Panamá avanza contra el blanqueo de capitales

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Con la aprobación de la Ley 23 de 2015 Panamá ha dado otro paso en firme para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) de países que tienen deficiencias en sus normas orientadas a combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Esta Ley aumenta la carga para otras actividades comerciales y profesionales cuya regulación y sobre todo supervisión, no daba la talla de acuerdo con el equipo evaluador del Fondo Monetario Internacional (FMI), y adicionalmente suma a otras actividades comerciales y profesionales previamente no incluidas en la lucha contra el blanqueo de capitales.  La Ley,  además intenta fortalecer a los organismos de control,  por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales por diversas razones no han logrado ser eficientes en su labor para suprimir las conductas abusivas en el comercio nacional.

No cabe dudas de que la aprobación de esta norma era urgente, toda vez que la permanencia de Panamá en la lista gris de Gafi ya había comenzado a tener repercusiones negativas para algunas empresas, pero que a corto o mediano plazo habría terminado por afectar de manera negativa nuestra economía.

Varios bancos y casas de valores que operan en la plaza panameña han estado enfrentando dificultades con sus bancos corresponsables en Estados Unidos, debido a la advertencia de las autoridades financieras de ese país sobre los riesgos que representaba hacer negocios con entidades financieras establecidas en Panamá.

De hecho, algunos bancos informaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que habían perdido sus relaciones de corresponsalía, o que este tipo de servicios se había encarecido significativamente, lo que dificultaba a muchas empresas internacionales establecidas en nuestro país el acceso a medios para transferir dinero a proveedores o pagar dividendos a sus accionistas en el extranjero, por ejemplo.

En conclusión, la inclusión en la lista gris del Gafi ha sido un duro golpe al país, y lo seguirá siendo mientras que los países que conforman esa organización no decidan excluirnos de la misma. No obstante, hay que destacar que el camino hacia esa meta ya ha sido trazado y los avances son notorios. Prueba de ello es que la adopción de la Ley 23 de 2015, se suma a las recién aprobadas leyes 10, 11, 18 y 22 que cubren aspectos en materia penal y comercial, todas ellas adoptadas con la intención de que Panamá salga de la lista gris del Gafi sobre países que representan riesgo para el sistema financiero internacional en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Y este esfuerzo ya ha comenzado a dar frutos, pues según informó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, en la última reunión Cara a Cara (Face to Face) de Panamá y el grupo revisor de las Américas de Gafi, celebrada en Miami, los representantes de esa organización reconocieron el avance realizado por Panamá en la adopción de los marcos legales, señalando que no contaban con el precedente de que un país hubiese completado las acciones acordadas en materia de leyes en tan corto tiempo, como el nuestro.

En el Face to Face de Miami, Panamá presentó las leyes 10, 11 y 176 sobre Nuevos Delitos Precedentes, Asistencia Internacional Judicial y Contrabando, elaboradas por el Ministerio Público; además, la Ley 18 que modifica el régimen de Custodia de Acciones al Portador, y las leyes 217 y 218, mediante las cuales el Estado panameño ratifica protocolos de la Organización de las Naciones Unidas, planteadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

También se presentó la Ley 23, que adopta medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que representa un factor clave para la salida de la lista gris del Gafi.

Se prevé que la documentación legal pendiente junto con el paquete de leyes ya aprobadas por Panamá, serán presentado en la próxima reunión del Gafi, a celebrarse en Australia, el 22 de junio próximo.

Pero debemos recordar que más allá de salir de la lista gris de Gafi, estas normas son importantes porque le permitirán a Panamá acabar con la errónea percepción de que su sistema financiero y su régimen fiscal facilitan el lavado de dinero, por lo que el país tiene el compromiso y la obligación de ponerlas en ejecución y vigilar su cumplimiento si es que quiere integrarse de manera plena y efectiva al sistema financiero internacional. 

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