Panamá actualiza normas contra blanqueo de capitales

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Como ya es conocido, en el 2014 después de la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá fue incluido dentro de un listado del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como país cooperador que mantiene deficiencias en sus leyes de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), ya que en dicho informe se plasmaron faltas que devienen en incumplimientos y/o cumplimientos parciales en referencia a las 40 recomendaciones del Gafi.

Como respuesta a esto, se presentó un plan de trabajo en el cual el país se comprometió a reforzar el régimen de PBC para cumplir y salir de esta lista de países.  Es importante destacar que la inclusión en esta lista conlleva efectos negativos importantes para el sector financiero y empresarial panameño, ya que somos un país de servicios internacionales y la percepción extranjera es de suma importancia. Dicha inclusión, además ha causado que Panamá, a nivel internacional, suba de categoría en las matrices de riesgo, lo que dificulta la facilidad de realizar transacciones entrantes y salientes del país, ya que las mismas están sujetas a un mayor escrutinio de las entidades financieras internacionales.

Como una parte importante del plan de acción, se encuentra la actualización de la normativa vigente en la República de Panamá sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales, la cual incluye el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.   

Después de varias consultas con todos los sectores interesados y con aprobación del Consejo de Gabinete, el Proyecto de ley No. 167 que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y dicta otras disposiciones se ha presentado para debate en la Asamblea Legislativa.

Cambios en la regulación y supervisión

Esta Ley incluirá importantes cambios en la estructura de regulación y supervisión vigente, entre los que podemos mencionar:

La independencia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), algo que es muy positivo para el buen manejo de una entidad tan importante.

La creación de la Dirección de Políticas de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta Unidad será la encargada de supervisar las empresas de servicios no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a revisión, la cual tendrán que adoptar, actualizar o fortalecer sus políticas y controles de cumplimiento; así como reportar a la UAF transacciones en efectivo, cuasi-efectivo y transacciones consideradas como sospechosas.

Se le otorga a los Organismos de Supervisión, la facultad de tener acceso a información financiera asociada a clientes, productos y servicios de los sujetos obligados bajo su supervisión.  Esto significaría que los Organismos de Supervisión podrán acceder a información confidencial antes protegida bajo el secreto, siempre y cuando sea relacionada al Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Dicha facultad viene acompañada en la ley, de cambios a artículos puntuales en este tema en las siguientes leyes:

Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 Reforma al Régimen Bancario y Creación de la Superintendencia de Bancos. Artículo 93 y 110.

Decreto Ley 1 de 1999 Regula el Mercado de Valores de Panamá. Artículo 14, 30 y 331

Ley 2 de 1 de febrero de 2011 Regula las medidas para conocer al cliente para los Agentes Residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. Numeral 3 del Artículo No. 2

Esta adición busca principalmente cumplir con temas de cooperación internacional mutua con entes reguladores internacionales.

Expansión de sujetos obligados

Entre estos sectores, como referencia podemos destacar: Empresas en Zonas Francas, Promotoras y Corredoras de Bienes Raíces, Constructoras, Comercializadoras de Metales y Piedras Preciosas, Abogados, Contadores y Notarios.  

La inclusión de los Abogados y Contadores contempla la consideración de actividades y servicios que estos prestan a sus clientes, tales como actividades relacionadas a la intermediación, comercialización y administración de activos; servicios de incorporación de entidades jurídicas y agente residente y servicios de representación de directores o accionistas.

Este proyecto de ley no sólo incrementa los diferentes sectores reconocidos como Sujetos Obligados, sino que contempla cambios importantes dentro de los mecanismos de prevención y control de riesgo que fortalecen las políticas tradicionales de Conozca a su cliente.  Es importante destacar que indica de manera taxativa que si el cliente no facilita la información pertinente para completar el proceso de Debida Diligencia, no se puede iniciar la relación o aperturar la cuenta.

Entre los nuevos procesos y controles destacamos los siguientes:

Conocer y dar seguimiento al negocio del cliente:  Este nuevo proyecto hace un énfasis adicional a la política de Conozca a su cliente, especificando la obligación de conocer la actividad comercial del cliente, mantener un perfil transaccional y mantener procesos que garanticen un debido monitoreo del cliente.

Políticas y controles basados en riesgo del cliente: Los sujetos obligados deben mantener mecanismos para una ponderación de riesgo por cliente, el riesgo adjudicado determinará el nivel de escrutinio a realizarse durante el proceso de iniciar una relación y su futuro monitoreo. En especial se deben crear mecanismos para mitigar los riesgos de clientes identificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Obligaciones específicas a operaciones en zonas libres, zonas francas y áreas económicas especiales .

Documentación de transacciones de comercio internacional: Las empresas que operan en estos regímenes tendrán que documentar debidamente todas estas transacciones, con miras a sustentar origen, transporte y recepción real de los productos e identificar a las partes relacionadas.

Identificación de procedencia de pagos en efectivo:  Se deben mantener formatos al recibir efectivo en el cual los entes de regulación y supervisión puedan identificar debidamente al cliente o intermediario que realiza el mismo.

Firmas especialistas externas

Adicional a los nuevos controles establecidos en este proyecto de ley, se adiciona la figura de empresas especialistas en estos temas.  Estas condiciones van muy de la mano a exigencias que pueden imponer bancos internacionales que ofrecen servicios de corresponsalía, ya que dan una medida adicional de seguridad a las operaciones de los bancos a quienes se les ofrece este servicio. Las entidades financieras en Panamá pueden dar testimonio  del incremento de controles, requerimientos e inclusive visitas de sus corresponsales.

Para contrarrestar estos efectos, el proyecto plasma lo siguiente:

Tercerización de medidas de Debida Diligencia:  Los sujetos obligados podrán sub contratar a empresas que se especializan en estos servicios, para que les asistan en dichos procesos, por medio de una investigación del cliente y/o beneficiario final para identificarlos debidamente y de la misma manera comprender la naturaleza de sus operaciones y perfil transaccional.

Evaluaciones independientes de los Programas de Cumplimiento: Las evaluaciones independientes son consideradas como una práctica responsable del sujeto obligado, ya que funcionaría como una evaluación anual del programa, lo que mitigaría riesgos de desactualización e incumplimiento de las políticas internas, ya que en dichas revisiones se detectarían oportunidades de mejora y vulnerabilidades que pueden ser reforzadas. Estas son prácticas que algunos bancos locales ya toman, para mitigar riesgos reputacionales y reforzar las relaciones con sus corresponsales.

Las firmas que proveen estos servicios deben ser especialistas en estos temas y contar con una mínima experiencia de con años con respecto a las leyes locales e internacionales con  respecto a la Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.   

Roberto Sayavedra
Director Senior
FTI Consulting Panamá

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