Nuevo régimen de custodia de acciones al portador

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Tanto la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), mediante la Resolución General de Junta Directiva 9-2014 de 2 de diciembre de 2014 y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante Resolución de Junta Directiva 1-2014 de 3 de diciembre de 2013, independientemente de que se opte por mantener la custodia de estas acciones en un banco o en un custodio, tratan el tema de la debida identificación del propietario real y efectivo, de las sociedades anónimas que poseen cuentas bancarias, ya sea que posean cuentas bancarias propiamente tales, o relativo al tema en el mercado de valores.

Esta paridad de normativas busca acabar con el uso abusivo de las sociedades anónimas, en vista de que el conocimiento del destinatario final de las acciones al portador no terminaba de convencer a los reguladores, de ahí entonces y por eso nace la necesidad de emitir una norma que posibilitara el conocimiento exacto del beneficiario final de estos títulos accionarios. 

Ambas resoluciones, tanto la Resolución General de Junta Directiva 9-2014 de la SBP como la Resolución de Junta Directiva 1-2014 de la SMV, mantienen aspectos similares en su contenido, que busca regular la identificación, real y efectiva de los beneficiarios finales o propietarios efectivos en las sociedades anónimas en la República de Panamá; como, por ejemplo, lo dispuesto en el artículo primero de ambas: Artículo 1. Identificación del beneficiario final en las sociedades anónimas. Para los efectos de lo establecido en el artículo 4, numeral 1, literal del Acuerdo No. 12-2005, el banco deberá asegurarse de identificar al último beneficiario o verdadero propietario de una persona jurídica. En el caso de sociedades anónimas, los bancos deberán solicitar los documentos que evidencien el nombre de la persona natural identificada como beneficiario final y titular de los certificados de acciones de la sociedad anónima tomando en consideración los porcentajes establecidos en la Resolución General de Junta Directiva SBPGJD-0004-2014 del 28 de enero de 2014. (SBP).

Artículo 1. Identificación Adecuada del Beneficiario Final o Propietario Efectivo en las Sociedades Anónimas. Para los efectos de lo establecido en el artículo tercero, literal a); y el artículo quinto, literal b), numeral 8, del Acuerdo 5-2006 del 9 de junio de 2006, lo sujetos regulados por la SMV deberán asegurarse de identificar al beneficiario final o propietario efectivo de las personas jurídicas. En el caso de sociedades anónimas, los sujetos regulados deberán solicitar los documentos que evidencien, de forma efectiva, el nombre de la persona natural identificada como beneficiario final o propietario efectivo de los certificados de las acciones de la sociedad anónima (SMV).

Como se puede observar, ambas superintendencias entran a regular la custodia e inmovilidad de las acciones al portador y exige a sus entes regulados que verifiquen quiénes son los beneficiarios finales o propietarios efectivos de esas acciones. Inclusive la SMV va un poco más lejos al exigir, además de los datos obligados: Nombre completo, nacionalidad, números de cédula o pasaportes, direcciones físicas, teléfonos, e-mails y obliga a enviar datos completos de los agentes residentes de las personas jurídicas cuyas acciones se emiten al portador.

Luego de muchas peticiones y recomendaciones de organizaciones internacionales, y organismos dedicados a combatir el lavado de activos y entes supervisores nacionales, el gobierno nacional reguló la emisión y traspaso de las acciones al portador, como parte de las promesas hechas por la República de Panamá de cumplir con las disposiciones internacionales de transparencia, con la aprobación de la Ley 47 del 6 de agosto de 2013, la cual adopta un régimen de custodia, aplicable a las acciones emitidas al portador.

Esta Ley era innecesaria, desde el punto de vista de preservar el anonimato de los propietarios de los certificados de acciones al portador, puesto que ya nuestra legislación cuenta con medios legales para garantizar esta condición, entre ellos el Decreto No.468 del año 1998 y la Ley No. 2 del año 2011. Esta última obliga a los Agentes Residentes en la República de Panamá (abogados idóneos o firmas de abogados) a conocer a su cliente y con ello determinar a los propietarios reales finales de dichas acciones.

Con la Ley 47, se adoptó un régimen de inmovilización, el cual permite mantener las acciones al portador por medio de la custodia privada, a nivel local o internacional, de los certificados que las representan, por parte de custodios autorizados, los cuales, en el caso de ser requeridos, están obligados a dar constancia sobre la titularidad de dichos certificados de acciones cuando se requiera dar información relacionada a ellas.

El custodio autorizado es responsable por el mantenimiento de un mínimo de información prevista en la Ley 47 de 6 de agosto de 2013, en lo que respecta al propietario del certificado de acción. Cualquier cambio de propiedad en el certificado de acción debe ser notificado al custodio para que dicho cambio sea registrado y cumpla con los requisitos que exige esta ley. Esta disposición también aplica para las acciones en custodia que hayan sido dadas en prenda o garantía. El artículo 3 de la referida Ley 47 establece lo siguiente:

Artículo 3. Designación del custodio autorizado. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, todo propietario de acciones emitidas al portador deberá designar a un custodio autorizado para que mantenga en custodia los certificados de acciones al portador respectivos conforme a las disposiciones de esta Ley.

