tendrían un impacto económico inmediato, de ser aprobados, en las empresas embotelladoras de agua y en los fabricantes de gaseosas, bebidas azucaradas y alcohólicas, al igual que en los supermercados, abarroterías y los almacenes.
El anteproyecto busca crear el Fondo Nacional del Agua y Saneamiento (Fonaguas) con el fin de mejorar el servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento.
Para financiar el Fonaguas se establecería un cobro de $ 0,05 por litros de agua embotellada en Panamá; $0,05 por litros de bebidas azucaradas producidas en el territorio nacional; $0,10 por litros de bebidas azucaradas importadas y $0,10 por litros de bebidas alcohólicas importadas.
Abrego explicó que en Panamá no existe una tarifa que sostenga el sistema público, por ello propone esta fuente segura de financiamiento para garantizar, en tiempo oportuno, las construcciones de nuevos proyectos que permitan mejorar y garantizar el consumo de agua potable.
El Fonaguas sería administrado por un Consejo Directivo, integrado por el Ministerio de Salud (Minsa); un representante del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP); del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia).
Sin embargo, Juan Antonio Fábrega Roux, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional, no ve “la necesidad de crear el Fonaguas para atender las necesidades de agua potable de la población”.
Y es que Fábrega sostiene que “en lo que se refiere al servicio de agua potable y saneamiento, ya existen en el país instituciones gubernamentales responsables de promover la gestión integral sostenible de los recursos hídricos, la inversión de nuevas infraestructuras y mejoras de las existentes”.
El año pasado, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución que adopta el Plan Nacional de Seguridad Hídrica (Pnsh) y crea el Consejo Nacional de Agua (Conagua) y la Secretaría Técnica de Seguridad Hídrica.
Entre las metas del Pnsh se incluye el mantenimiento de 52 cuencas hidrográficas y el establecimiento de un plan nacional de reforestación. (Ver recuadro: Metas de Reforestación de cuencas y provincias seleccionadas).
Previamente, en el 2009 el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) había aprobado un financiamiento de $18,4 millones para la restauración ambiental de cuencas hidrográficas prioritarias.
El año pasado, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través de su Unidad Ejecutora del Programa de Inversión para la Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias (ProCuencas) firmó un contrato de Consultoría con el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac) para determinar el caudal ambiental y disponibilidad hidrológica de las cinco principales cuencas hidrográficas del país.
Ángel Araúz, director encargado de Cuencas Hidrográficas de MiAmbiente, dijo que estas acciones son cónsonas con los propósitos del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, que arrojó la necesidad de contar con información actualizada sobre el potencial hídrico de Panamá.
El otro anteproyecto de ley presentado por Abrego busca establecer el uso obligatorio de bolsas plásticas degradable o biodegradable con el objetivo de disminuir el impacto ambiental generado por la producción, distribución, uso y acumulación del material de plástico no biodegradable a nivel nacional con repercusión mundial en suelos y mares.
De aprobarse, los supermercados, farmacias y minoristas tendrán 12 meses para reemplazar los empaques de plásticos y 24 meses los almacenes, mayoristas y afines. El incumplimiento de esta normativa acarrearía multas de $10 a $1.000 y el decomiso de las bolsas no biodegradable por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Orlando Rivera
Especial para Capital Financiero
orriver22@hotmail.com
