Mercado de valores panameño, cumplimiento e institucionalidad, claves en el reimpulso económico

Mercado de valores panameño, cumplimiento e institucionalidad, claves en el reimpulso económico

Los primeros seis meses del año 2021, de manera comparativa con 2020, mostraron un incremento del 88% en el volumen negociado en el mercado de capitales panameño, tendencia que confirma una tesis: el crédito está fluyendo por esta vía.

Esta visión, junto con la necesidad de reforzar los procesos de cumplimiento y abrir el espacio a una nueva institucionalidad, fueron temas del espacio Agenda Panamá, organizado por Capital Financiero y la plataforma Connectax, con el auspicio de Morgan & Morgan y MMG Bank.

En calidad de panelistas intervinieron Alejandro Cifuentes, CFA Portafolio Manager de MMG Bank; Lorena Rodríguez, gerente de Panamá Compliance Services y Carlos E. González, socio de Morgan & Morgan Legal, bajo la moderación de Hitler Cigarruista, director de Capital Financiero.

Mercado de valores y reactivación económica

Alejandro Cifuentes, CFA Portafolio Manager de MMG Bank conversó acerca del Mercado de valores como la ruta para la recuperación económica.

Recuerda como antecedente que la pandemia impactó en la economía panameña, que reflejó en 2020 una contracción del 20%, muy por encima de Estados Unidos (2.3%) y de Latinoamérica y el Caribe (6.3%), aun cuando el déficit fiscal de Panamá (11.8%) fue muy inferior al de las economías desarrolladas (16.4%).

“En realidad partimos de un momento más frágil que el de otras economías”, dijo Cifuentes, quien señala que Panamá es un país de servicios y de inversión privada que reflejó 46% de contracción, mientras el gasto de consumo privado de los hogares cayó 18%.

“Es decir, el año pasado ocurrió una reconfiguración de la economía: se redujo el gasto privado y solo creció el gasto público”, destacó.

Observa que el 2021 marca el comienzo de la recuperación, con una reconfiguración del sistema: incrementa la explotación minera (56.1%); cae la construcción (-33.7%), las actividades vinculadas con recepción de turistas (hospitalidad) con -54.6% e inmobiliaria (-22%).

En el ámbito del sistema financiero, a pesar de la contracción en la cartera crediticia nacional, asociado a que el 29% de la cartera crediticia corresponde a préstamos modificados por la moratoria, “se ha mantenido la confianza en el sistema”, afirmó.

En general observa que la tendencia de la economía será a buscar nuevos modelos (“no seguir haciendo lo que hacíamos antes de la crisis”, afirmó), mientras la economía “ya ha encontrado un piso; hay una recuperación leve pero lo importante es que la tendencia se mantenga positiva”.

Analiza que mientras la banca refleja una contracción en su dinámica crediticia, ocurre una expansión en inversiones en valores que se corresponde con la caída de los créditos.

El analista explica que “el volumen de transacciones de la Bolsa de Valores ha incrementado con la economía”.

De hecho, los primeros seis meses del 2021, de manera comparativa con 2020, el mercado de valores panameño mostró un incremento del 88% en volumen negociado.

Esta tendencia confirma que “el crédito está fluyendo a través del mercado de capitales”, indicó Cifuentes, quien subraya que las empresas han refinanciado su deuda a través del mercado de capitales y las compañías aprovechan para reconfigurar sus hojas de balance.

Apoya la visión de Panamá de consolidarse como hub financiero como Bolsa Latinoamericana de Valores “y hacia allá va el país al expandir su mercado de capitales a la región”.

Cifuentes reiteró que en un contexto de menos crédito, vital para la expansión económica, y sin la figura de un banco central, la participación de intermediarios es una salida al inversionista.

De hecho, destacó la estrategia del Estado panameño al refinanciar su deuda soberana ($1,250 millones en 2021), “dentro de uno de los panoramas más desafiantes de la región”, con una reducción anual de la carga de intereses ($28 millones menos anual).

Panamá, agrega, refinancia su deuda y abarata el costo, resultado del rol de la intermediación financiera a través del mercado de valores.

Citó dos ejemplos adicionales: Corporación de Finanzas del País que logró reducir el costo de fondeo al equivalente de $1.9 millones al año y así tener un margen de maniobra para mejorar sus cifras operativas y Empresas Melo que reconfigura también por esta vía el vencimiento de su deuda, con reducción de 1% en los costos de financiamiento de larga duración.

En conclusión, el experto saluda de manera positiva que pese a la incertidumbre “la economía evoluciona” y aporta nuevas oportunidades como el mercado de capitales que cada vez “cobra mayor importancia al momento de convertirse en una opción para que el crédito fluya”.

La ruta del cumplimiento

Lorena Rodríguez, gerente de Panamá Compliance Services, trazó la ruta que deben cumplir los Sujetos Obligados No Financieros (SONF), en lo referente a prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sector no financiero.

