Mexicanos proponen una ley anticorrupción

Mexicanos proponen una ley anticorrupción

La corrupción le cuesta a la economía mexicana unos $48.000 millones al año

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Mario Escobar, un estudiante de 20 años del prestigioso Tecnológico de Monterrey, es conocido en esa universidad por ayudar a organizar grandes fiestas y torneos de videojuegos.

Ahora está usando su tiempo y su influencia para promover una causa diferente: Recolectar firmas para apoyar un proyecto de ley de lucha contra la corrupción. De reunir suficientes firmas, sería la primera iniciativa legislativa propuesta directamente por el pueblo en la historia de México.

La iniciativa, popularmente conocida como 3 de 3, obligaría a todos los servidores públicos a hacer públicos tres documentos: Una descripción detallada de sus activos y patrimonio neto, una lista de sus intereses privados y sus declaraciones de impuestos. El proyecto de ley también contiene medidas para mejorar la rendición de cuentas del Gobierno.

Estos simples documentos son una gran esperanza para México, dijo Escobar en un reciente día soleado en el campus, apuntando a una pila de hojas con firmas.

Este sería el primer proyecto de este tipo desde que una ley de 2014 autorizó a los ciudadanos a presentar directamente al Congreso un proyecto de ley cuando se han reunido 120.000 firmas de respaldo. Los organizadores ya han conseguido más de 80.000 firmas y esperan obtener el resto para fines de mes.

La iniciativa pone de manifiesto tanto el creciente poder de la sociedad civil mexicana como la desilusión generalizada de la población con los políticos tras una serie de escándalos de corrupción.

La campaña ha puesto a las redes sociales al rojo vivo. En  Twitter,  el hashtag #Ley3de3 se convirtió en tendencia en México y entusiasmó a los jóvenes, que por lo general muestran poco interés en la política. Las hojas para las firmas, que pueden descargarse desde un sitio web, son recolectadas en alrededor de 200 lugares en todo el país, desde los campus universitarios hasta farmacias y cines.

Queremos que esta iniciativa sea el inicio de una primavera mexicana, dijo Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), uno de los principales grupos detrás del proyecto. Imco estima que la corrupción le cuesta a la economía mexicana unos $48.000 millones al año.

La idea surgió a principios de 2015, después  que se revelara que el presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama y el secretario de Hacienda habían comprado casas a contratistas del gobierno.

Todos ellos fueron declarados inocentes por una investigación del Gobierno, en parte debido a que tales conflictos de interés no son ilegales en México. Pero los escándalos inmobiliarios catapultaron el tema de la corrupción al tope del catálogo de quejas de los mexicanos.

De conseguirse las firmas, las perspectivas del proyecto parecen buenas. El Congreso de México estaría obligado por ley a analizarlo en los próximos meses, aunque es probable que le haga modificaciones. Los dos principales partidos de oposición apoyan la iniciativa, y el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dicho que la consideraría.

Un funcionario de alto rango del gobierno de Peña Nieto ha calificado la iniciativa como muy positiva. Sin embargo, algunos legisladores del PRI han expresado preocupaciones de seguridad acerca de hacer pública su riqueza en un país donde los secuestros son moneda corriente.

Va a ser difícil para los políticos rechazar esta iniciativa. No sólo es popular, también sigue las mejores prácticas internacionales, dijo Max Kaiser, ex alto funcionario de la Secretaría de Servicios Públicos de México que participó en la redacción del proyecto de ley.

Aun así, en un país donde las leyes a menudo se convierten en tigres de papel, algunos mexicanos son escépticos que este proyecto haga una diferencia. Esto es sólo otra ley, dijo Luz Granados, una emprendedora de Ciudad de México. Tal vez sea bueno tenerla, pero si las autoridades no tienen una clara voluntad política de luchar contra la corrupción o buenos fiscales, será inútil.

El proyecto, oficialmente llamado Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sería parte de la legislación habilitante para implementar la reforma constitucional contra la corrupción aprobada en abril pasado, que incluye el fortalecimiento de una oficina federal de auditoría y la creación de una fiscalía independiente.

Al margen del destino del proyecto de ley, su mera propuesta ya ha provocado un cambio. Casi 400 servidores públicos de alto rango hicieron públicos voluntariamente estos tres documentos. Entre ellos se cuentan nueve gobernadores, los jefes de los tres partidos principales y 100 legisladores.

Juan Montes 
Ciudad de México
Dow Jones

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