Operaciones con criptoactivos y la necesidad de un régimen de información internacional

Operaciones con criptoactivos y la necesidad de un régimen de información internacional

Estamos asistiendo a un momento histórico en materia de tokenización de la economía que muchos denominan la Web3 como una etapa evolutiva de la Internet que inició su desarrollo luego de la crisis financiera de 2008 cuando la blockchain de Bitcoin vio la luz el 31/10/2008, con el white paper de Satoshi Nakamoto. 

Dentro de esta economía la tokenización de activos es un proceso mediante el cual el valor de un activo del mundo real (tangible o intangible) se digitaliza y se convierte en un token bajo representación en una blockchain.

Existen múltiples tokens criptográficos siendo los tokens de pago los más utilizados donde se incluyen las criptomonedas.

Pero también existen tokens de utilidad que otorgan derechos de uso o acceso, tokens de seguridad (similares a participaciones societarias), los assets tokens que representan un activo dentro de los cuales podemos incluir a los NFT o tokens no fungibles los cuales están teniendo una expansión asombrosa dentro del mundo del arte y también tokens híbridos como combinación de los anteriores.

Frente a este fenómeno los Estados están tratando de regular estas operaciones, en primer lugar, identificarlas para por un lado potenciarlas, pero por el otro proteger a los consumidores y evitar hechos delictivos sumados a su tributación considerando los marcos normativos vigentes.

Respecto al tratamiento fiscal no existe hoy un tratamiento uniforme en los distintos países, tal como alertó ya el año pasado la OCDE en su informe “Taxing Virtual Currencies”. 

Allí se dijo que para los países se presentan dificultades tales como la ausencia de un control centralizado sobre los activos criptográficos, el pseudo anonimato, con dificultades relacionadas con obtener la información de las operaciones, dificultades de valoración que resultan principalmente de la volatilidad y de la falta de una base de datos uniforme (no existe un mercado único de cotización), ello sumado a rasgos híbridos también es decir las dificultades para clasificar un instrumento financiero o un activo intangible y por supuesto el rápido desarrollo de la tecnología subyacente (blockchain).

El GAFI reconoce que los activos virtuales son una tecnología innovadora para transferir valor a nivel mundial como el envío de pagos y la reducción de comisiones, pero alerta en forma permanente que mediante el uso de los mismos pueden cometerse delitos tales como lavado de dinero y financiación del terrorismo, tráfico de drogas, el contrabando ilegal de armas, el fraude, la evasión fiscal, los ciberataques, la evasión de sanciones, la explotación infantil y la trata de personas.

Señaló entre otras las siguientes dificultades en su control: características tecnológicas que aumentan el anonimato, riesgos geográficos ya los delincuentes pueden explotar países con medidas nacionales débiles o inexistentes para los activos virtuales, transacciones realizadas en pequeñas cantidades o en cantidades por debajo de los montos que las instituciones deben reportar cuando encuentran una alerta (similar al caso de las transacciones con efectivo), fuente de fondos o riqueza, que puede relacionarse con actividades delictivas.

Recientemente ha actualizado su guía destinada a ayudar a las autoridades nacionales a comprender y desarrollar respuestas a las actividades de activos virtuales y también ayudar a las entidades del sector privado que buscan participar en el ecosistema criptográfico. 

Brindó pautas a países, autoridades competentes e industria para el diseño e implementación de normativas de prevención de riesgos y crear un marco de supervisión para las actividades de activos virtuales y proveedores de servicios y activos virtuales, incluyendo la aplicación de medidas preventivas como debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros, informe de operaciones sospechosas y actualización de la base de datos del proveedor de servicios y actividades virtuales.

En definitiva, por todo ello creo que es prioritario para los países contar con la información de estas operaciones, por lo cual ya muchos países han establecido regímenes de información.

En los mismos los exchange o proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) están obligados a reportar las operaciones tanto a los Organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como asimismo a las propias Administraciones Tributarias (AATT).

La gran limitación que tienen los Estados es que sólo tienen potestad para exigir que los sujetos residentes en los países ya sean exchange o los VASP informen las operaciones con criptoactivos, pero no tienen potestad para reglar estos regímenes de información obligando a los sujetos no residentes a reportar dichas operaciones.   

En definitiva, hoy los países no cuentan con la información de las operaciones que se efectúan a través de exchanges radicadas en el exterior ya que que no tienen la obligación de compartir información con Bancos Centrales, AATT u otros organismos públicos. 

Por ello la OCDE propició una iniciativa para recolectar a nivel nacional información sobre estos activos para así intercambiarla aprovechando la experiencia del intercambio automático de cuentas financieras, conforme “Common Reporting Standard” (CRS) que funciona desde 2017 aumentando año tras año los países intervinientes, cuentas alcanzadas y montos cubiertos.

Recordemos que el CRS insta a las jurisdicciones a obtener información sobre sus instituciones financieras e a intercambiar automáticamente esta información con otras jurisdicciones anualmente. Define el tipo de información financiera que se debe intercambiar, las instituciones financieras llamadas a transmitir dicha información, los distintos tipos de cuentas, los contribuyentes implicados, así como los procedimientos de diligencia común razonables que las instituciones financieras deben seguir. 

Los resultados del CRS han sido muy exitosos desde su implementación permitiendo la detección de operaciones extraterritoriales y su tributación.  

Al respecto creo que esta es una buena iniciativa al incluir a las operaciones con criptoactivos dentro del régimen de información del CRS obligando a así a reportarlas a los exchange y a los proveedores de servicios de activos virtuales.  

Mientras esto no ocurra continuaremos viendo una proliferación de regímenes de información en los distintos países, los cuales también se tornarán de complejo cumplimiento para los actores que realizan operaciones en muchos países.

Creo que ante fenómenos globales como los que estamos transitando es más adecuado el camino de la cooperación/colaboración y multilateralismo entre los diversos Estados, frente a todas aquellas medidas unilaterales.    

Ello lo digo tanto en el aspecto de legislar para regular y fomentar el desarrollo y la transformación digital de los países como en el tema de la lucha contra el fraude fiscal, lavado de activos, terrorismo y otros delitos.  

Estoy convencido que hoy más que nunca se debe continuar avanzando en la cooperación y multilateralismo a nivel internacional. 

Es imperiosa también la colaboración entre los sectores público y privado, para poder realizar un seguimiento continuo del sector de los activos virtuales y los nuevos modelos de negocio, dado su dinamismo tecnológico. 

Los países deberían propiciar mecanismos más rápidos para definir marcos legales priorizando siempre soluciones multilaterales para los nuevos modelos de negocios de la economía digital y tokenizada que busquen por un lado potenciarlos pero que asimismo garanticen transparencia, seguridad y certeza en cuanto a su encuadramiento legal tributario, todo en miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Alfredo Collosa 
Tax Administration Consultant: IMF-CIAT- IEF -TIWB-AFIP -AMLCA

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