Panamá adecúa sus leyes especiales para mantener competitividad

Panamá adecúa sus leyes especiales para mantener competitividad
Buscan que el país no sea señalado como no cooperante en materia fiscal. | Violeta Villar Liste

Panamá está cumpliendo y adaptando su legislación para alinearse a los estándares de transparencia financiera y fiscal exigidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde) y la Unión Europea (UE), en el contexto del Marco Inclusivo (MI) y de la Erosión de la base imponible y traslado de beneficio (Beps, por sus siglas en inglés), disposiciones que han llevado a la creación de un nuevo marco normativo para la operación de centros de llamadas y adaptación de los regímenes especiales de Ciudad del Saber, la Zona Económica Especial Panamá Pacífico y la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).

Eduardo Cedeño, director de la Oficina de Análisis Tributario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó a Capital Financiero los alcances de los cambios, las evaluaciones preliminares y las tareas pendientes que no pueden ser desconocidas por Panamá, dada la naturaleza de sus relaciones con las grandes economías del mundo.

-¿Cuáles son los requerimientos específicos que hizo la UE a Panamá?

-La UE, en su proceso de creación de la lista de países no cooperantes en materia fiscal, invitó a una serie de naciones a participar en un proceso de evaluación que comprendió varios criterios, entre otros, transparencia, intercambio de información (aprobados por Panamá) e incluir los avances que han tenido los países adheridos al MI de Beps de la Ocde.

“Cuando revisaron el componente de prácticas fiscales calificadas de perniciosas, determinaron que los centros de llamadas no cumplían porque al estar amparados en la Ley de Zonas Francas se les permitía tener una doble base de recaudación. En concreto, al prestar el servicio al exterior estaban exentos, pero si servían al mercado doméstico local se les gravaba con la tasa general del 25% de Impuesto sobre la Renta (ISR) contenida en el Código Fiscal. La UE considera que este criterio (conocido como ring fencing) es nocivo porque permite la atracción de inversiones, pero erosiona las bases fiscales de otros países.

“Para corregir este escenario debíamos decidir si gravábamos la actividad o la dejábamos exenta y así corregir el doble estándar. Identificamos 32 call centers en operación, de las 134 licencias vigentes otorgadas por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep), de inversión nacional y extranjera.

“Entre el 80% y 90% de la actividad de la industria proviene de servicios al exterior (exentos en la actualidad) y solo cerca del 10% de los ingresos de la industria tienen su origen en el mercado doméstico, cuya utilidad neta es gravada a una tasa del 25% de ISR. Esto representaría entre $40,000 y $50,000 por concepto de impuestos versus todo el gasto que tiene la industria: 9,000 empleos, $288 millones en salarios y $17 millones en pagos anuales a la Caja de Seguro Social (CSS), entre otros.

También era importante ver la experiencia de nuestros competidores (Uruguay, República Dominicana, Honduras, Colombia y Jamaica), con exoneraciones a 10 y 20 años y tasas entre el 1% y el 3%.

“Decidimos poner una tasa neutra del 0% para mantener la competitividad de la industria y evitar el traslado de su operación a otros países. El sacrificio fiscal resulta marginal en comparación con los beneficios al país.

“Se creó un marco jurídico único para la actividad en materia fiscal, migratoria y laboral.

“A partir del 1 de enero de 2019 cualquier persona que desee invertir en la industria podrá encontrar todos los elementos normativos necesarios para operar y eso es saludable porque agrega transparencia y seguridad al inversionista”.

-¿Podían funcionar los centros de llamadas amparados por la Ley de Zonas Francas así no operarían en estos espacios?

-Con la nueva Ley 653, aprobada por la Asamblea Nacional el 4 de septiembre de 2018, que regula la actividad de centros de llamadas, también fue posible corregir esta distorsión.

-¿La UE hizo observaciones a los demás países del área con incentivos para los centros de llamadas?

-La lista incluyó, además de Panamá, a 64 países en el mundo. Con respecto a los centros de llamadas la observación no se vincula con la actividad, sino con las condiciones fiscales.

“Los regímenes no entran en revisión cuando aportan sustancia y están conectados con la economía real. En nuestro caso, con la modificación, el 75% de sus gastos deben ocurrir en Panamá y garantizar un mínimo de cinco empleos”.

