Mitos y Verdades sobre la pena de prisión por defraudación fiscal en Panamá

Mitos y Verdades sobre la pena de prisión por defraudación fiscal en Panamá
Es falso que se sancione por el simple hecho de adeudar impuestosl Pixabay

En estos momentos se debate en la Asamblea Nacional de Panamá, una importante decisión como lo es la aprobación del proyecto de Ley que tipifica en el Código Penal el delito de defraudación fiscal por impuestos nacionales (ya en el 2015 se tipifico la defraudación fiscal por impuestos de importación en Panamá).

Y es sabido que se ha polarizado la discusión entre aquellos que indican que tipificar el delito es un imposición de los organismos internacionales, como los que luchan contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, entiéndase uno de estos al GAFI y la amenaza de estos, de anotarnos en listas grises o negras de no hacerlo con sus consecuencias, y los que plantean que Panamá debe actuar por decisión propia, que es un país que no tolera facilitar las prácticas de la defraudación fiscal.

Entendiendo que esto conlleva reformas a la legislación nacional en materia de tributos, principalmente la que busca tipificar (judicializar) la defraudación fiscal como delito en el Código Penal, significa que la defraudación fiscal como medida sancionatoria por estas conductas ya existen en Panamá, sólo que un cuerpo normativo distinto y de naturaleza administrativa y no judicial, como es el Código Fiscal, en donde lo que se sanciona son las conductas dolosas para no pagar impuesto, y no el mito de que se sancione por adeudar impuesto, es decir, conductas como llevar doble contabilidad para evadir, alterar los montos de una escritura pública o documentar mediante facturas falsas montos para deducir de la renta gravable y que son las que siempre se han sancionado como defraudación fiscal.

Es ese sentido, debe  quedar claro que no se busca crear por primera vez la defraudación fiscal como medida de sanción que incluye la pena de prisión, ya que la medida sancionatoria existe en el Código Fiscal Panameño desde 1956, es decir, realmente con la tipificación al Código Penal lo que se está haciendo reiteramos es la JUDICIALIZACIÓN de la defraudación.

Esto permite realizar asistencia penal internacional, ya que mientras no se haga esta modificación sería imposible cooperar bajo el principio de que la conducta que no está tipificada en el Código Penal nacional, no será considerada delito en nuestro país, y por ende, no se pueda cooperar internacionalmente, con la novedad que dicha judicialización corresponderá cuando el monto supuestamente defraudado es igual o superior a 300 mil dólares, por ende, por debajo de esa suma la defraudación fiscal seguirá siendo de naturaleza administrativa.

Es importante señalar que la defraudación fiscal como conducta censurada con privación de la libertad en Panamá, inicia desde la expedición del Código Fiscal, a través de la Ley 8 de 27 de enero de 1956.

Dicho cuerpo normativo, incluyó la pena de arresto por actos de defraudación fiscal, en los Impuestos de Importación, sobre la Renta, de Fabricación y Expendio de Bebidas Alcohólicas, entre otros.

Sin embargo, el apartado destinado a la regulación del Impuesto sobre la Renta sufrió transformaciones profundas, en cuanto a la defraudación fiscal mediante la Ley 9 de 23 de diciembre de 1964 utilizando desde esta fecha el concepto de pena de prisión o varias veces la suma defraudada, y así sucesivamente mediante reformas tributarias que fueron creando y modificando impuestos fueron estableciendo la sanción de la defraudación fiscal en impuestos nacionales como el ITBMS, Impuesto de Inmuebles y Timbres, todas medidas dentro del Código Fiscal.

De hecho, mediante sentencia de 29 de julio de 1974 la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ante una advertencia de inconstitucionalidad se pronunció reafirmando la constitucionalidad de la posibilidad de que una autoridad de naturaleza administrativa como la Dirección General de Ingresos pudieran fijar sanciones que conllevaran la privación de libertad ante el principio de que no sólo el órgano judicial tenían el mandato constitucional de velar por el cumplimiento de las Leyes nacionales y que la gravedad de su incumplimiento le diera la facultad de establecer sanciones de naturaleza privativa de libertad, sino que también autoridades de naturaleza administrativa como la autoridad de aduanas y la administración tributaria nacional lo puedan hacer.

Dicho lo anterior, debe quedar claro que en más de un fallo de la Corte Suprema de Justicia se ha confirmado la sanción o la condena de defraudación fiscal de más de un contribuyente.

Queda claro que con esta reforma a pesar de que se está tipificando la defraudación fiscal como delito en el Código Penal, podemos llegar a las siguientes conclusiones que demuestran que a la mayoría de los ciudadanos de este país le conviene:

-La pena de prisión por defraudación fiscal siempre ha existido en Panamá y la misma ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pero ahora sólo aplicará a los defraudadores millonarios.

-Con la reforma al régimen sancionador se esta creando un sistema mixto, donde por un lado se judicializa la defraudación fiscal para casos de $300 mil en adelante y se mantiene la defraudación fiscal de naturaleza administrativa por casos por debajo de $300 mil.

-Con esta reforma se elimina la pena de prisión existente en el Código Fiscal que aplica a cualquier monto defraudado, lo que expone a cualquier contribuyente a pesar de que el mismo obtenga bajos ingresos a ese tipo de penas.

-Con esta reforma sólo podrían ser sancionados con pena de prisión aquellos que obtengan ingresos anuales por encima del millón de dólares y al tipificarse en el Código Penal cumplimos con los estándares internacionales.

-Con esta reforma se mantiene la sanción por las conductas dolosas realizadas para no pagar o pagar menos impuestos, como llevar doble contabilidad para evadir, alterar los montos de una escritura pública o documentar mediante facturas falsas montos para deducir como falsos gastos de la renta gravable.

Es falso que se sancione por el simple hecho de adeudar impuestos, ya que el adeudar impuestos es sólo exigible por la autoridad el monto dejado de pagar con los respectivos interés y recargos sin que eso conlleve defraudación fiscal.

-Que se puede ser omiso por incumplimiento del pago del impuesto con la única sanción del cobro de los impuestos con intereses, sin embargo, ser omiso doloso, que sería el incumplimiento de los pagos de impuestos precedidos de conductas dolosas si es sancionable por defraudación fiscal.

-Que de crearse la ley en este año 2019, al no ser retroactiva la reforma, la aplicación de esta tendría efectos sobre los montos a declarar en el impuesto sobre la renta en el período fiscal 2020 correspondiente a los ingresos obtenidos en el 2019.

-Que hay una significativa reducción de las penas tanto por sanciones pecuniarias como por las penas de prisión cuando corresponda, a pesar del nuevo régimen judicial que se plantea pero que debe permitir cumplir con los estándares internacionales al tipificar el delito fiscal.

-Que se justifica el delito fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales cuando esa sea la conducta realizada, porque la misma es otra forma de robar al Estado.

-Que de aprobarse el nuevo régimen sancionatorio se le otorgará competencia a una autoridad distinta (Ministerio Público) a la DGI para investigarte y condenarte con pena de prisión y con esto se otorgan mayores garantías a los ciudadanos contribuyentes.

 

Javier Mitre Bethancourt es la pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com

El autor es asesor de Asuntos Tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), principal redactor de la nueva Ley del Impuesto de Inmuebles y sus reglamentos, docente e investigador

 

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