Minería ilegal preocupa a autoridades de Colón

Minería ilegal preocupa a autoridades de Colón

Utilizan mano de obra infantil, pese a que esta actividad es considerada altamente peligrosa

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Las autoridades de la provincia de Colón y el municipio de Donoso denunciaron la invasión de tierras propiedad del Estado, que han sido concesionadas, por parte de personas que se dedican a la minería ilegal, lo que puede poner en peligro el desarrollo de un proyecto minero legalmente establecido y que supone importantes inversiones en infraestructura, desarrollo comunitario y manejo ambiental.

De acuerdo con la Gobernadora de Colón, Jenith Campos, el surgimiento de operaciones mineras de forma ilegal en el distrito de Donoso genera preocupación entre las autoridades locales, ya que se desarrollan en áreas que  forman parte de una concesión minera y puede poner en riesgo la ejecución de una obra que traerá grandes inversiones y generará miles empleos a comunidades que hasta ahora no han tenido la oportunidad de disfrutar del crecimiento económico que ha experimentado el país.

Para Campos es necesario adoptar medidas para detener la minería ilegal no solo porque depreda los recursos minerales del país sin retribuir al Estado parte de los beneficios económicos generados por la explotación de la riqueza de todos los panameños, sino porque, además genera graves perjuicios contra el medio ambiente al no adoptar los mecanismos para mitigar el impacto de prácticas que pueden ser consideradas como gravemente perjudiciales para la naturaleza como son el derrame de aceite y combustible en los ríos y el uso de químicos altamente contaminantes.

Además, recordó que para el distrito de Donoso la minería legal representará el pago de $8 millones en impuestos municipales, tal como lo establece el acuerdo para el otorgamiento de un Permiso Global de Construcción de Megaproyecto, lo que se traducirá en obras que mejorarán la calidad de vida de todos sus habitantes.

No obstante, Campos advirtió que los mineros ilegales también incurren en otras infracciones a las normas vigentes en el país, como la utilización de niños y niñas como mano de obra, pese a  que esta actividad es considerada como altamente peligrosa para la salud y el desarrollo infantil.

Por su parte, Carlos Baltazar, secretario general del Municipio de Donoso, solicitó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), investigar el posible abuso infantil en que incurren aquellas personas que utilizan a niños y niñas para realizar labores de minería ilegal.

Es importante destacar que en los últimos 15 años Panamá ha desarrollado una dura y exitosa lucha contra el trabajo infantil, al punto que logró reducir a solo 26.710 el número de menores de edad que laboran en todo el país, aunque para el titular del Mitradel, Luis Ernesto Carles, la meta de la actual administración es abolir el trabajo infantil peligroso en el período 2015-2016 y erradicar el trabajo infantil  en su totalidad para el año 2020, metas que no se podrán alcanzar si en Donoso se mantiene la práctica de utilizar a los infantes en las labores de minería ilegal.

Ante esta realidad, funcionarios del Mitradel en la provincia de Colón, conjuntamente con representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), han iniciado investigaciones para determinar la gravedad de la situación y activar una comisión interinstitucional conformada, además por el Ministerio Público, el Juzgado de Niñez y Adolescencia, el Servicio Nacional Aeronaval, la Unidad de Atención a Víctimas, la Fiscalía Segunda y funcionarios del municipio de Donoso destinada a proteger los derechos de los niños y niñas de esa región.

Estas denuncias también  han concitado la atención del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ya que según el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Manuel Grimaldo, se ha instruido a los funcionarios de la Dirección de Recursos Minerales para que quienes sean detectados realizando actividades tipificadas dentro de lo que se conoce como minería ilegal, sean sancionados con multas que van desde los $1.000 hasta los $10.000, como lo establece las normas que regulan la minería en el país.

Grimaldo explicó que para el Mici, la minería ilegal no puede confundirse con la minería de subsistencia que practican diversas comunidades indígenas y campesinas del interior del país, ya que en la primera no se utiliza ningún tipo de maquinaria ni se realizan excavaciones, sino que se ciernen las arenas de los ríos para tratar de encontrar pequeños fragmentos de oro, mientras que la segunda utiliza maquinaria pesada para remover grandes cantidades de tierra que se procesa para extraer oro en cantidades mayores, devastando las cuencas hidrográficas y contaminando las aguas con combustibles y otros químicos peligrosos para la salud humana.    

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.paa
Capital Financiero

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