Panamá aumenta aranceles y prepara medidas de retorsión contra Colombia

Panamá aumenta aranceles y prepara medidas de retorsión contra Colombia

Incluso debate suspenderle al país suramericano los beneficios de Tratado de Montería

Two boxing gloves isolated on white background

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La decisión de Colombia de extender por cuatro meses la aplicación de aranceles específicos discriminatorios contra los textiles y calzados procedentes de la Zona Libre de Colón (ZLC), a pesar de un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que calificó esa medida como violatoria de las normas de libre comercio internacional y ordenó su desmantelamiento ha sido la gota que rebasó el vaso de la paciencia del gobierno de Panamá.

Y es que la medida adoptada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha llevado a las autoridades panameñas a anunciar un aumento unilateral de aranceles que sin duda alguna afectará a algunos productos colombianos, a tomar la decisión de promulgar una nueva ley de retorsión e incluso amenazar al país suramericano con la posibilidad de suspender los beneficios que le otorga el Tratado de Montería.

El conflicto entre Panamá y Colombia por la aplicación de medidas discriminatorias contra la ZLC se inició hace aproximadamente 10 años cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) del Ministerio de Hacienda, limitó el ingreso de mercancías procedentes de esa zona franca a el puerto de Barranquilla y el aeropuerto de El Dorado en  Bogotá, medida que fue levantada antes que Panamá interpusiera un panel ante la OMC.

Posteriormente Colombia estableció un arancel especial a todas las mercancías procedentes de la ZLC, acción que fue objetada por Panamá ante la OMC, organismo que falló a favor de Panamá, lo que obligó a Bogotá a desmantelar la medida, aunque unos meses más tarde la sustituyó por un arancel específico a los calzados y textiles procedentes de la zona franca panameña, que hace algunas semanas fue declarado ilegal por la OMC.

De acuerdo con el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, luego que la OMC rechazó la apelación de Colombia por carecer de pruebas para probar su temerario argumento, según el cual estos aranceles específicos estaban destinados a combatir presuntas actividades de lavado de dinero, ese país debía desmantelarlos de inmediato, sin embargo, la decisión del país suramericano de extender su aplicación hasta el mes de noviembre del presente año ha obligado a Panamá a tomar algunas medidas iniciales y prepararse para aplicar medidas de retorsión contra su vecino del Sur.

Aumento de aranceles

La primera medida ha sido emitir un Decreto Ejecutivo que aumenta de manera temporal el arancel de importación en rubros tales como flores, carbón mineral, cemento sin pulverizar o clinker y prendas de vestir, aumento que empezará a regir a partir del 16 de agosto de 2016 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, excluye a los países que mantienen Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con Panamá, a los miembros del Subsistema de Integración Económica Centroamericana y a los países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la Asociación Latinoamericana de Integración.

El ministro de Economía y Finanza, Dulcidio De La Guardia, indicó que en el caso del carbón, que no pagaba arancel de importación el mismo se ha fijado en 15%, mientras que en las flores el arancel pasará de 15% a 30%. Para el clinker, materia prima para la fabricación de cemento, el arancel pasará de 10% a 35% y para las prendas de vestir, que pagaban entre 10% y 15%, ahora la tasa impositiva de ingreso al país será de 30%.

Los aumentos arancelarios de este tipo son permitidos por los acuerdos de incorporación a la OMC en concepto de Salvaguardas y están destinados a proteger el mercado ante acciones que vayan en detrimento del libre comercio, tal como es el caso de los aranceles específicos aplicados por Colombia.

Medidas de retorsión 

El ministro Arosemena advirtió que paralelamente el Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley a través del cual se subroga la Ley 58 de 12 de diciembre de 2002 y se reestructura las medidas de retorsión en caso de medidas discriminatorias contra Panamá por parte de otros Estados, lo que le permitirá a Panamá adoptar medidas económicas contra aquellos países que apliquen medidas discriminatorias con el Estado panameño o las empresas que operan en nuestro país.

Aclaró que esta iniciativa incorpora a la Ley 58 nuevas definiciones, alcances, procedimientos así como la creación de una lista para distinguir a los países o Estados, que por diversas razones incurran en prácticas que discriminen o impliquen una lesión a los intereses económicos o bienes comerciales de la República de Panamá (Ver recuadro: Medidas de retorsión).