¿La UE podría considerar pernicioso este sacrificio fiscal introducido por Panamá?

-Nuestro sistema de recaudación se basa en el principio de la territorialidad. Panamá grava ingresos de fuente panameña y ha sido nuestro principio desde la creación de la Ley al Impuesto sobre la Renta. Hoy por hoy, en todos los foros, rechazamos que el criterio de renta territorial pueda ser un elemento para calificar si un país tiene prácticas fiscales adecuadas o justas. De hecho, de plantearse, correspondería revisar a países como Estados Unidos (EE.UU.) cuya renta es territorial.

-¿La UE está conforme con las modificaciones que derivaron en la actual Ley 653 de centros de llamadas?

-En paralelo con el proceso de modificación, mantuvimos discusiones de tipo técnico con los expertos del Código de Conducta de la UE para temas fiscales hasta llegar al punto de agotar las aclaraciones y, por tanto, esperamos que en la próxima reunión del Consejo de Ministros de la UE, las recomendaciones del grupo de especialistas en materia fiscal tenga una evaluación positiva y logremos mantenernos fuera de la lista europea por prácticas fiscales nocivas.

-¿Cuál es la situación con el régimen especial de Ciudad del Saber?

-La revisión se hace por nuestra adhesión al Marco Inclusivo de Beps de la Ocde, en concreto la Acción 5 de Beps, que combate prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia, además de introducir el enfoque del Nexo para la explotación de activos intangibles o propiedad intelectual. También se examinaron los regímenes marítimos y la Zona Libre de Colón (ZLC).

En este proceso la ZLC quedó fuera del alcance de la revisión y el régimen marítimo fue declarado no pernicioso.

“Ciudad del Saber tiene una legislación que permite el desarrollo de activos intangibles o propiedad intelectual e inventos que se pueden patentar. Las empresas de la Ciudad del Saber pueden explotar sus activos de manera comercial, en el territorio nacional y en el exterior, con exoneración de impuestos.

“En general, a los países con este régimen de propiedad intelectual (no solo Panamá, también Italia o Luxemburgo, entre otros), se les pidió migrar hacia el enfoque de Nexo, que busca exonerar del ISR solo aquella porción del ingreso vinculado con los gastos de I+D (investigación y desarrollo) generados de manera local.

“Si en un año fiscal su operación registra que el 80% del gasto en I+D le permitió crear ese activo de propiedad intelectual y llevarlo a un nivel de patente y explotarlo comercialmente, el 80% del ingreso generado por ese activo tendrá la exoneración del ISR. Es decir, debe existir un nexo entre la renta incentivada fiscalmente y las actividades de investigación y desarrollo.

“Esto aplica para las empresas que desarrollen activos intangibles y no a otras instituciones u organizaciones de Ciudad del Saber que, por ejemplo, prestan servicios”.

-¿Cuál ha sido la justificación de la Acción 5 de Beps para aplicar esta norma a los activos intangibles?

-Los esfuerzos se orientan a evitar la transferencia de los beneficios económicos a países en los cuales las empresas no están desarrollando la investigación. Hasta ahora, no conseguimos una sola empresa en Ciudad del Saber que esté explotando un activo de propiedad intelectual de manera comercial. Sin embargo, la modificación desde el enfoque del Nexo permitirá cumplir con el estándar y, en el momento que una organización entre a explotar un activo intangible, podrá desde el inicio implementar esta regla contable.

-¿Cuál es la situación actual de la modificación de la Ley de CDS?

-Generamos una nueva Ley que aplique de manera transversal no solo a Ciudad del Saber, sino a todo régimen especial que a futuro se vaya a desarrollar para incentivar el desarrollo de la propiedad intelectual o activos intangibles. Fue presentada el 16 de julio de 2018 en la Asamblea Nacional y está a la espera de discusión en segundo debate.

-¿Cuáles ha sido las observaciones de la Ocde sobre el complejo de uso mixto de la Zona Económica Especial Panamá Pacífico?

-En la revisión de la Ocde del régimen de Panamá Pacífico encontramos la misma observación que hizo la UE a los centros de llamadas en materia de erosión de la base fiscal y actividad sustancial (se gravan los ingresos del mercado local, pero no los servicios al exterior). En su momento se revisó la transparencia, pero logramos aclarar todas las dudas.