En cuanto al tema de quiénes pueden fungir como custodios autorizados, el artículo 6 establece de la misma excerta legal, que podrán actuar como custodios locales autorizados de los certificados de acciones emitidas al portador los bancos de licencia general y las fiduciarias establecidos en la República de Panamá y regulados por la SBP, así como las casas de valores y centrales de valores establecidos en la República de Panamá y regulados por la SMV. Igualmente, podrán fungir como custodios autorizados todos aquellos abogados que se encuentren inscritos ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en un registro especial que será llevado para tal efecto.

También se permite que entes o empresas extranjeras, funjan como custodios autorizados, siempre y cuando los custodios extranjeros autorizados, sean éstos bancos, fiduciarias y los intermediarios financieros cuenten con licencia para el ejercicio de sus actividades establecidos en jurisdicciones miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (Gafi) o de sus miembros asociados que se encuentren inscritos ante la SBP.

Aunque el verdadero fin de nuestros gobernantes, a la hora de aprobar dicha ley, fue el de cumplir con los lineamientos internacionales en materia de transparencia y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo emitidos por el Gafi y evitar así, la inclusión de Panamá en listas discriminatorias que nos pondrían en posición de desventaja frente a otras jurisdicciones internacionales, lo cual podría traernos graves perjuicios a la hora de ofrecer a clientes, nacionales y extranjeros, servicios legales, corporativos, fiduciarios y financieros, esta condición no le resta competitividad a la ley, ya que regula aspectos importantes de los intereses económicos que representan las acciones al portador para sus propietarios.

Esta inmovilización, lo que busca es mantener controlada la libre circulación de las acciones al portador y el ejercicio de los derechos que otorga la propiedad de las mismas, pero siempre garantizando tener la certeza del titular final de las acciones al portador. Entre estos aspectos, uno de los más significativos, es el que representa los intereses económicos y su disposición final, sea en vida o después de ella, de los propietarios legítimos de este tipo de acciones.

Como ya la Ley 47 de 2013 es una realidad, la cual empezará a regir a partir del mes de agosto del año 2015, para las nuevas acciones al portador que gestionen los agentes residentes (abogados y firmas de abogados), y un período de gracia de tres años, luego de su entrada en vigor, para los certificados de acciones al portador ya emitidos antes de la entrada en vigencia de esta ley.

El tema que más le interesa a las firmas de abogados, como la nuestra, que ofrecen, además de servicios legales, servicios Fiduciarios a clientes locales e internacionales, es la de procurar que la implementación de esta nueva disposición legal no menoscabe el fin para el cual una persona o empresa emite acciones al portador, sean éstos económicos o estratégicos en materia corporativa, y que se mantenga la competitividad del régimen de sociedades anónimas como pilar importante de los servicios offshore que ofrece nuestra jurisdicción.

Una de las bondades que ofrece este nuevo régimen de inmovilidad de los certificados de acciones al portador a los propietarios, sobre todo a las personas naturales, es la disposición hereditaria de dichos certificados dados en custodia, ya que pueden designar herederos de los anteriores y comunicarlo de manera expresa y por escrito al custodio, siempre y cuando se pueda demostrar el fallecimiento del último propietario del o (los) certificado(s) de acción(es) al portador, ya que de esto último depende el traspaso efectivo de los derechos de propiedad a los herederos y, de esta forma, dichos derechos tendrán primacía sobre cualquier derecho sucesorio, testado o no, del lugar de domicilio del propietario de los certificados de acciones; disposición contenida en el artículo 13 de la Ley 47 de 2013.

Es importante mencionar, que nuestra legislación nos permite contar con mecanismos legales para evitar procedimientos y procesos hereditarios para disponer de un patrimonio, entre ellos los más importantes son el Fideicomiso y las Fundaciones de Interés Privado. Estos mecanismos, a la par de otros procedimientos que nos permite nuestra legislación nacional, serían las herramientas con que podrían contar aquellos clientes que deseen, en un momento dado, disponer de sus bienes patrimoniales, sin la necesidad de recurrir a los instrumentos tradicionales hereditarios, los cuales están siempre ligados a procesos judiciales testamentarios, que pueden resultar bastantes prolongados, engorrosos y, en ocasiones, costosos.

Finalmente, podemos concluir que la Ley No. 47 de 6 de agosto de 2013 y, posteriormente, la Resolución de Junta Directiva No.1 de 3 de diciembre de 2014 de la SBP y la Resolución de Junta Directiva No. 9 de 2 de diciembre de 2014 de la SMV;  vienen  a poner orden en materia bancaria y bursátil con relación al conocimiento preciso de los destinatarios finales de los certificados de acciones al portador, con lo cual se cumple con lineamentos de organismos internacionales en materia de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, a la vez, coloca a la República de Panamá, como plataforma de servicios offshore, convirtiéndonos en un país competitivo que garantiza la privacidad y seguridad jurídica para los clientes que adquieran sociedades anónimas con acciones al portador, ni hablar de la posibilidad de usar a nuestro país como una plataforma de negocios y su red de tratados aprobados para evitar la doble tributación, a efectos de optimizar las cargas fiscales.   

David Cohen
Gerente de Cumplimiento
Owens & Watson

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