Mejorando la imagen de nuestra plataforma de servicios legales y financieros 

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Registro Público sigue emitiendo los Certificados de Registro Público a todo aquel que lo pida sin importar si la sociedad o la fundación de interés privado está al día con el Estado.| Archivo

Considero que una de las formas más fáciles para que nuestra jurisdicción de servicios legales internacionales mejore su imagen, ayudando a disminuir la percepción de que aquí no se cumplen las leyes, y que además sirve para recaudar fondos para el Estado, se encuentra en el artículo 318-A del Código Fiscal.

Dicho artículo contiene los siguientes parágrafos:

 Parágrafo 1. “La falta de pago por una persona jurídica de su tasa única anual en el periodo que se cause tendrá como efecto la no inscripción en el Registro Público de Panamá de ningún acto corporativo objeto de inscripción y la no expedición de certificaciones relativas a dicha persona jurídica,  salvo las ordenadas por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de hacer valer sus derechos, en cuyo caso la certificación se expedirá exclusivamente en un formato distinto para esos efectos, indicando que se encuentra en estado de morosidad”, (el subrayado es nuestro).

 Parágrafo 2. Para los efectos de la suspensión de las inscripciones y la no expedición de las certificaciones de que trata el Parágrafo anterior, la Dirección General del Registro Público de Panamá consultará en cada caso la información que ponga a su disposición la Dirección General de Ingresos, sobre las personas jurídicas nacionales y extranjeras que se encuentren al día en el pago de la tasa única.

 No obstante, nuestro Registro Público sigue emitiendo los Certificados de Registro Público (una especie de certificado informativo y de vigencia) a todo aquel que lo pida sin importar si la sociedad o la fundación de interés privado está al día con el Estado.

Con la necesidad, cada vez más frecuente, de los bancos, de las instituciones estatales y demás empresas de hacer su debida diligencia sobre sus clientes corporativos, estos tendrán que recurrir a los Certificados de Registro Público y el Estado dejará, si no corrige esta situación, de recibir millones de Balboas anualmente.

Se necesita asumir la responsabilidad y un poco de tecnología, por parte de la Dirección General de Ingresos y del Registro Público de Panamá (cuyo director anterior había hecho grandes avances en este tema), para que no se emitan estos certificados si la sociedad o fundación no ha pagado su tasa única anual.

 Panamá es la única jurisdicción que permite que una persona jurídica nacional o extranjera, que no esté al día en sus tasas únicas anuales, realice actos de comercio.

La falta de una definición clara de los usos comerciales y legales de los Certificados de Registro Público va en contra de las jurisdicciones con que compite Panamá y en contra de las normas de transparencia que exige el nuevo orden internacional.

En otras jurisdicciones se expide el llamado “Certificate of Good Standing” que se define como aquel que emite una autoridad confirmando que la persona jurídica existe y está en capacidad para ejercer actos de comercio.

Es por eso que sugiero que los Certificados de Registro Público solo puedan ser emitidos si la empresa está al día en su obligación con el Estado.

De esta forma, las personas jurídicas que vayan a realizar cualquier acto de comercio, registrable o no, al mostrar un Certificado de Registro Público vigente a la contraparte; esta última sabrá que aquella está en paz y salvo con el Estado.

Ni hablar del aumento en recaudaciones para el Fisco Nacional si este intercambio de información se llega a efectuar, sin demoras, entre las dos instituciones del Estado y, además, se hace cumplir lo que es una Ley vigente de la República de Panamá.      

Alvaro Toma
alvaro.tomas@morimor.com
Socio/ vicepresidente de Operaciones Unidad Fiduciaria
Morgan & Morgan 

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