“Somos de la opinión que la gran mayoría de las empresas de Panamá Pacífico cumplen con la sustancia, pero su Ley no exige que exista un mínimo de gasto o de empleados para el desarrollo de la actividad. Como la revisión busca que no existan regímenes preferenciales carentes de sustancia, debemos incorporar un número de empleados asociados a la actividad y un mínimo de gastos adecuados de cumplimiento inmediato.

En materia fiscal, se cambió de una exoneración total a gravar la actividad con una tasa de 5%.

“El tema, en este particular, es que la Ley de Panamá Pacífico tiene un artículo de estabilidad jurídica conforme al cual la empresa, desde el momento de su inscripción en el registro del Área Económica Especial Panamá Pacífico, gozará de manera automática de las garantías a que se refiera el artículo 10 de la Ley 54 de 1998, es decir se le mantendrán los impuestos directos durante 10 años, no les podemos cambiar las reglas del juego.

“Al entrar a decidir cómo eliminar el doble estándar respetando la estabilidad jurídica, ideamos permitir que presten el servicio en el territorio panameño con una tasa de ISR de 0% durante el periodo que dure su estabilidad y, para mitigar una pérdida de recaudación por esa facturación, se acordó que esté sujeta al pago del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales, Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms), impuesto indirecto que antes no tenían estas empresas, pero lo permite la estabilidad jurídica. La modificación fue aprobada por el Consejo de Gabinete y queda pendiente su discusión por parte de la Asamblea Nacional”.

-¿Cuáles son los avances con la Ley SEM?

-La Ley SEM está concebida para propiciar el establecimiento de filiales que solo prestan servicios a empresas de su mismo grupo corporativo, tanto locales como regionales, a diferencia de la Ley de Panamá Pacífico que permite trabajar con terceros.

En Panamá operan en la actualidad 155 SEM. Las observaciones de la Ocde también señalan temas de sustancia, de erosión fiscal y el llamado tax rulings que consiste en establecer acuerdos fiscales con Hacienda.

“Ocurre que en Panamá no están sujetas al pago del ISR, pero sí de manera voluntaria querían consolidar sus ganancias en el país, producto de la operación que realizan, la Ley les permitía poder declararlo. El tema es que al no existir el tributo la duda era cuánto pagar y se entraba en una discrecionalidad y sin parámetros claros de cuál tasa de ISR aplicarle.

“Como se acordó con la modificación ahora todas las empresas van a tributar el 5% del ISR sobre sus ganancias netas y se elimina la figura del acuerdo fiscal.

“En materia de sustancia hemos incorporado un requisito mínimo de empleados que no podrá ser menor de cinco, y de gastos operativos anuales incurrido en Panamá de $500,000, con plazo de adecuación hasta el año 2021. La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en tercer debate el pasado 16 de octubre”.

-¿Los cambios en la Ley SEM podrían llevar a la migración de las empresas?

-El impuesto del 5% no resta competitividad y los cambios que estamos haciendo en estos regímenes son beneficiosos para el país y la operación de las empresas, además les da la tranquilidad de estar en un lugar que cumple con estándares de transparencia fiscal y tributarios internacionales.

“No debemos medir la competitividad del país desde un punto de vista fiscal. Panamá tiene otras condiciones como su estabilidad económica, baja inflación, equipo de profesionales altamente capacitados, acceso a tecnología y a créditos. Estamos haciendo los ajustes conforme a nuestra realidad económica y por eso hemos consultado a los distintos sectores”.

-¿Las empresas comprenden la importancia para el país de incorporar estas revisiones?

-El 50% de las empresas que operan en Panamá Pacífico tienen operaciones internacionales y el 95% de las amparadas por el régimen SEM son extranjeras, cuyas filiales están viviendo procesos similares en otras regiones.

“Saben que no actuar llevaría a los países a ser calificados por la Ocde o la UE como poco transparentes y nadie quiere operar en territorios no cooperantes o sin reglas claras. Estos cambios van orientados a generar un clima de negocios alineados con los estándares internacionales”.

Violeta Villar Liste
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Capital Financiero

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