Para Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la actuación del gobierno colombiano es injusta y abusiva con un país hermano que siempre ha actuado conforme a los principios de equidad y buena fe, por lo que expresó la decisión de ese gremio empresarial de respaldar las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo panameño y destacó que estas no afectan la inversión actual.

Nuestras autoridades han tomado las medidas correctas y necesarias para llevar esta disputa y recibir el respeto que se merece Panamá. El gobierno colombiano está perjudicando a sus emprendedores al obligar a Panamá a tomar acciones, puntualizó García Icaza.

Hay que tener presente que este aumento de los aranceles podría impactar negativamente el volumen de las importaciones procedentes de Colombia, que en al cierre de 2015 sumaron un total de $361,6 millones.

Tratado de Montería

Sin embargo, Arosemena advirtió que el Consejo de Gabinete está abierto a ir más allá en el caso de Colombia, pues se está estudiando la posibilidad de suspender temporalmente, y hasta que sea necesario, los efectos del Tratado de Montería, que le otorga a perpetuidad al Estado colombiano el derecho de utilizar el Canal de Panamá sin tener que pagar los peajes correspondientes para transportar sus tropas, material de guerra y buques de guerra, aún en caso de guerra entre Colombia y otro país.

A este respecto, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y hoy Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua (Usma), Hurley James Mitchell, aclaró que si bien el Tratado de Montería fue un paso necesario para garantizar el éxito de las negociaciones de los Tratados del Canal Interoceánico entre Estados Unidos (EE.UU.) y Panamá, es importante tener presente que el presidente de ese momento, Arístides Royo, estableció una Reserva a su contenido, debido a las objeciones surgidas durante su discusión en la entonces Asamblea del Poder Popular contra el concepto de perpetuidad.

Destacó que estas objeciones fueron acompañadas por una propuesta para que el acuerdo fuera renovable cada 20 años para cada generación de panameños pudiera decidir si Colombia merecía o no este beneficio.

Lo que hay detrás

Para el abogado especializado en temas tributarios, Camilo Valdés, de la firma forense Tapia, Linares y Alfaro, dijo que detrás del conflicto comercial con Colombia se esconde el papel que ese país está jugando como instrumento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para atacar la plataforma de servicios internacionales de Panamá, a cambio de su ingreso a ese organismo multilateral.

Un argumento que cobra fuerza si se tiene presente la intención de Colombia de vincular los aranceles discriminatorios contra los textiles y calzados procedentes de la ZLC con supuestas actividades de blanqueo de capitales, un argumento que se presenta paralelamente a la suspensión de las negociaciones del Tratado de Doble Tributación (TDT) entre ambos países, a pesar de los avances logrados en materia de intercambio de información tributaria.

De hecho, la suspensión de facto de las negociaciones del TDT se registró luego que  Panamá, a través de su Cancillería, anunció su intención de incorporarse al Multilateral Competent Authority Agreement, que  le ofrece a Colombia y a otros 13 países, la mayoría miembros o aspirantes a integrar la Ocde, toda una serie de prerrogativas destinadas a perseguir la evasión fiscal, pero que en realidad están destinadas a impedir la competencia internacional en materia de atracción de capitales externos.

El abogado Ramón Anzola, advierte que el mencionado acuerdo de la Ocde le permitiría a la Dian no solo cceso automático a información financiera fiscal de los ciudadanos colombianos establecidos en Panamá, sino también realizar investigaciones, practicar auditorías e incluso cautelar bienes, medidas que no estaban contempladas en el TDT.

No obstante, advirtió que este nivel de apertura al que se está comprometiendo Panamá tendrá un impacto negativo para la propia economía colombiana porque en las negociaciones del TDT se demostró que los capitales invertidos por ciudadanos colombianos en la economía panameña paulatinamente vuelven a Colombia en concepto de nuevas inversiones, gracias a la proximidad y complementariedad de ambas economía, sin embargo, ahora muchos inversionistas que desean mantener la privacidad sobre sus finanzas podrían terminar llevando sus capitales a EE.UU., país que no forma parte del Multilateral Competent Authority Agreement, lo que limitaría los posibles flujos de vuelta a la economía colombiana.

Hitler Cigarruista
hcigarruista@capital.com.pa
Capital Financiero

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