Necesitamos una SBP más proactiva

Necesitamos una SBP más proactiva

Puna de sus principales tareas es educar al conjunto de la sociedad

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Para nadie es un secreto que la plataforma de servicios internacionales de Panamá, de la que el Centro Bancario Internacional (CBI) es uno de los componentes principales, está bajo un fuerte y constante ataque por parte de diversos países que no aceptan que un país pequeño, como Panamá, haya logrado constituirse en un centro de negocios regional exitoso y que aspiren a llevarse esas operaciones y sus réditos a sus propias jurisdicciones.

En el mes de abril, casi inmediatamente después de haber aprobado la revisión del Grupo de Acción Financiero Internacional (Gafi), y de haber salido de la lista gris de esa organización de países no colaboradores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el país vio empañada su imagen cuando su nombre fue utilizado para dar a conocer supuestas operaciones sospechosas de conformación de sociedades anónimas offshore por parte de la firma forense Mossack Fonseca.

La información, que fue sustraída ilegalmente de los registros digitales de Mossack Fonseca, fue divulgada mediante una campaña mediática global, liderada por el denominado Consorcio de Periodistas de Investigación, con sede en Washington D.C., un organismo financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés), y provocó que varios países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), incluyendo a Francia y Alemania, anunciaran su pretensión de incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales.

Cuando el país apenas reaccionaba ante semejantes exabruptos, con el compromiso de adoptar las normas de la Ocde para el intercambio de información financiera y fiscal, así como mediante la conformación de un Comité de Expertos Independientes, nacionales e internacionales, cuyo objetivo sería presentar propuestas para hacer más transparente nuestra plataforma de servicios internacionales, el gobierno de Estados Unidos nos sorprendió a todos con la inclusión del empresario Abdul Waked y el Grupo Waked Internacional, S.A. (Wisa) en la lista de la Oficina de Control de Extranjeros del Departamento del Tesoro  (Ofac, por sus siglas en inglés), mejor conocida como la Lista Clinton.

Ahora, cuando el país supera sin mayores contratiempos la renuncia del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y del abogado suizo, especializado en la lucha contra la corrupción, Mark Pieth, al mencionado Comité, surge un nuevo hecho noticioso que pone en entredicho el nombre del país: La decisión del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) de Nueva York, Estados Unidos, de sancionar con una multa de $180 millones a Mega International Commercial Bank de Taiwán, por violar leyes contra el lavado de activos y considerar que actuó indiferente ante los riesgos asociados a las transacciones que involucran a Panamá.

Según la DFS, Panamá es reconocida como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero. Y mientras todo esto ocurre, la SBP guarda silencio.

No es posible que mientras el sistema financiero panameño esté bajo el ataque de quienes quieran ver a sus actores y activos desplazarse a Miami, Nueva York, Londres o París, nuestro regulador se pronuncie mediante escuetos comunicados de prensa.

Ciertamente hay hechos que requieren una investigación antes de cualquier pronunciamiento: A fin de determinar si en verdad nos cabe alguna responsabilidad como país. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que las autoridades encargadas de regular y fiscalizar nuestro CBI guarden silencio ante lo que está ocurriendo.

La SBP debe ser más proactiva y constituirse en la entidad que lidere los esfuerzos de todo el sector financiero para defender la imagen del país y de su CBI. Por supuesto, en este esfuerzo deben participar tanto representantes del Ejecutivo como de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), porque la percepción negativa que se está gestando a nivel internacional sobre la transparencia de la banca local podría tener un impacto negativo a corto y mediano plazo sobre la economía nacional.

Por ejemplo, una baja en la calificación de riesgo del país tendría un impacto directo sobre las finanzas públicas y sobre el acceso de la población al crédito bancario.

Sabemos que quienes lideran y laboran en la SBP tiene un perfil técnico y que son profesionales de alto nivel académico y larga trayectoria profesional, pero también deben esforzarse por trasladarle al país y a la comunidad internacional, a través de una relación más directa y transparente con los medios de comunicación, los esfuerzos que adelantan para preservar el sistema financiero al margen de actividades delictivas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Es comprensible que ante la tempestad que ha vivido el país haya quien piense que la mejor forma de atravesar la tormenta es pronunciándose puntualmente a través de comunicados de prensa, sin embargo, la SBP debe evaluar si esa práctica está ofreciendo buenos resultados ya que, además de regular y supervisar a los bancos que operan en el país, una de sus principales tareas es educar al conjunto de la sociedad para que todos los panameños participen activamente en la lucha contra el blanqueo de capitales.

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