Obligación de dar cuentas y ratificaciones

Obligación de dar cuentas y ratificaciones

Carlos Barsallo

Abogado

Ex presidente Comisión

Nacional de Valores

 

En inglés existe el concepto accountability. Su traducción amplia puede ser:Obligación de dar cuentas. Ciertos entes técnicos regulatorios requieren para su correcto funcionamiento de una amplia autonomía e independencia. Estos elementos son fundamentales, pero son una cara de lamoneda. Por el otro lado dichos entes tienen la obligación de dar cuentas, actuar con transparencia e integridad.

En la publicitada reforma a la legislación del mercado de valores, cuya discusión- ojalá amplia y pausada- se avecina pronto en la Asamblea Nacional, se señala en el proyectado artículo 18 que el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y del Superintendente no está sujeto a la ratificación del rgano Legislativo de acuerdo a lo establecido por la Ley 3 de 1987.

La mencionada Ley 3 dispone que los Directores, Gerentes o Jefes de las entidades públicas, autónomas, semiautónomas y de las empresas estatales, así como los miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones, cuyo nombramiento corresponda hacer al órgano Ejecutivo, de conformidad con la Constitución y la Ley, serán sometidos a la aprobación o improbación de la Asamblea Legislativa en un término no mayor de dos (2) meses, a partir de la fecha de su nombramiento.

La ratificación de funcionarios es una función administrativa de la Asamblea Nacional conforme dispone el artículo 161 de la Constitución.

Funcionarios tales como: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los procuradores, las autoridades del Canal de Panamá (artículo 318 de la Constitución), el Fiscal General Electoral (artículo 144 de la Constitución), los directores de la Caja del Seguro Social (artículo 24 Ley 51 de 2005),  todos los intermediarios financieros tales como: Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, todas las empresas estatales, IDAAN, Autoridad Marítima Nacional, todos los entes descentralizados, en fin todos los funcionarios directivos de las más de 50 entidades que forman el gobierno (salvo los ministros) quedan sujetos a la Ley 3 de 1987 y la obligatoria ratificación por la Asamblea Nacional.

Por lo anterior, no se explica la razón técnica para esta interesante y particularísima excepción. Para rendir cuentas, por transparencia, seguridad del público y para evitar conflictos de interés,  el nombramiento de las autoridades del regulador de valores debe estar sujeto a la ratificación del rgano Legislativo de acuerdo a lo establecido por la Ley 3. Así sucede en Panamá con todos los funcionarios  a los que les aplica la Ley 3 menos con las autoridades actuales de banca y valores. Estos  últimos funcionarios, paradójicamente, no son de libre remoción del rgano Ejecutivo.

En el pasado la  única explicación posible es que las normas de banca y valores son decretos leyes, es decir no son leyes formales aprobadas por la Asamblea Nacional.  Son decretos con fuerza de ley aprobados por el rgano Ejecutivo durante recesos del rgano Legislativo.  No obstante, en un proyecto de ley,  resulta incomprensible que la propia Asamblea Nacional, el rgano que le puede dar  la necesaria legitimidad a los reguladores y ante el cual se debe rendir cuentas al público, se excluya a si misma del  necesario proceso de ratificación.

El proceso de ratificación, bien llevado (lo cual somos los primeros en reconocer no siempre es la regla), exige necesariamente un actuar correcto y profesional por el rgano Legislativo. Este proceso debe servir al ciudadano para  cuidar que los nombramientos de los reguladores sean los mejores posibles, en todos los sentidos: técnicos, éticos, morales y de independencia, tanto de la política, como de la industria que deben regular en protección del público inversionista.

En pocas palabras, que se eviten conflictos de intereses notorios y nombramientos poco éticos de personas cuestionadas. Al final del día: Que no se ponga al zorro, o un empleado o asesor del zorro, a cuidar el gallinero.

 

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