De manera específica se refirió a las disposiciones de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que forma parte de un amplio marco regulatorio, con la Ley 124 de 7 de enero de 2020 que crea la Superintendencia de los Sujetos no Financieros o la Ley 129 del 17 de marzo de 2002 que define el Sistema Privado y único de Beneficiarios Finales, además de guías, resoluciones y acuerdos en este ámbito específico del sector no financiero.

Recordar que los SONF abarcan varios ámbitos: Inmobiliaria y construcción (promotores, corredores, constructoras…); comercio exterior (empresas de Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y zonas francas); Casinos y juegos de azar; sector mixto como compra y venta de autos usados y algunas actividades profesionales: abogados, contadores y notarios.

Sin embargo, aclaró que abogados y contadores solo están obligados cuando realicen actividades sujetas a control, por ejemplo, si es agente residente de una sociedad, administra cuentas bancarias o de valores.

Conforme a la Recomendación número 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), explica que cada sujeto obligado debe evaluar sus riesgos para saber a cuáles puede estar expuestos y mitigarlos.

Este enfoque basado en riesgos se concibe como “un proceso mediante el cual los sujetos obligados y los organismos de supervisión, según su comprensión de los riesgos, adoptan medidas de prevención y supervisión acordes a la naturaleza de estos riesgos a fin de focalizar sus esfuerzos de manera más efectiva”.

Dijo que la  Superintendencia de los Sujetos no Financieros, ha emitido varias guías con enfoque basado en los riesgos de cada sector.

La especialista detalló la ruta de los mecanismos de control que incluye varios aspectos: registro como sujeto obligado, nombrar la persona enlace y responsable del cumplimiento de la Ley 23 (una novedad, en particular para empresas pequeñas que no tenían una persona responsable de cumplimiento), diseño de flujo de procesos, política y metodología de debida diligencia.

La capacitación, afirmó, es un pilar porque el empleado debe conocer sus responsabilidades y los riesgos.

Por otra parte, estos mecanismos deben estar en un Manual de Prevención que se diseña en función de las características de la organización y debe contener aspectos como descripción de la estructura organizativa, metodología de administración del riesgo, sistema de control interno y de verificación de listas de riesgos, entre otros aspectos.

El sector de los obligados no financieros debe cumplir el llamado proceso de debida diligencia que comprende tres etapas cruciales: identificar al cliente/beneficiario final/proveedor, verificar y documentar hasta lograr la aprobación.

De no cumplir, la persona u organización puede ser objeto de sanciones que van desde $5,000 a un $1 millón.

Como reflexión, la experta expresa que el cumplimiento debe incorporarse como una cultura dentro de la organización y un compromiso del Gobierno Corporativo con las mejores prácticas.

¿Por qué una Asamblea Constituyente?

Carlos E. González, socio de Morgan & Morgan Legal, en la visión de la institucionalidad como parte del proceso de reimpulso al país, conversó sobre el camino a la Asamblea Constituyente y las implicaciones legales, políticas y económicas para Panamá.

González es el presidente del movimiento ciudadano Panamá Decide que ha iniciado un proceso de recolección de firmas. Deben reunir, en un periodo de seis meses, 581,000 firmas.

Los procesos constituyentes, además de la vía de las firmas, también se pueden aprobar si así lo decide el Ejecutivo, con autorización del Legislativo, o la Asamblea por una mayoría de 2/3 partes.

Pero, sostuvo, en el caso panameño “todo el proceso es ciudadano: el llamado, la elección y la aprobación final”.

La Constituyente Paralela es un mecanismo que plantea reformar o cambiar la Constitución, responsabilidad en manos de 60 constituyentes, quienes serían electos por voto popular, tanto por provincia como comarcas, en función de la población de cada territorio electoral.

Son cinco los pasos resumidos de este proceso popular: una vez se recogen las firmas, los candidatos que se postulan presentan sus propuestas y luego corresponderá por voto popular decidir quiénes son los 60 constituyentes.

Estas 60 personas estarán a cargo de redactar una nueva Constitución, solo aprobada por refrendo popular.

Ante la pregunta de por qué cambiar una Constitución, razonó que estas necesidades se plantean por las independencias de los países, las revoluciones, por un golpe de Estado o la deslegitimación de las instituciones constituidas.

En el caso de Panamá, afirma que instituciones claves como Asamblea, Ejecutivo, Corte Suprema, órganos de control, el régimen municipal y los partidos políticas “están deslegitimadas”.

Cuando le consultan si la elección del 2024 puede ser una alternativa para el cambio, observa que no lo ve factible porque además de un sistema que considera débil, y la falta de control ciudadano, teme ocurra el llamado “riesgo del iluminado”, es decir, se vote “por un iluminado” y no por quien ofrezca un cambio auténtico.

Aclara que el proceso constituyente no es una elección, está en manos de los ciudadanos “y abre la puerta a un cambio”.

Descartó que este proceso pueda afectar la estabilidad económica del país y, al respecto, dijo que Chile ordenó un estudio para medir este impacto: Analizaron 50 países que vivieron procesos constituyentes “y al evaluar el comportamiento, en lugar de retroceso, hubo crecimiento económico en la mayoría de los casos”.

Violeta Villar Liste
[email protected]
Capital Financiero

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